La red de armas y oro de Cerimedo, Giuliano Leoni en la Aduana boliviana

La red de armas y oro de Cerimedo, Giuliano Leoni en la Aduana boliviana

La red de armas y oro de Cerimedo en la Aduana operó como una estructura criminal transnacional que articuló el tráfico de armamento hacia Paraguay, el contrabando de metales preciosos hacia Dubái y la cooptación sistemática de los puestos de control fronterizo en Bolivia. Las revelaciones periodísticas lideradas por el periódico de investigación Sol de Pando, dirigidas por el periodista Wilson García Mérida, desnudaron un complejo engranaje donde confluyeron el consultor argentino Fernando Cerimedo, autoridades del Órgano Ejecutivo, mandos judiciales, agentes de inteligencia internacional y traficantes corporativos. El esquema convirtió al Aeropuerto Internacional de Viru Viru en un enclave logístico de impunidad, encubierto desde despachos ministeriales mientras se ejecutaban campañas de hostigamiento digital y atentados físicos contra la prensa independiente que fiscalizaba los cargamentos.

El eje operativo tuvo como protagonista al ciudadano uruguayo Gabriel Giuliano Leoni, quien arribó a Santa Cruz el 29 de noviembre de 2025 en un lujoso jet privado Gulfstream G550, con matrícula N585JC, fletado desde Los Ángeles con un costo superior a los 180.000 dólares. A bordo de la nave viajaban la exdiputada Laura Rojas Ayala y sus dos hijas menores de edad, custodiando un cargamento de 32 maletas. Aunque la narrativa estatal intentó instalar que el equipaje contenía estupefacientes o divisas, los informes del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) y las alertas tempranas emitidas por la DEA y el FBI a través de la Cancillería confirmaron que se trataba de piezas de armas de fuego de uso militar, desarmadas y camufladas entre autopartes y juguetes para burlar los escáneres de seguridad.

La conexión Giuliano Leoni: Empresas de fachada, proveedores militares y la ruta a Paraguay

El rastreo corporativo desarrollado desde Silicon Valley por la analista de sistemas Erika Yeremin reveló que Gabriel Giuliano Leoni no es un intermediario improvisado. Con residencia habitual en El Cairo, Egipto, donde vive junto a su esposa, una reconocida odalisca chilena de origen kuwaití, Leoni preside la compañía Petro Traders LLC. Dicha firma figura inscrita en Florida, EEUU, pero opera de manera real entre Egipto y Emiratos Árabes Unidos como proveedora de equipos militares para las Fuerzas Armadas egipcias en alianza con contratistas de armamento israelíes vinculados a exmiembros de agencias de seguridad como el Mossad.

Desde EEUU hasta el Comando Vermelho

La investigadora Yeremin acreditó que el entorno corporativo de Leoni acumula pesados antecedentes penales. Su socio comercial pakistaní, Shahid Javed, fue condenado en EEUU a siete años de prisión por estafar 7,7 millones de dólares mediante empresas fantasmas de combustible aeronáutico, sumando una condena previa por fraudes con estaciones de servicio. Pese a estos nexos, las autoridades bolivianas facilitaron la fuga de Leoni. El 3 de diciembre de 2025, el uruguayo abandonó el país por vía terrestre a través del puesto fronterizo de Cañada Oruro, en Villa Montes, a bordo de un vehículo que no fue sometido a requisa aduanera, trasladando el armamento hacia Asunción para luego volar a Madrid y El Cairo.

El destino final de las armas era el mercado clandestino paraguayo que abastece a facciones criminales de Brasil como el Comando Vermelho. Documentos de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay confirmaron que en territorio vecino operan talleres clandestinos encargados de reensamblar fusiles cuyos componentes ingresan fraccionados desde Bolivia. Esta misma ruta quedó expuesta el 7 de julio de 2026, cuando la aduana aeroportuaria decomisó tres maletas con piezas de cuatro fusiles de asalto AK 47 calibre 7,62 mm al joven paraguayo Adrián Hurtado Zeliakousky, en tránsito desde Miami hacia la frontera del Chaco.

El pacto de encubrimiento: Cerimedo, ministros de Estado y la justicia intervenida

El encubrimiento de Gabriel Giuliano Leoni fue planificado desde la propia Casa Grande del Pueblo. Fernando Cerimedo, quien fungía como asesor personal del presidente Rodrigo Paz Pereira, dio la instrucción perentoria de borrar judicialmente al traficante uruguayo. Para ejecutar la maniobra contaron con la complicidad del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y del entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca. En conferencias de prensa, Oviedo omitió deliberadamente el destino final de Leoni en Egipto y mantuvo en reserva el plan de vuelo del Gulfstream, mientras Mariaca mintió al país asegurando que se tramitaba una notificación roja ante INTERPOL que jamás existió formalmente.

