La ONU tildó de asesinatos los ataques de EEUU ejecutados por sus fuerzas militares contra lanchas y naves en aguas internacionales del mar Caribe y el océano Pacífico, desmantelando la justificación de Washington de que se trataba de actos de legítima defensa en el marco de la interdicción de drogas. De acuerdo con el dictamen emitido por un conjunto de relatores especiales y grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las incursiones aéreas causaron la muerte de al menos 223 personas en 68 embarcaciones destruidas desde septiembre de 2025, configurando graves ejecuciones extrajudiciales y violaciones flagrantes el derecho a la vida.
Relatores y Expertos: Calificación de las Operaciones en el Mar
Desmantelamiento de la justificación bélica: «Llamarlo guerra no lo convierte en guerra»
El pronunciamiento internacional desvirtuó los argumentos jurídicos de la Casa Blanca, que intentó amparar las operaciones en el derecho a la legítima defensa consagrado en el Artículo 51 de la Carta de la ONU, alegando que las naves transportaban narcóticos vinculados a organizaciones terroristas. Los especialistas subrayaron que los cárteles y bandas criminales no ejecutan ataques armados contra territorio estadounidense, por lo que las operaciones antidroga pertenecen exclusivamente al ámbito de la aplicación de la ley civil y no al derecho internacional humanitario.
«Llamarlo guerra no lo convierte en una guerra», sentenciaron los relatores, remarcando que en aguas internacionales no existe un conflicto armado bilateral. El documento precisa que las personas a bordo de las naves bombardeadas no tenían el estatus de combatientes, por lo que su eliminación sumaria carece de debido proceso y constituye una vulneración deliberada de las garantías fundamentales.
Asimismo, los expertos señalaron que las propias fuerzas armadas norteamericanas contaban con la capacidad logística para interceptar las lanchas e iniciar procesos judiciales ordinarios, pero optaron unilateralmente por el uso de armamento letal de máxima destrucción sin que existiera una amenaza inminente para la vida de sus efectivos, omitiendo además las tareas obligatorias de rescate y asistencia médica marítima.
Los expertos y relatores detrás de la acusación formal
El dictamen fue suscrito de manera conjunta por los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, integrado por los siguientes especialistas independientes:
- Ben Saul: Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
- Morris Tidball-Binz: Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
- George Katrougalos: Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
- Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias: Integrado por Gabriella Citroni (presidenta-relatora), Grażyna Baranowska (vicepresidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi.
Los firmantes aclararon que su labor se desempeña a título individual y de forma honoraria e independiente de cualquier gobierno, actuando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como secretaría técnica del panel.
Delitos marítimos, rendición de cuentas y reparaciones
El análisis legal advierte que estas acciones bélicas unilaterales podrían tipificarse como delitos contra la seguridad marítima internacional, lo que facultaría a terceros países a abrir investigaciones penales y procesar a los autores materiales e intelectuales bajo jurisdicción universal.
Frente a la desaparición de naves adicionales en circunstancias no esclarecidas, los relatores demandaron investigaciones inmediatas, independientes y transparentes que alcancen a los mandos civiles y militares responsables. A su vez, exigieron el pago de indemnizaciones y reparaciones integrales a los familiares de las víctimas, e instaron a la comunidad internacional a no prestar apoyo logístico, intercambio de inteligencia ni recursos militares que faciliten este tipo de operativos fuera de la ley.
El contexto geopolítico: selectividad en la lista negra de Washington
La acusación de la comunidad internacional coincide con las contradicciones de la política exterior estadounidense en la región. Mientras Washington asesinó en aguas del Caribe, el Departamento de Estado decidió retirar a Venezuela de su lista de países no cooperantes tras acuerdos energéticos y la remoción de Nicolás Maduro bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. ¿Se acabaron los narcotraficantes venezolanos o es que ya tienen su petróleo?
En contraste, Colombia fue ratificada en la lista de naciones descertificadas, pese a recibir una dispensa económica, con duros cuestionamientos al mandato saliente de Gustavo Petro y un explícito respaldo político al actual mandatario Abelardo de la Espriella, evidenciando que el combate al narcotráfico continúa supeditado a criterios de alineamiento geopolítico antes que al respeto de las normas internacionales
