El dueño de las 32 maletas que ingresaron de manera irregular al Aeropuerto Internacional de Viru Viru de la mano de la exdiputada Laura Rojas ha sido identificado plenamente como el empresario y traficante internacional Gabriel Giuliano Leoni, según revelaron las investigaciones exclusivas del periódico Sol de Pando bajo la dirección del periodista Wilson García Mérida. La información detalla una compleja red de complicidad en las altas esferas del Ejecutivo y del Ministerio Público, donde el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el entonces fiscal general Róger Mariaca tejieron un esquema de protección y silencio deliberado para garantizar la fuga del magnate mafioso hacia Egipto.
La ruta de la fuga: de Santa Cruz a El Cairo con complicidad oficial
De acuerdo con los datos obtenidos por la red informativa del medio en Silicon Valley y fuentes de inteligencia policial, el vuelo ejecutivo Gulfstream que aterrizó en Santa Cruz de la Sierra el 29 de noviembre de 2025 traía a bordo al millonario mafioso acompañado de la exdiputada Laura Rojas y de otros actores. Tras el escándalo desatado por la incautación parcial de las valijas, Leoni no fue aprehendido ni sometido a investigación formal alguna.
La ruta de escape operó con total impunidad: el extranjero abandonó la ciudad de Santa Cruz por vía terrestre a bordo de una camioneta blanca que, según registros recientes, pertenecía al entonces magistrado Romer Saucedo. Con el vehículo oficial y fronteras abiertas por agentes migratorios bajo dependencia del Ministerio de Gobierno, cruzó el puesto fronterizo de Cañada Oruro en Villa Montes rumbo a Paraguay. Desde Asunción, abordó un vuelo comercial con escala en Madrid hasta llegar a su residencia definitiva en El Cairo, Egipto, donde comercializa oro y provee equipos militares al ejército de ese país en sociedad con contratistas israelíes.
El silencio del ministro Marco Antonio Oviedo y la mentira de Róger Mariaca
Mientras la fuga se consumaba en completo secreto, las máximas autoridades de seguridad del Estado simulaban una búsqueda que nunca existió. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, recibió en su despacho informes precisos sobre la identidad del acompañante extranjero, pero optó por callar deliberadamente. En una rimbombante conferencia de prensa ofrecida el 28 de enero de 2026, Oviedo reconoció que el uruguayo había salido por la frontera con Paraguay, pero omitió mencionar su ruta hacia África y desestimó la gravedad del caso atribuyéndolo a especulaciones de redes sociales.
En paralelo, el fiscal general Róger Mariaca emitió declaraciones públicas asegurando de manera mendaz que la institución fiscal trabajaba de forma directa con INTERPOL para localizar al prófugo a través de requerimientos internacionales. Sin embargo, verificaciones posteriores en el registro de alertas rojas demostraron que jamás existió trámite alguno para capturar a Giuliano Leoni. La orden de rebeldía dictada el 18 de marzo por la jueza anticorrupción Vivian Balcázar quedó convertida en letra mojada por la inacción deliberada del Ejecutivo y del Ministerio Público, operando bajo las directrices dictadas desde el entorno del asesor Fernando Cerimedo para borrar al magnate del mapa judicial.
Red de extorsión, nexos con Cerimedo y la conexión con la aviación ejecutiva
El caso de las valijas de Leoni se conecta directamente con el imperio criminal que el estratega argentino Fernando Cerimedo montó desde la Casa Grande del Pueblo. Paralelamente a la protección dispensada al magnate egipcio, la red del suramericano operaba un sistema de extorsión y cobros ilegales de quince mil dólares por cada despegue de avionetas cargadas con cocaína en aeródromos del Beni, contando con la complicidad de operadoras como Yalitza Abularach y del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encargado de firmar memorándums y vender cargos jerárquicos en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y NAABOL.
Este andamiaje de corrupción aeronáutica incluía la participación de mandos policiales corruptos como el coronel Franz William Cabrera, cabecilla de la logia policial Golden Boys, y el teniente coronel Erick Correa, jefe de inteligencia de la FELCN en Santa Cruz, quien mantuvo informado a Cerimedo en tiempo real durante el atentado criminal perpetrado contra la abogada Nadia Beller.
Nuevas revelaciones en la Asamblea y la caída de cúpulas en Boliviana de Aviación
El impacto de las narcomaletas continúa generando réplicas institucionales en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El vicepresidente de Estado, Édman Lara, destapó nuevos informes policiales elaborados por el teniente Marvin Manzaneda, en los cuales se detalla que en el mismo vuelo chárter de noviembre de 2025 viajaban junto a la exdiputada Laura Rojas, un ciudadano «italiano», Gabriel Giuliano Leoni y sus hijas, cuyo padre era el entonces gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Juan José Galbarro.
Ante la presión legislativa impulsada por el diputado Rolando Pacheco, la aerolínea estatal confirmó la destitución inmediata de Galbarro, siendo reemplazado por Eduardo Alejandro Valdivia Medling. Asimismo, los reportes legislativos y de programas de televisión expusieron circulares internas de la FELCN donde se advertía sobre ofertas de pagos de diez mil a quince mil dólares por aeronave para encubrir despegues clandestinos en el Beni, salpicando directamente al entorno de asistentes del ministro Marco Antonio Oviedo.
La protección dispensada a Giuliano Leoni, el fallecimiento en Palmasola del único obrero procesado (Juan Carlos Espinoza Vaca) y las sucesivas revelaciones de corrupción estructural demuestran que las terminales aéreas del país fueron convertidas en corredores seguros para el narcotráfico internacional, bajo la atenta y cómplice mirada de las más altas autoridades del Estado.