Encubrimiento

Para blindar la impunidad, el Ministerio Público incurrió en vicios de nulidad al emitir la orden de aprehensión cambiando el nombre del sospechoso por el de «Gabriel Yuliano Leoni». Asimismo, cuando la jueza anticorrupción de Santa Cruz, Vivian Balcázar, declaró la rebeldía de Leoni el 18 de marzo y ordenó activar la captura internacional, el Ejecutivo desobedeció el mandato. Previamente, tras el allanamiento practicado por la fiscal Delmy Guzmán Roda y el capitán investigador José Luis Guillén Rocha a un galpón del juez Hebert Zeballos, donde se halló una fábrica clandestina de marihuana líquida, Mariaca apartó a la fiscal del caso y posicionó a Julio César Porras, modificando la imputación de tráfico de armas hacia delitos de narcotráfico para desviar la atención pública.

El engranaje político que unía a los actores tenía como nexo central a la exdiputada Laura Rojas Ayala. La exparlamentaria conoció a Cerimedo en octubre de 2025 cuando se incorporó al comité de campaña del binomio presidencial de Rodrigo Paz y Edmand Lara, hecho reportado en su momento por el periodista Juan Carlos Marañón en Bolpress. Cuando Rojas fue citada por el juez Juan Pablo Esquivel Carrasco, compareció patrocinada por el abogado Ernesto Giraldes, dirigente político de Súmate y allegado a Manfred Reyes Villa. Giraldes era a su vez defensor personal de Cerimedo, cerrando el círculo de protección jurídica.

Las maletas de oro en Viru Viru y la llamada tripartita de madrugada

La operatividad de la organización delictiva no se limitó a los pertrechos bélicos. El 22 de julio de 2026 estalló el escándalo de las maletas de oro en el aeropuerto de Viru Viru, cuando se frustró la salida irregular de 77 lingotes de oro de alta pureza con un peso neto de 189,5 kilogramos, valuados en 25 millones de dólares, destinados a la firma Infinity Tradelink FZC en Dubái, empresa domiciliada en el mismo edificio Al Diwan donde opera la filial de Petro Traders de Giuliano Leoni.

Durante la madrugada del operativo, se produjo un contacto telefónico tripartito de alto nivel entre el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el director nacional del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Armando Magne Zelaya. Mientras Soto de la Vía presionaba para validar la carga alegando que los papeles estaban en orden, Magne Zelaya frenó el despacho denunciando que los documentos y códigos QR de la supuesta exportadora Emporio Dorado SRL, representada por Mabel García Huarachi, eran falsificados.

 Alberto Soto de la Vía y Fernando Cerimedo en la boda de la hija del ministro Oviedo en Tarija
Alberto Soto de la Vía y Fernando Cerimedo en la boda de la hija del ministro Oviedo en Tarija

La liberación

En la pista fueron arrestadas seis personas: Adrián Lema Roca, Luis Enrique Rivero Sotelo, Edgar Alfredo Rivera León, Carlos Andrés Lamu Cuéllar, Federico Ballerstaedt Sauma y el funcionario aduanero Lucas Manuel Muñoz. Cinco de ellos fueron liberados en cuestión de horas en la comisaría de Satélite Norte por intermediación de la capitán policial Denise Guzmán Montesinos, quedando detenido únicamente Lema Roca, un joven de 22 años que figuraba en la agenda telefónica de Cerimedo como «Adrián Lerma». Semanas después, el vocal judicial Ever Álvarez Orellana concedió la libertad a Lema Roca, maniobra que Cerimedo confesó haber operado ante Nadia Beller como un favor solicitado por la esposa del exviceministro de Sustancias Controladas Ernesto Justiniano, debido a relaciones personales familiares, interviniendo también en gestiones los abogados Mauricio Ayala y Alejandro Rivera.

La captura de la Aduana y la red de venta de cargos públicos

La influencia de Fernando Cerimedo sobre el presidente aduanero Alberto Soto de la Vía transformó a la institución recaudadora en una agencia de recaudación ilícita mediante la venta sistemática de ítems. Investigaciones periodísticas comprobaron que los cargos fronterizos estratégicos eran asignados a personas que pagaban miles de dólares en efectivo.

Cargos:

