La reciente incautación en Chile de 1.080,8 toneladas de madera boliviana impregnada con cocaína y ketamina, nacomaderas, ha sacudido los cimientos de los sistemas de control internacional, proyectando pérdidas para los cárteles por más de 8.334 millones de dólares. Sin embargo, para Bolivia, este megaoperativo no representa un fenómeno repentino, sino la evolución sofisticada de un mal que el país arrastra desde gestiones pasadas: la incapacidad tecnológica y la vulnerabilidad de sus controles aduaneros frente al crimen organizado.
Mientras la atención política en Bolivia se concentra en los conflictos sociales y la promulgación de leyes de excepción bajo la retórica de combatir al «narcoterrorismo» interno, la verdadera maquinaria transnacional opera a nivel industrial. A través de empresas legalmente constituidas en cinco departamentos del país, las mafias perfeccionaron la técnica de la «droga invisible», logrando perforar las fronteras nacionales hacia los puertos del Pacífico. El país sabía desde el 2018 que empresas operaban de esta forma.
El método de impregnación química: un salto cualitativo
El operativo ejecutado el lunes 8 de mayo en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso fue el resultado de seis meses de investigación de la Fiscalía chilena, Aduanas y la Policía Marítima. El hallazgo reveló que la cocaína y la ketamina no estaban ocultas entre la madera, sino químicamente impregnadas en ella.
Junto a la droga se hallaron agentes de corte y precursores (cafeína, lidocaína, xilazina), necesarios para que laboratorios europeos extrajeran la droga de los listones en su destino final. Esta técnica vuelve a los cargamentos «invisibles» a las inspecciones físicas y a los canes antidrogas convencionales. Solo la inteligencia artificial, matrices de riesgo y los análisis del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile lograron confirmar que, de cada carga detectada, entre el 10% y el 20% correspondía a droga pura, configurando un alijo superior a las 100 toneladas.
Las empresas bolivianas identificadas: ¿Quién responde por los controles?
En la cuenta de Facebook Te lo Cuenta Víctor Hugo expuso el entramado empresarial detrás de este masivo envío. Reveló que la carga no provino de un solo lugar, sino de múltiples regiones de Bolivia (Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y El Alto), utilizando a Chile como simple plataforma logística de tránsito hacia Europa.
El listado de las importadoras y exportadoras identificadas es alarmante e incluye a:
- Importadora y Exportadora Liguria SRL (Santa Cruz)
- Import Export Gasániga (Santa Cruz)
- Englada SRL (Cochabamba)
- Industria Madera Martínez Indusmar (Riberalta, Beni)
- Divamey SRL (Cochabamba)
- Express Watt Kit (El Alto, La Paz)
- Multipando (Cobija, Pando)
- Grupo Industrial del Norte – Nicolás Suárez (Pando)
- Manurini Eco Import (Porvenir, Pando)
- Export Mader Bolivia (Santa Cruz)
La magnitud de la operación, que involucró la detección de 45 contenedores en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, plantea interrogantes insoslayables para el Estado boliviano: ¿Cómo salieron más de mil toneladas de madera sin levantar sospechas en Aduanas, en los controles fronterizos o en las divisiones antinarcóticos (FELCN)? El periodista planteó la duda lógica: «Detrás de cada carga… ha de haber autoridades que no han cumplido bien su rol. Se tiene que investigar si hay autoridades o familiares vinculados».
Un historial de complicidad e impunidad en narcomaderas
El ocultamiento de cocaína en madera no es un fenómeno nuevo para Bolivia, aunque la sofisticación haya avanzado. Ya en el año 2019, el extinto diario Página Siete expuso cómo el cártel del narco boliviano Pedro Montenegro —estrechamente vinculado con los entonces jefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira— logró enviar 679,5 kilos de cocaína a Bélgica camuflados en madera. Aquellos envíos, realizados por las empresas Serfito y Soinpex SRL en abril y mayo de 2019, ocurrieron incluso después de que estallara el escándalo de los nexos policiales y de la propia detención de Montenegro, lo que evidenció que la red seguía operando impunemente.
Más recientemente, a inicios de 2026, el diario El Deber reportó otro hallazgo de 700 kilos de cocaína impregnada en madera boliviana en Arica. Ese cargamento, exportado por la empresa Export Mader Bolivia SRL (propiedad de ciudadanos españoles que huyeron del país), reveló que Bolivia se enfrentaba a una «brecha tecnológica peligrosa». En ese momento, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, ahora Ministro de Defensa, conoció que «si hoy se abre un contenedor —tanto en Bolivia como en Chile— no se va a encontrar cocaína con los métodos tradicionales». Sabían que exportaban con este método desde 2018.
Sin embargo, a pesar de los discursos oficiales de cooperación internacional y las promesas de endurecer los controles aduaneros, el nuevo golpe de mil toneladas incautadas en Chile en mayo demuestra que las organizaciones criminales transnacionales operan a nivel industrial dentro del territorio nacional.
Mientras el Gobierno de Rodrigo Paz focaliza todo el poder coercitivo del Estado en reprimir protestas sociales bajo la justificación de «combatir al narcoterrorismo», el verdadero músculo económico y logístico del narcotráfico internacional vulnera sus fronteras en silencio, dejando en evidencia un sistema aduanero y policial que, ya sea por incapacidad tecnológica o por complicidad institucional, ha convertido a Bolivia en la puerta de salida de las mayores cargas de cocaína de la región.
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