Reescribir la Carta Magna para achicar la soberanía se ha convertido en el denominador común de las fuerzas conservadoras y liberales en América Latina. Lejos de las históricas asambleas constituyentes orientadas a ampliar derechos sociales y blindar el patrimonio público, la actual oleada de reformas constitucionales impulsada por líderes y partidos de derecha en la región busca institucionalizar Estados reducidos, funcionalmente dóciles al capital transnacional y subordinados a las directrices geopolíticas de EEUU.
Bajo el argumento recurrente de «atraer inversiones», «combatir el déficit» o «enfrentar al crimen organizado», los proyectos en debate dentro del cono sur y la región andina apuntan a desmantelar los cerrojos constitucionales que protegían sectores estratégicos, privatizar recursos naturales y otorgar mayores potestades coercitivas y de excepción al Ejecutivo, consolidando lo que analistas internacionales denominan la reactivación de la influencia hemisférica estadounidense.
Bolivia: El plan para desmontar 111 artículos, Reescribir la Constitución para menor soberanía
En Bolivia, el debate constitucional cobró impulso formal en agosto de 2026 a través de dos iniciativas coordinadas desde la oposición legislativa:
- La propuesta de Jorge «Tuto» Quiroga: El 17 de agosto de 2026, en el auditorio del Colegio de Abogados de Cochabamba, el expresidente Jorge Tuto Quiroga presentó una propuesta de reforma constitucional que contempla modificar o abrogar 111 artículos a partir del Artículo 145 de la Carta Magna. Quiroga justificó su proyecto bajo cinco ejes: apertura económica («para salvar la economía»), reforma judicial, facultades fiscalizadoras al Parlamento, autonomía contra el centralismo y digitalización. El expresidente admitió que busca una reforma parcial vía dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y posterior referéndum (Art. 411 CPE), señalando la urgencia de eliminar las restricciones a la inversión privada.
- El proyecto de Carlos Alarcón (Bancada Unidad): El 19 de agosto de 2026, la Presidencia de la Asamblea Legislativa, presidida por Edmand Lara, remitió a la Comisión Mixta de Constitución el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Alarcón. La iniciativa busca la «desconstitucionalización» de alrededor de 30 artículos para degradarlos a rango de ley ordinaria. Alarcón plantea eliminar los «candados constitucionales» que impiden modificar el modelo económico, flexibilizar las garantías para inversiones extranjeras y sustituir la elección popular de magistrados por un sistema de méritos.
Estas propuestas buscan despojar a la Constitución de 2009 de su carácter nacionalizador e industrializador, allanando el camino para que los recursos estratégicos (hidrocarburos, litio y tierras raras) puedan ser transferidos con mayor facilidad a corporaciones transnacionales.
Ecuador: El revés de Daniel Noboa y el intento de restaurar bases de EEUU
El uso de mecanismos constitucionales para reconfigurar el Estado tuvo un antecedente directo en Ecuador. En noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa convocó a un referéndum de cuatro preguntas que buscaba convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución a su medida y derogar el texto de 2008.
Entre los puntos neurálgicos de la iniciativa figuraba la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano (vigente desde 2008), con miras a permitir el reingreso de tropas e instalaciones de EEUU bajo la narrativa de la «guerra contra el narcotráfico».
Sin embargo, el proyecto sufrió un rotundo fracaso en las urnas: el «No» se impuso en las cuatro preguntas con más del 60% de rechazo, frustrando el intento del Ejecutivo de subordinar la soberanía territorial a la agenda militar del Pentágono.
Argentina: Borradores libertarios para concentrar el poder
En Argentina, bajo la administración de Javier Milei, la estrategia constitucional apunta a debilitar la representación parlamentaria y concentrar facultades en el Ejecutivo.
De acuerdo con investigaciones periodísticas reveladas en 2026 por el portal REALPOLITIK, los asesores presidenciales Santiago Caputo y Sebastián Pareja trabajan en borradores reservados para una reforma constitucional poscomicios que contempla:
- La extensión del mandato presidencial a cinco o seis años.
