El control de EEUU sobre la justicia boliviana vuelve a situarse en el centro de la escena política tras los recientes anuncios del presidente Rodrigo Paz, quien confirmó el viaje de su ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, a Panamá para gestionar fondos destinados a una reforma del sistema judicial. Esta búsqueda de recursos externos, complementada con la promulgación de la Ley 1779 de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales y la llegada de asesores internacionales en enero próximo, consolida una política de acercamiento institucional que retrotrae al país a los episodios más oscuros de subordinación soberana vividos en el último medio siglo.
La Tutela de EEUU en la Justicia y Seguridad: Pasado y Presente
De los polígrafos a fiscales en Costa Rica y el encubrimiento en Huanchaca, hasta la reforma judicial financiada en el exterior por Rodrigo Paz.
| Periodo | Hito / Dispositivo Institucional | Síntesis de la Operación o Vínculo | Acción |
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Fondos externos y diplomacia: el nuevo esquema de reforma institucional
La estrategia del Ejecutivo no se limita a la administración de tribunales. En julio pasado, la Cancillería boliviana formalizó una Carta de Acuerdo con la encargada de Negocios de la delegación de EEUU en La Paz, Debra Hevia, mediante la cual Washington comprometió veinte millones de dólares destinados a capacitación técnica, equipamiento e investigación criminal.
Este convenio se suscribió en un clima de alta conflictividad social, marcado por bloqueos carreteros y protestas sindicales campesinas. En ese escenario, figuras de la administración norteamericana como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el titular del área de defensa, Pete Hegseth, manifestaron un respaldo explícito a Rodrigo Paz. El mandatario boliviano, por su parte, adoptó un encendido discurso en el que utilizó la palabra narcoterrorismo en trece ocasiones para justificar medidas de excepción y descalificar las demandas populares, atribuyéndolas a intereses delictivos transnacionales.
Asimismo, ambos gobiernos aceleraron las gestiones para reanudar las relaciones diplomáticas plenas, interrumpidas en 2008 tras la salida del entonces embajador Philip Goldberg por denuncias de conspiración política. Esta reactivación del financiamiento foráneo sobre los aparatos de seguridad e investigación abre interrogantes profundas sobre la autonomía del Ministerio Público y los juzgados nacionales.
La ironía generacional: de la resistencia de Jaime Paz al tutelaje de su hijo
El actual alineamiento encierra una paradoja histórica de dimensiones notables. A finales de la década de 1980, el padre del actual mandatario, Jaime Paz Zamora, asumió la presidencia de la República tras un pacto con el general Hugo Banzer Suárez y heredó un aparato estatal fuertemente intervenido por agencias norteamericanas.
En 1987, bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se había creado el Centro de Operaciones Especiales (COPES), un cuerpo de élite policial financiado con tres millones de dólares anuales por la embajada de EEUU. Su objetivo manifiesto consistía en vigilar a los fiscales antidroga, sospechosos de recibir sobornos. Sin embargo, la tutela llegó al extremo de someter a las autoridades judiciales bolivianas a interrogatorios con detectores de mentiras, enviarlas a cursos de adiestramiento en San José de Costa Rica y asignarles complementos salariales directos desde la sede diplomática norteamericana, la cual influía directamente en sus nombramientos o destituciones.
Al llegar al poder en 1989, Jaime Paz Zamora intentó frenar este esquema que operaba a espaldas del Palacio Quemado. Mediante su ministro del Interior, Guillermo Capobianco, y el subsecretario Raúl Loayza, creó la Jefatura Nacional de Inteligencia, designando al frente a Carlos Valverde Bravo para centralizar el control de los servicios policiales y contrapesar tanto al COPES como al Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP), que operaba bajo el mando del coronel Germán Linares con respaldo económico de Washington y España.
La respuesta de la potencia del norte no tardó en llegar. La embajada norteamericana ejerció presiones asfixiantes, amenazó con congelar la cooperación económica y forzó la renuncia de Capobianco y del jefe antinarcóticos Faustino Rico Toro. Años más tarde, el escándalo de los narcovínculos golpeó a la cúpula del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), llevando a prisión al dirigente Oscar Eid Franco. La represalia contra Jaime Paz concluyó en enero de 1996, cuando Washington le revocó la visa de ingreso a su territorio, un veto inédito para un expresidente boliviano. Hoy, tres décadas después, su hijo Rodrigo Paz abre nuevamente las puertas ministeriales y judiciales al patrocinio económico y técnico de Washington.
La degradación del espionaje: el legado de COPES y los organismos paralelos
Los antecedentes sobre la administración de justicia por parte de agencias foráneas revelan consecuencias alarmantes para las libertades civiles. El COPES, que en su momento de mayor auge llegó a contar con doscientos efectivos de élite, terminó transformándose en una estructura semiautónoma que operaba al margen de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la propia Ley Orgánica de la Policía.
