Los estados de excepción en Bolivia han operado históricamente no como salvaguardas constitucionales ante catástrofes naturales o amenazas a la soberanía, sino como el dispositivo predilecto del poder para sofocar la resistencia popular, imponer ajustes económicos de corte ortodoxo y alinear la seguridad interna con las directrices estratégicas de EEUU. Desde las masacres mineras de los años sesenta financiadas bajo la Doctrina de Seguridad Nacional hasta los recientes talleres de control de disturbios dictados en La Paz y la insistencia discursiva en el «narcoterrorismo», el recurso a las facultades extraordinarias desnuda un ciclo ininterrumpido donde la violencia estatal y la tutela de agencias extranjeras como la CIA y la DEA marcaron la vida política del país.
Estados de Excepción, Decretos y Masacres en Bolivia
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| Mandatario / Periodo | Régimen y Fecha | Masacre / Hecho Central | Víctimas Documentadas | Expediente |
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*Fuente: Elaboración propia basado en los archivos de las dictaduras de Bolivia y Hemeroteca
El presente: amenazas en la ONU, talleres de crisis y la retórica del «narcoterrorismo»
La coyuntura actual reaviva viejas lógicas de subordinación. Durante la apertura de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó abiertamente con recurrir al poderío militar en territorio latinoamericano si considera en riesgo los intereses de su país, señalando las intervenciones en Venezuela como advertencia regional, presionando a México por el control de la frontera y asegurando que Cuba «caerá».
En sintonía con ese alineamiento, La Paz se convirtió en sede de un taller multinacional sobre control de multitudes y manejo de crisis, auspiciado por EEUU bajo la Coalición Anti-Cárteles de las Américas (A3C) y el marco del Escudo de las Américas, reuniendo a delegaciones de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Aunque el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que la capacitación no busca confrontar a la población, el encuentro coincide con el convenio bilateral de 20 millones de dólares suscrito en junio para asistencia militar y policial.
Este despliegue internacional sirve de telón de fondo a la política interna. El presidente Rodrigo Paz apeló al término «narcoterrorismo» en 13 ocasiones en un solo discurso para justificar su Estado de Excepción, ahora prorrogado por 90 días. Busca contener las movilizaciones contra el alza del diésel a Bs 17,95 y las condicionalidades del crédito de 1.900 millones de dólares con el FMI (Ley 1765). Sin embargo, la historia documentada demuestra que los conceptos de contrainsurgencia y guerra contra las drogas fueron construidos y utilizados sistemáticamente como herramientas de dominación foránea.
El génesis autoritario: CIA, nazis y la Doctrina de Seguridad Nacional (1964-1978)
El empleo sistemático de la fuerza militar contra civiles se consolidó en 1964 tras el derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro a manos de René Barrientos y Alfredo Ovando Candia. Documentos desclasificados en Washington confirmaron que la estación de la CIA en La Paz, dirigida por Larry Sternfield, gastó 585.000 dólares para comprar las elecciones de 1966 a favor de Barrientos y financiar la represión.
Bajo este tutelaje nacieron episodios sangrientos:
- El Sistema de Mayo (1965): La Junta Militar decretó el Estado de Sitio para aplastar las huelgas de la Central Obrera Boliviana (COB), declarando zonas militares a los centros mineros y dejando decenas de muertos.
- La Masacre de San Juan (1967): En la madrugada del 24 de junio, tropas militares atacaron a sangre y fuego el campamento minero de Siglo XX, asesinando a más de 20 personas (entre hombres, mujeres y niños) e hiriendo a 70 manifestantes para impedir su respaldo a la guerrilla y sofocar la protesta contra la rebaja salarial del 45%.
- La orden de exterminio en Teoponte (1970): Ovando Candia dictó Estado de Sitio el 19 de julio de 1970 bajo la consigna «ni presos ni heridos, todos muertos», ejecutando sumariamente a 58 guerrilleros.
Con el golpe de Hugo Banzer Suárez en agosto de 1971, Bolivia ingresó plenamente al Plan Cóndor. Banzer instauró un estado de excepción de facto durante siete años, persiguiendo opositores y ejecutando la Masacre del Valle (Tolata y Epizana, 1974) con blindados contra campesinos que rechazaban el alza de precios.
Los informes de la Comisión de la Verdad (1964-1982) revelaron que el régimen banzerista utilizó la violencia sexual como tortura sistemática en centros clandestinos como «El Pari» en Santa Cruz (donde operaba la celda «El Matadero» a cargo de la DIN de Abraham Baptista), dejando un saldo verificado de 363 asesinatos y 164 desapariciones forzadas. Para estructurar este aparato, la CIA protegió en el país al criminal de guerra nazi Klaus Barbie (alias Klaus Altmann), quien diseñó manuales de tortura y escuadrones paramilitares.