  • Villazón: Se designó en la frontera sur a Ronald Choque, Gustavo Medina Jaldín y José Alfredo Gómez, personas que registraban sentencias previas por robo de vehículos incautados.
  • Unidad de Control Operativo Estratégico (UCOE): Se vendieron cargos de revisión de equipajes a un grupo vinculado a desvíos de fondos municipales en Santa Cruz, articulados por el hijo del alcalde Johnny Fernández, conocido como «Jhonicito», quien mantenía una estrecha relación con Cerimedo y logró la designación de Ronny Gabriel Montalvo Vaca como gerente general de la Aduana Nacional.
  • Destituciones por honestidad: En Arica, por donde transita el comercio ultramarino boliviano, el administrador Nelson Rivera Michel fue destituido tras negarse a acatar órdenes irregulares de Cerimedo y Soto. Similar suerte corrió Nancy Chura Cutila en Tambo Quemado, removida tras rechazar un aforo fraudulento de maquinaria pesada para YPFB.
  • Viru Viru: Cerimedo impuso como administradora aduanera a María Argentina Rojas Roca, quien registraba antecedentes por narcotráfico en Brasil, funcionaria que fue destituida meses después tras desatarse la causa penal por el intento de feminicidio contra Nadia Beller.
  • Nepotismo en el transporte aéreo: El vicepresidente Edmand Lara denunció que la hermana del presidente aduanero, Tatiana Soto de la Vía, fue colocada como Jefa Nacional de Aeropuertos en Boliviana de Aviación (BoA) por instrucción de Cerimedo al ministro de Obras Públicas Mauricio Zamora, accediendo a vuelos internacionales de lujo a precios irrisorios, emulando los privilegios del exgerente de la aerolínea Eduardo Alejandro Valdivia Medling.

La caída de Alberto Soto de la Vía se oficializó mediante la Resolución Suprema 32495 firmada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y el ministro de Economía Christian Andrés Morales Burgos, abrogando la norma previa avalada por el exministro José Gabriel Espinoza y el director tributario Jorge Zogbi, asumiendo una breve transición Araceli Araoz antes de posesionar a Álvaro Fernando Arias González al frente de la entidad.

La conexión transnacional: Lobistas de Washington y la red MAGA

La investigación de Sol de Pando expuso que Gabriel Giuliano Leoni y Fernando Cerimedo operan como engranajes de un consorcio de consultoría conservadora vinculado al movimiento político MAGA en EEUU. Documentos federales revelaron la participación del lobista estadounidense Joseph Szlavik, exagente vinculado a labores de inteligencia que fue investigado por el FBI por lavar dinero de la dictadura de Omar Bongo de Gabón en el Citizens Bank, moviendo influencias en Washington bajo las administraciones de George Bush y Barack Obama con el apoyo del senador Marco Rubio.

Szlavik, quien integró equipos de recaudación para la campaña presidencial de Donald Trump y JD Vance, brinda protección corporativa a las empresas de Leoni, articulando negocios de minería digital y centros de datos junto a Brad Parscale. A esta red internacional se suman operadores como el consultor Andrés «Andy» Rivas, socio de Cerimedo que asesoró al mandatario paraguayo Santiago Peña y acompañó en comitivas exteriores al canciller boliviano Aramayo, el publicista español Javier Negre, difusor mediático aliado a VOX frente al gobierno de Pedro Sánchez, el cabildero en Miami Damián Merlo, el estratega neoyorquino Dick Morris y el operador político Roger Stone, quien promovió el indulto de Juan Orlando Hernández para apuntalar la candidatura hondureña de Nasry Asfura contra Salvador Nasralla.

Represalias criminales: El atentado contra el director de Sol de Pando

La difusión de estas investigaciones detonó una brutal persecución estatal y criminal contra el periódico Sol de Pando. El 3 de febrero de 2026, el entonces titular aduanero Alberto Soto de la Vía conminó notarialmente al director del medio, Wilson García Mérida, exigiéndole retractarse bajo amenaza de cárcel por haber recordado sus nexos históricos de 2018 con el traficante mexicano Ramón Castillo Manríquez, a quien Juan Ramón Quintana confiscó un avión cargado de armas. García Mérida ratificó sus denuncias y desafió a la autoridad a ventilar la causa ante un Jurado de Imprenta. La respuesta del aparato estatal fue un ataque cibernético masivo ejecutado por 50 cuentas automatizadas de la granja de bots de Cerimedo, que provocaron la clausura temporal de la página editorial en redes sociales.

El atentado

La escalada represiva alcanzó su punto más dramático el 4 de noviembre de 2026 en la ciudad de Cochabamba. El periodista Wilson García Mérida sufrió un intento de asesinato en plena vía pública al ser atacado con una piedra de gran tamaño en la sien, provocándole la fractura y ruptura de una arteria parietal conectada a la vena yugular. La vida del director periodístico se salvó gracias al auxilio providencial del médico Alejandro Mina, profesional de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC) que transitaba por el lugar, quien contuvo la hemorragia letal y coordinó su traslado de emergencia con paramédicos del SAR Bolivia.

El intento de magnicidio generó el repudio internacional del PEN Club Cochabamba, presidido por la escritora Pilar Pedraza Pérez del Castillo junto a los directivos Ronnie Piérola, Julieta Zurita, Melita del Carpio y Stefan Gurtner, quienes demandaron garantías de seguridad para el ejercicio de la prensa. A este reclamo se sumó el pronunciamiento del Comité Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Bolivia, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y representantes de las naciones indígenas Movima y Ese Ejja, denunciando que las agresiones físicas y el sicariato contra comunicadores buscan imponer el silencio para perpetuar el saqueo de los recursos naturales y la impunidad del crimen organizado en el país.