Hacia finales de la década de 1990, diversas fuentes de seguridad constataron que los miembros de este cuerpo se involucraron en prácticas delictivas, matonaje por encargo y tarifarios de golpizas privadas. Pese a que en 2001 se le cambió el nombre a Organismo de Estudios Policiales (ODEP) y se redujo su presupuesto a trescientos mil dólares, la embajada norteamericana mantuvo el pago de bonos mensuales que oscilaban entre trescientos dólares para agentes y mil dólares para jefes policiales, además de sueldos oficiales del Estado boliviano.
Ese organismo paralelo desvió sus tareas hacia el espionaje político contra líderes sociales, autoridades del gabinete nacional y misiones diplomáticas de otros países. Funcionaba en tres casas de seguridad clandestinas ubicadas en la zona de Bajo Següencoma en La Paz, en la avenida América de Cochabamba (inmueble que también albergó a agentes de la DEA) y en el barrio Equipetrol de Santa Cruz. La disolución formal de esta red no ocurrió sino hasta enero de 2008, tras comprobarse su infiltración en los sistemas oficiales de inteligencia y la sustracción de documentos reservados, confirmándose además la infiltración de agentes de la CIA en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Huanchaca, la impunidad encubierta y la sangre de Edmundo Salazar
El costo humano y político de subordinar los aparatos de justicia a mandos foráneos quedó grabado con sangre el 5 de septiembre de 1986. En la meseta de Caparuch, serranía de Huanchaca, un grupo científico encabezado por el profesor Noel Kempff Mercado, junto al piloto Juan Cochamanidis y el guía Franklin Parada, aterrizó accidentalmente sobre una pista clandestina y fue acribillado por sicarios que custodiaban la factoría de cocaína más grande de América Latina.
El sobreviviente español Vicente Castelló logró escapar y alertó a las autoridades en Santa Cruz de inmediato. Pese a la gravedad de los hechos, el gobierno de entonces suspendió los operativos de rescate y tardó más de setenta horas en ingresar al lugar, tiempo suficiente para que los narcotraficantes desmantelaran los laboratorios y escaparan con precursores y cargamentos millonarios.
Las investigaciones de la Comisión Mixta del Congreso, liderada por el joven diputado Edmundo Salazar Terceros, del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), destaparon la complicidad del Ministerio del Interior, conducido por Fernando Barthelemy, y de mandos militares norteamericanos de la DEA. Salazar denunció que la agencia estadounidense tenía el mando operativo real de las tropas de UMOPAR en el Beni y que los dineros de la droga en Huanchaca servían para financiar encubiertamente a los mercenarios de la Contra nicaragüense, bajo la coordinación de figuras como Oliver North y agentes vinculados a criminales nazis como Klaus Barbie.
La búsqueda de justicia le costó la vida a Salazar. El 10 de noviembre de 1986, tras anunciar que entregaría pruebas documentales sobre los responsables intelectuales y el encubrimiento internacional, fue asesinado a tiros en la puerta de su domicilio. Años después, su esposa, María Elena Oroza, corrió la misma suerte por no cesar en su reclamo judicial. El informe congresal concluyó que la acción negligente de la DEA y de los ministros del área constituyó una lesión gravísima a la soberanía nacional, un caso que hasta hoy permanece en la impunidad.
La retórica del narcoterrorismo y la contradicción de las cifras
El intento de legitimar la tutela externa bajo el discurso de la guerra contra las drogas choca frontalmente con la evidencia internacional. La investigación histórica documenta cómo agencias como la CIA instrumentalizaron el tráfico de sustancias para financiar operaciones encubiertas en la Media Luna Dorada durante la guerra afgana soviética, amparando laboratorios de heroína de líderes como Gulbuddin Hekmatyar a través de la Operación Ciclón, o aliándose en el sudeste asiático con figuras fascistas y redes de contrabando en el Triángulo Dorado.
En el tablero contemporáneo, las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desmienten la estigmatización que la retórica oficial pretende imponer sobre el territorio boliviano. De las 2.757 toneladas métricas de cocaína producidas a nivel global en 2023, Colombia concentró el 61% y Perú el 26%, mientras que Bolivia apenas representó el 13%.
Paradójicamente, tanto Colombia como Perú albergan una presencia militar y policial estadounidense masiva desde hace décadas, con maniobras periódicas y oficiales formados en academias militares norteamericanas, sin que ello haya reducido sus récords de fabricación. Al mismo tiempo, el mercado interno de EEUU genera más de ciento cuarenta mil millones de dólares en ventas minoristas de narcóticos, funcionando como el verdadero motor financiero del crimen organizado internacional.
La historia reciente demuestra que ceder las decisiones procesales, policiales e informativas a manos foráneas no resolvió los problemas estructurales del delito en el país. Por el contrario, debilitó la institucionalidad pública, persiguió a la disidencia social y dejó abiertas heridas de impunidad que la memoria colectiva boliviana todavía no logra cerrar.