La narcodictadura y los escuadrones neofascistas (1979-1981)
La transición democrática fue violentamente abortada en noviembre de 1979 por Alberto Natusch Busch, quien impuso la Ley Marcial y el toque de queda, masacrando a más de 280 civiles en la Masacre de Todos Santos.
Meses más tarde, el 17 de julio de 1980, Luis García Meza y Luis Arce Gómez instauraron la narcodictadura con el respaldo financiero del capo Roberto Suárez Gómez. El aparato represivo fue operado por «Los Novios de la Muerte», una red de mercenarios neofascistas integrada por Klaus Barbie y los italianos Stefano Delle Chiaie y Pier Luigi Pagliai, perpetrando el asalto a la COB, el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Masacre de la Calle Harrington (1981).
Como documentó la investigación del escándalo Irán-Contras, supervisada por el teniente coronel Oliver North, las ganancias de la cocaína boliviana producida en factorías como Huanchaca se canalizaron hacia la compra de armas para los mercenarios de la Contra nicaragüense, contando con la complicidad de agentes de la DEA como Frank Macolini y diplomáticos estadounidenses.
La democracia del ajuste: estado de sitio ahora excepción para imponer el modelo (1985-2003)
Con el retorno constitucional, las medidas excepcionales no desaparecieron; cambiaron de objetivo para garantizar reformas económicas:
- Víctor Paz Estenssoro y el DS 21060 (1985): Para quebrar la huelga contra el despido masivo de 35.000 mineros («relocalización»), el Ejecutivo dictó Estado de Sitio el 19 de septiembre de 1985, confinando a más de 1.500 dirigentes sindicales a la Amazonía, entre ellos a Juan Lechín Oquendo. El 28 de agosto de 1986 volvió a decretar la medida para cercar con tanques a 10.000 trabajadores en la Marcha por la Vida en Calamarca. En junio de 1988, tropas de UMOPAR y la DEA ejecutaron la Masacre de Villa Tunari, asesinando a campesinos que resistían la Ley 1008, norma enviada originalmente en inglés por EEUU al Congreso boliviano.
- Jaime Paz Zamora (1989-1993): Decretó Estado de Sitio en noviembre de 1989 para contener huelgas docentes y militarizó el Chapare bajo tutela del Centro de Operaciones Especiales (COPES), financiado por Washington. El periodo culminó con los escándalos de las «Narco-estatuillas» y los «Narcovínculos» con traficantes como Carmelo «Meco» Domínguez e Isaac «Oso» Chavarría, hecho por el cual su dirigente Oscar Eid Franco fue encarcelado y a Paz Zamora se le revocó la visa estadounidense en 1996.
- Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín: En 1995 dictaron un Estado de Sitio de seis meses para imponer la privatización («Capitalización») y encarcelar a líderes de la COB y del magisterio. En octubre de 2003, recurrieron al Decreto Supremo 27209 para desplegar al Ejército en El Alto durante la Guerra del Gas, causando más de 60 muertos y 400 heridos antes de huir a EEUU.
- Hugo Banzer y la Guerra del Agua (2000): Ya en democracia, Banzer decretó Estado de Sitio en Cochabamba para defender el contrato con la transnacional estadounidense Bechtel, provocando la muerte del joven Víctor Hugo Daza y decenas de heridos.
- Jeanine Áñez (2019): Promulgó el Decreto Supremo 4078 que eximió de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas, derivando en las masacres de Sacaba y Senkata con 24 ejecuciones sumarias documentadas por el GIEI de la CIDH.
El manual de la CIA: el narcotráfico como instrumento geopolítico
Las investigaciones del historiador Alfred W. McCoy en The Politics of Heroin y del periodista Gary Webb en Dark Alliance explican la matriz global de esta política: la CIA utilizó de forma sistemática el tráfico de estupefacientes y las alianzas con criminales de guerra para financiar operaciones encubiertas anticomunistas en todo el planeta.
Desde el financiamiento a la mafia corsa de Marsella en los años cincuenta (origen de la French Connection) y el transporte de opio en Laos con la aerolínea Air America, hasta la Operación Ciclón en Afganistán —donde el señor de la guerra Gulbuddin Hekmatyar multiplicó la producción de heroína protegida por salvoconductos militares—, Washington toleró y expandió los mercados de droga. En Centroamérica, el Memorándum de Entendimiento de 1982 eximió formalmente a la CIA de denunciar el narcotráfico de sus colaboradores, desatando la epidemia del crack en barrios afroamericanos de Los Ángeles.
La paradoja contemporánea es elocuente: mientras los informes de la UNODC constatan que Colombia y Perú (con amplia presencia militar y bases de EEUU) concentran el 61% y 26% de la producción mundial de cocaína y que el mercado minorista norteamericano genera 146.000 millones de dólares anuales, Washington continúa utilizando las listas de descertificación y los convenios de seguridad para imponer condiciones de gobierno en Bolivia.
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