Binance y ALPS Blockchain confirman minería en Bolivia a gran escala mediante reportes de mercado, métricas globales de potencia computacional y divulgaciones técnicas que desarticulan la versión de la empresa estatal Chaco Energías. Mientras el gerente general de la subsidiaria pública, Alejandro Torres Cortez, denunció públicamente ser víctima de una supuesta campaña de hostigamiento y aseguró ante la opinión pública que su compañía no concretó ninguna operación comercial ni entrega electricidad a consorcios privados. La plataforma de activos digitales más grande del mundo publicó informes concluyentes que demuestran lo contrario. Noticias como Binance News, en la misma Binance el 26 de mayo de 2026, junto a investigaciones de Hashrate Index suscritas por el analista Kaan Farahani, certifican que la corporación italiana ALPS Blockchain, en alianza con la firma local Qurubiqa, opera dentro de una central termoeléctrica de 127 megavatios (MW) en Cochabamba, absorbiendo actualmente una potencia continua de 27 MW que proyecta escalar hasta los 45 MW a fin de año.
A esta contundente documentación internacional se sumaron las pruebas visuales aportadas por el senador Leonardo Roca, quien exhibió publicaciones emitidas desde el centro de comando de ALPS Blockchain en Italia. En sus canales corporativos, la compañía europea exhibió datos de telemetría que demuestran un poder de cómputo activo del 99,8% radicado en territorio boliviano, mostrando en simultáneo a sus antiguas instalaciones de Paraguay en estado inactivo. Las pruebas técnicas y hemerográficas contrastan de forma frontal con las declaraciones de Torres Cortez, quien intentó reducir las denuncias a simples ataques en redes sociales, aunque reconoció haber firmado un contrato el 27 de agosto de 2025 tras la caducidad de una carta de intención previa.


El arbitraje del gas regalado: Las publicaciones que desnudan el incentivo económico
La documentación técnica difundida a nivel global expone con precisión quirúrgica el móvil del desembarco minero en el trópico boliviano. El informe de Hashrate Index divulgado en Binance explica que el explosivo incremento de potencia informática experimentado en el país, superior al 2.400% interanual, obedeció a un esquema de arbitraje puro apalancado en el subsidio estatal de hidrocarburos.
Mientras la cotización internacional del gas natural licuado oscila entre los 8 y 12 dólares por MMBTU, la estatal petrolera YPFB comercializa el gas a las termoeléctricas locales a un precio fuertemente subsidiado de apenas 1,30 dólares por unidad energética. Esta enorme asimetría permitió que los mineros internacionales accedieran a una tarifa de electricidad industrial de entre 0,03 y 0,06 dólares por kilovatio hora (kWh).
El propio informe internacional advierte que esta bonanza tiene fecha de caducidad ante el inminente agotamiento de las reservas de gas en Bolivia, proyectando que el país se convertirá en importador neto en un plazo de dos a cinco años. La instalación de ALPS Blockchain en Cochabamba no responde a un desarrollo productivo sostenible para el Estado, sino a la urgencia corporativa de capturar dividendos extraordinarios con infraestructura pública antes de que colapsen los subsidios fiscales.
El contrato de Bulo Bulo: La turbina Bulo2 y la privatización encubierta
La génesis administrativa de esta operación quedó al descubierto gracias a la investigación periodística publicada por el diario Sol de Pando, medio que desclasificó el contrato reservado suscrito el 8 de septiembre de 2025. El documento fue firmado entre el gerente de Chaco Energías, Alejandro Torres Cortez, y el accionista de la empresa Paratech, Julio César Landívar Castro, quien se desempeñó como director jurídico de YPFB Chaco en 2020.
El convenio, estructurado en 27 cláusulas que comprometen la soberanía del Sistema Interconectado Nacional (SIN), estableció condiciones extraordinarias:
- Tarifa congelada por una década: Fijó el precio de la electricidad en apenas 24 dólares por megavatio hora (MWh) durante diez años, situándose muy por debajo de los costos operativos del mercado regulado boliviano.
- Reserva de potencia estratégica: Asignó un bloque inicial de 27 MW con un compromiso formal de ampliar el suministro a 70 MW de los 140 MW de capacidad nominal instalada en la central.
- Exclusividad sobre bienes del Estado: Dispuso la turbina pública Bulo2 para el uso exclusivo de la granja de servidores de Paratech y sus socias internacionales, mermando las reservas energéticas que la corporación ENDE debe garantizar a la población.
La cadena de mando: De los viajes de Marcelo Arce al relevo de Fernando Cerimedo
El andamiaje societario para eludir las restricciones normativas a la inversión extranjera comenzó a construirse entre 2022 y 2024. Según los antecedentes del caso, Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, utilizó las oficinas del piso 8 de YPFB Chaco y realizó más de cincuenta viajes a Asunción para sellar la alianza con Javier Carbonati, titular de la compañía Qurubiqa, cuyo directorio integran además Claudio Vinci, Santiago Osella y Divagoras Bezerra. Para viabilizar la operación sin fiscalización, crearon la firma pantalla Paratech en un plazo perentorio de 48 horas, incorporando de inmediato la tecnología del gigante italiano.
Con la asunción del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, la estructura del negocio no fue desmantelada sino traspasada a nuevos operadores. La presidencia ejecutiva de YPFB Corporación, bajo el mando de Sebastián Daroca, sustituyó al gerente de YPFB Chaco, posesionando a Abel Villegas, pero blindó expresamente la continuidad de Alejandro Torres Cortez en la conducción de Chaco Energías. Quienes intentaron fiscalizar el contrato desde adentro fueron fulminantemente purgados, como ocurrió en julio de 2026 con la destitución del vicepresidente del directorio, José Padilla, tras pedir informes sobre las denuncias del Senado.
En mayo de 2026, el consultor político argentino Fernando Cerimedo, designado como asesor personal del presidente Rodrigo Paz sin registro formal ante la Contraloría General del Estado, tomó el relevo en el manejo de las comisiones estratégicas. Cerimedo encabezó reuniones reservadas en la ciudad de Santa Cruz con delegaciones de inversionistas paraguayos e italianos, presentándose como el emisario directo del jefe de Estado para garantizar la estabilidad de Torres Cortez y la continuidad del suministro en Bulo Bulo.

