Las relaciones entre Bolivia e Israel fueron restablecidas a través de una discreta arquitectura de intermediación internacional operada al margen de las estructuras institucionales tradicionales, en momentos en que comisiones de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias denuncian crímenes de guerra y actos de exterminio en la Franja de Gaza . Registros de política exterior confirman que la administración del presidente Rodrigo Paz, con la articulación del consultor argentino Andrés «Andy» Rivas y el entonces canciller Fernando Aramayo, ejecutó un viraje diplomático para alinearse con Tel Aviv, ignorando la catástrofe humana y las resoluciones de tribunales internacionales sobre los territorios palestinos ocupados.
La intermediación reservada y el viraje en Washington
El acercamiento bilateral con el gobierno israelí no fue producto de un debate público ni de una concertación en el Legislativo, sino de una serie de misiones reservadas gestionadas por operadores extranjeros. El hito formal se concretó el 9 de diciembre de 2025 en Washington D.C., cuando el entonces canciller boliviano suscribió el restablecimiento de los lazos diplomáticos en la residencia del embajador israelí en Estados Unidos, acto en el que Rivas intervino como intermediario directo.
Durante esa misma gira, la delegación boliviana coordinó reuniones con el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) y centros de pensamiento conservadores como la Fundación Heritage. Este eje de cooperación se profundizó el 15 de julio de 2026, cuando los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Paraguay (Rubén Ramírez Lezcano) y Argentina (Pablo Quirno) sostuvieron un encuentro de articulación trinacional en la capital estadounidense con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, consolidando el alineamiento regional del bloque sudamericano con la administración israelí.
La devastación en Gaza: cifras de un genocidio documentado
Este giro geopolítico ocurre en simultáneo con el desarrollo de la campaña militar en el enclave costero iniciada el 7 de octubre de 2023, calificada formalmente como genocidio por comisiones de investigación de la ONU y entidades globales de derechos humanos :
- Víctimas mortales y heridos: Estimaciones e informes de organismos internacionales reportan entre 66.000 y 75.000 palestinos fallecidos . Casi el 70% de las víctimas fatales son mujeres y niños , contabilizándose más de 14.000 menores de edad asesinados (un promedio crítico que ha alcanzado picos de hasta 178 niños al día) . Los heridos superan los 100.000, con más de un millar de menores que han sufrido amputaciones de extremidades .
- Ataques a personal esencial: Más de 600 profesionales de la salud han perdido la vida en bombardeos dirigidos contra recintos hospitalarios, centros médicos y ambulancias .
- Desplazamiento forzado y hambruna: Entre el 80% y el 90% de la población de Gaza (más de 2,2 millones de personas) ha sufrido desplazamientos forzados múltiples . A su vez, nueve de cada diez familias apenas acceden a una comida diaria, provocando que uno de cada tres niños padezca desnutrición crónica y retraso en el crecimiento . Al menos 17.000 infantes han quedado en condición de orfandad total .
- Destrucción de infraestructura civil: Más del 70% de las viviendas e instalaciones residenciales han sido arrasadas o dañadas gravemente, sumado al colapso sistemático de escuelas, universidades, mezquitas, redes de agua potable y plantas de saneamiento .
Calificaciones legales: crímenes de guerra y lesa humanidad
La dimensión del daño civil motivó pronunciamientos de máxima gravedad en el ámbito del derecho internacional. Una comisión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó formalmente la existencia de pruebas fundadas para determinar que las fuerzas israelíes ejecutan actos constitutivos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad .
Dichas conclusiones han sido respaldadas por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio, las cuales documentaron el uso deliberado del asedio, el corte de suministros vitales y el bombardeo sistemático contra zonas densamente pobladas como métodos de castigo colectivo.
Bolivia, al estrechar lazos íntimos con Israel, es parte de esto; no solo la nueva política exterior lo avala, sino que lo apalude.
Bolivia figura entre los 12 países que votaron en contra de una resolución de las Naciones Unidas que exige a Israel permitir y facilitar el trabajo de las agencias de la ONU y de las organizaciones humanitarias que prestan servicios esenciales a millones de personas en Gaza. EL servilismo hacia el sionismo es apabullante.
En total, 139 países respaldaron la resolución, 19 se abstuvieron y 12 la rechazaron: Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Fiji, Hungría, Israel, Micronesia, Nauru, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Tonga.
El dilema ético e institucional de la política exterior boliviana
El alineamiento del Gobierno boliviano con Tel Aviv representa una ruptura histórica con la tradición de defensa de los derechos humanos y el derecho internacional en foros multilaterales. La normalización de acuerdos bilaterales en medio del exterminio poblacional en Gaza coloca al país en una posición de corresponsabilidad política ante la comunidad internacional.
La participación de consultores sin designación formal en la conducción de estos acercamientos añade un componente de opacidad institucional. Al delegar la inserción internacional del Estado a redes no fiscalizadas y actores externos, la actual administración no solo convalida tácitamente las acciones bélicas condenadas por la ONU, sino que subordina la diplomacia nacional a intereses geopolíticos ajenos a la soberanía y la legalidad constitucional, y a un genocido que no debe quedar impune.
