El precio del diésel en Bolivia es el más caro de la región, excepto por Perú. La determinación, formalizada mediante el Decreto Supremo 5716 tras la promulgación de la Ley 1765 que activa el programa de financiamiento de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desencadenó la paralización del autotransporte interdepartamental en Santa Cruz y Tarija, encareció los fletes de comercio exterior hacia puertos vecinos y encendió alarmas de quiebra en la agroindustria nacional.
El mapa sudamericano: Bolivia entre los combustibles más caros
De acuerdo con el informe técnico elaborado por la Cámara de Agropecuarios de Cochabamba, sobre la base de registros de la plataforma especializada GlobalPetrolPrices, el nuevo valor fijado por el Ejecutivo supera con holgura los costos de casi todos los países del cono sur:
- Brecha con los países vecinos: La tarifa en surtidores bolivianos, un 19,0% superior a la de Chile.
- El costo del tanque lleno: Llenar un depósito estándar de 200 litros para maquinaria o transporte pesado en territorio nacional cuesta ahora 326 dólares, frente a los 256 dólares requeridos en Brasil, 264 dólares en Chile y 304 dólares en Argentina.
- Variabilidad cambiaria: Si la conversión se efectúa al tipo de cambio paralelo (Bs 11,99 por dólar), el costo se sitúa en 1,50 dólares por litro, manteniéndose igualmente por encima de Paraguay y Ecuador.
TABLA COMPARATIVA: Costo del Diésel en Sudamérica (2026)
Costo del Diésel por Litro en Sudamérica vs. Bolivia
Parálisis del autotransporte y alarma en el sector productivo
El impacto en la economía interna fue inmediato. La Federación Departamental de Transportistas de Ómnibuses de Santa Cruz determinó el cierre total de operaciones del servicio interprovincial, interdepartamental e internacional a partir de las cero horas del lunes 21 de septiembre. El gremio argumentó que no prestará servicios mientras el Ejecutivo no emita una nueva escala tarifaria oficial consensuada, negándose a trasladar arbitrariamente el incremento a los usuarios.
En Tarija, el transporte sindicalizado agrupado en la Federación «15 de Abril», encabezada por Gabriel Pérez, suspendió los servicios urbanos e interurbanos, manteniendo en circulación únicamente a taxis trufis con cobros irregulares.
Desde el sector agropecuario, los productores advirtieron que el salto de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro compromete la viabilidad de la siembra y cosecha de granos, el bombeo de agua y el funcionamiento de tractores y cosechadoras. El economista Roberto Jordán advirtió que el encarecimiento de los fletes de carga pesada provocará una escalada inflacionaria inmediata sobre la canasta básica de alimentos.
La conexión con la Ley 1765 del FMI y el fin del subsidio
El ajuste en los carburantes responde a los compromisos asumidos por el gobierno de Rodrigo Paz tras la promulgación de la Ley 1765, norma publicada este fin de semana en la Gaceta Oficial que valida el contrato de crédito por 1.900 millones de dólares bajo la Facilidad de Servicio Ampliado (SAF).
El analista energético Francesco Zaratti señaló que la supresión de la subvención a los carburantes es solo la primera fase del recetario acordado: «Los próximos pasos serán eliminar el subsidio a la gasolina en enero de 2027, el gas natural destinado a la generación eléctrica y el gas licuado de petróleo (GLP)».
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) actualizará periódicamente la tarifa en función de dos variables externas desreguladas: la cotización del crudo en el mercado internacional (afectado por las tensiones en Medio Oriente) y las fluctuaciones del tipo de cambio flexible.
El Gobierno defiende el ajuste y advierte con sanciones
Ante el rechazo social, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, convocó al diálogo pero advirtió que no se tolerarán bloqueos ni medidas de fuerza mientras rija el régimen excepcional:
- Argumento fiscal: Aramayo afirmó que sostener los carburantes subvencionados demandaba 55 millones de dólares semanales (alrededor de 2.600 millones de dólares anuales), beneficiando solo al 7% de los hogares pobres y alimentando el contrabando fronterizo.
- Medidas de contingencia: Anunció la activación del bono PEPE y una línea de créditos preferenciales de hasta 800 millones de dólares al 6% de interés anual para transportistas de carga, gremiales y artesanos.
- Advertencia legal: El ministro remarcó que las carteras de Defensa y Gobierno tomaron previsiones operativas, señalando que «en el Estado de Excepción van a haber sanciones para quienes vayan en contra de la vigencia plena del Estado de Derecho».
La fijación del combustible a niveles casi idénticos a los del mercado peruano coloca a la producción boliviana en una desventaja competitiva crítica frente a Brasil y Argentina, trasladando toda la presión del ajuste estructural a los costos de transporte y al bolsillo de las familias trabajadoras.
La promesa electoral de 2025 frente a la conformación del gabinete
Durante la campaña previa a las elecciones generales de 2025, el entonces candidato Rodrigo Paz mantuvo una postura categórica de rechazo al financiamiento del organismo internacional. En declaraciones públicas, el postulante afirmó textualmente: «Yo no voy a ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 12 mil millones de dólares que después llegarán al país y a los primeros que les voy a entregar es a un grupo llamado ahorristas… 1.500 millones para los poderosos y sólo 500 para los verdaderos medianos y pequeños ahorristas».
En esa misma etapa, el dirigente cuestionó con dureza a figuras técnicas que posteriormente integraron su núcleo de confianza. Entre ellas figuraba José Luis Lupo, a quien criticaba públicamente calificándolo de «experto en endeudarse y pedir créditos», garantizando a los electores que bajo su administración no se transitaría por esa vía. Sin embargo, al asumir la conducción del Estado, Lupo fue designado ministro de la Presidencia y se convirtió en uno de los principales interlocutores del actual esquema financiero.