La conexión MAGA en EEUU y la desarticulación de la Fiscalía
Las ramificaciones internacionales del caso alcanzan al círculo político conservador de EEUU. En 2025, Cerimedo, Andy Rivas y el estratega de datos Brad Parscale, exjefe de campaña digital de Donald Trump en 2016, mantuvieron negociaciones en Paraguay con la corporación canadiense Bitfarms. Cuando la empresa eléctrica paraguaya ANDE encareció las tarifas para la actividad cripto, Bitfarms vendió sus instalaciones de Paso Pe por 30 millones de dólares para migrar hacia proyectos de inteligencia artificial en EEUU, dejando el terreno expedito para que la maquinaria de Carbonati y ALPS Blockchain se trasladara a las plantas de Cochabamba, atraída por el gas boliviano subvencionado.
El avance de las investigaciones judiciales sobre estos movimientos desató una crisis institucional sin retorno. El entonces fiscal general del Estado, Róger Mariaca, se encontraba peritando las comisiones millonarias vinculadas a Parscale, los contratos de provisión de combustibles con la intermediaria FUTURA y la concesión eléctrica de Bulo Bulo cuando el Departamento de Estado de EEUU le revocó sorpresivamente el visado el 28 de septiembre, siendo aprehendido de forma irregular dos días después en el aeropuerto de Viru Viru. La intervención al Ministerio Público buscó neutralizar expedientes y pruebas documentales que comprometían directamente a despachos del Ejecutivo boliviano.
Tarifas dolarizadas para el pueblo boliviano y perdón tributario a extranjeros
La paradoja socioeconómica resulta demoledora para las familias bolivianas. Mientras la administración de Rodrigo Paz promulgó los decretos supremos 5750 y 5652, normativas que indexaron el costo de la electricidad familiar y los carburantes al valor del dólar oficial a 12,09 bolivianos y a la inflación disparando las facturas domiciliarias en casi un 50%, consorcios extranjeros lucran con energía congelada.
Asimismo, el senador Leonardo Roca formalizó denuncias por la liberación de más de 200 millones de dólares en tributos en beneficio directo de ALPS Blockchain y Qurubiqa por concepto de consumo de gas y electricidad en sus instalaciones de 35.000 metros cuadrados en Entre Ríos. Frente a las reiteradas negativas de Alejandro Torres y el silencio del ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, del director de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, y del titular de YPFB, Sebastián Daroca, el legislador recordó que las responsabilidades civiles y penales no prescriben.
Conforme al artículo 324 de la Constitución Política del Estado, los delitos que causan daño económico al patrimonio estatal no están sujetos a prescripción. La evidencia tecnológica provista por Binance y la propia empresa italiana en Europa dejó al descubierto que las turbinas públicas alimentan granjas privadas en la clandestinidad regulatoria, consumando uno de los mayores desvíos de riqueza energética en la historia reciente de Bolivia.
*En la foto principal, Alejandro Torrez, gerente de Chaco Energías, con la planta de minería de datos. La imagen de ALPS donde se muestra activa en Bolivia, y el excelentísimo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

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