- La transformación del Congreso Nacional en un sistema unicameral, suprimiendo el Senado y eliminando la representación equitativa de las provincias, lo que desmantelaría contrapesos legislativos y facilitaría la aprobación expedita de medidas de ajuste y venta de tierras fiscales.
Esta iniciativa se alinea con los intentos de desregulación ambiental y extranjerización de tierras (como el intento de flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Tierras), orientados a permitir la compra de nacientes de agua, pasos fronterizos y glaciares por parte de capitales foráneos.
Chile y Colombia: Excepción militar y capitales regionales
El fenómeno se replica en otros países de la órbita conservadora:
- Chile (José Antonio Kast): El 17 de agosto de 2026, el Gobierno ingresó al Senado con suma urgencia un proyecto de reforma a la Constitución para crear un nuevo estado de excepción de hasta 120 días bajo la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La enmienda permite la suspensión de derechos civiles (reunión, asociación, privacidad de comunicaciones) y pone las zonas intervenidas bajo control directo de un Oficial General de las Fuerzas Armadas, reforzando la militarización interna.
- Colombia (Abelardo De La Espriella): El 22 de julio de 2026, el presidente electo anunció la presentación de un proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución y declarar a Barranquilla como «capital alterna», buscando descentralizar la presencia estatal mientras emite ultimátums de sometimiento por la fuerza a grupos irregulares bajo la doctrina de seguridad dura.
- Brasil (Antecedente Bolsonaro 2019-2021): Durante su gestión, Jair Bolsonaro modificó la Carta Magna en 2019 mediante una drástica reforma del sistema de pensiones (Previsión Social) que recortó derechos laborales para generar un ahorro fiscal de más de 1 billón de reales al sector financiero privado. Esto benefició al sector privado, a los financieros, a los banqueros, a los ultrarricos. Además de intentar reformar el sistema administrativo y el voto digital.
El marco geopolítico: Asimetría estructural y la «Doctrina Donroe»
El trasfondo de estas modificaciones normativas encuentra explicación en la relación histórica de asimetría entre Washington y la región. En un extenso análisis publicado por el portal especializado Diplomacia Activa (diploactiva.com), los investigadores internacionales abordan cómo las reformas estructurales en el sur responden a las necesidades de seguridad y control de suministros de la potencia del norte:
- La brecha institucional: Citando a Douglass North, William Summerhill y Barry Weingast (Order, Disorder and Economic Change), y al historiador Francisco Corigliano, Diplomacia Activa explica que América Latina ha carecido históricamente de reglas duraderas y consensuadas debido a instituciones inestables y caudillismos, lo que ha facilitado la imposición de recetas externas bajo el principio de «divide y reinarás».
- Las «Periferias Turbulentas»: En la categorización de Roberto Russell y Fabián Calle citada por el medio, la región andina (Bolivia, Ecuador, Perú) y el cono sur constituyen anillos de interés estratégico donde EEUU busca control político, recursos naturales (litio, hidrocarburos, tierras raras) y contención del crimen organizado para evitar que caigan bajo la influencia de potencias rivales como China o Rusia.
- El «Corolario Trump» y la Doctrina Monroe: Como señala la analista Candela Mascetti y la Dra. Jessica De Alba-Ulloa (Universidad Autónoma de Nuevo León / College of the Holy Cross), la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense actual actualiza la Doctrina Monroe de 1823: busca frenar la penetración de Pekín en el «patio trasero» exigiendo a los gobiernos latinoamericanos desregular sus economías, eliminar trabas constitucionales a la exportación de commodities y alinear sus sistemas legales a las necesidades del mercado anglosajón.
Reescribir la Constitución para tener gobierno débiles y sumisos a EEUU
La ofensiva de reformas constitucionales en América Latina no es un proceso aislado ni meramente técnico. Representa una estrategia deliberada de las fuerzas de derecha para vaciar a los Estados de sus capacidades reguladoras, eliminar la protección soberana sobre los recursos naturales y someter los marcos jurídicos al arbitraje y las demandas geopolíticas de EEUU. Al rebajar el rango de las garantías constitucionales a simples leyes modificables por mayorías coyunturales, se condiciona el futuro de la región, dejando a los pueblos con Estados institucionalmente débiles, coercitivos en lo interno y sumisos en el escenario global.
