¿Es Bolivia un país ecocida? Leamos para entender la respuesta

Una pregunta inevitable cruza el debate nacional: ¿Es Bolivia un país ecocida? Todos los años: incendios, mayor costo de la carne, deforestación, avance de la minería aurífera, contaminación. Una noticia sobre estos temas de hace cinco años puede ser la misma que ahora. La geografía boliviana arde, los ríos amazónicos corren envenenados por mercurio, las reservas naturales son entregadas a la voracidad de la minería ilegal y los bosques milenarios son arrasados por la agroindustria a un ritmo que desafía la lógica de la supervivencia.

Hay que mirar los escritorios de los ministerios, las cartas orgánicas de los bancos, los despachos judiciales y los decretos que, bajo la promesa de reactivación económica, han institucionalizado un modelo donde la desgracia de la patria es la bendición de unos pocos. La crisis ambiental que hoy asfixia a Bolivia no es un accidente climático ni un fenómeno fortuito; es el resultado de un sistema extractivista, voraz y corrupto que se alimenta de la escasez de dólares, la devaluación y la impunidad política.

¿Somos los condenados que alimentamos a nuestro propio diablo, lo alimentamos con algo llamado Bolivia?

La economía del fuego: Tarija bajo el humo y la negligencia presupuestaria

El año 2026 arrancó con promesas de “control”, pero la realidad en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Cochabamba ha demostrado lo contrario. Mientras el Ministerio de Defensa y el de Obras Públicas anunciaban por los medios que los incendios forestales estaban “contenidos” y que no existían comunidades en riesgo, las llamas ingresaron con furia a los barrios, a las comunidades rurales y a la mítica Reserva Biológica de Sama.

Vecinos desesperados como Elisabeth Carreras Paz, desde El Rincón de la Victoria, clamaban por ayuda ante la impotencia: “Los incendios llegaron a tal punto que se necesita tecnología para hacerlo por aire… como siempre, la burocracia de las instituciones públicas y sus protocolos son muy lentos”. Las ráfagas de viento de hasta 70 km/h descontrolaron los focos de calor en San Lorenzo y Cercado, obligando a pobladores a rociar sus propios techos con agua mientras el Estado respondía tarde y mal.

Sincericio: No hay resultados

Ante el panorama desolador que vivió Tarija donde el presidente, Rodrigo Paz, llegó cuando finalizaron los incendios. LA gobernadora de Tarija, María René Soruco, afirmó que no tuvieron un rol importante ni mucho menos significativo.

Yo les digo de verdad, los verdaderos héroes son las personas que han estado  ahí en primera fila, quiero felicitar a los bomberos voluntarios y a los de la  policía, a las fuerzas armadas, a nuestros soldados que realmente son incansables  porque yo les digo es hasta mentalmente agotador estar en primera línea de fuego ) atendiendo también al caos que se genera propio de un incendio por parte de la ) gente, de los afectados, entonces para ellos el respeto porque ¿saben qué? detrás  de cada uniforme uno no sabe quién está, es decir, no se busca protagonismo y creo que las autoridades tenemos que aprender a trabajar así, sin ningún tipo de  protagonismo, siguiendo el ejemplo de estas personas. Dijo Soruco.

Pero la realidad del presupuesto asignado para esa batalla dice que no aprecia mucho a esas personas. Mientras el departamento prioriza el pago de una pesada deuda pública que consume hasta el 23% de sus recursos, la gestión de riesgos opera con presupuestos de subsistencia (oscilando históricamente entre el 0,07% y el 0,81% del total anual).

La paradoja es trágica: la Gobernación recauda millones, pero se ve obligada a mendigar solidaridad ciudadana habilitando puntos de acopio en la calle General Trigo para pedir que la gente done colirios, barbijos y agua para los bomberos voluntarios. Con un presupuesto que roza la negligencia, el fuego en Bolivia no es una fatalidad natural, es una tragedia administrada por la desidia institucional.

La ruta de la impunidad: De las “narcomaderas” a las altas esferas del poder

El colapso ambiental de Bolivia tiene un socio invisible pero omnipresente: el narcotráfico de cuello blanco. La depredación de los bosques tropicales y la apertura de caminos clandestinos no solo responden a la frontera agrícola, sino a la más grande red de blanqueo de dinero y exportación de cocaína de la historia reciente: el escándalo de las “narcomaderas”.

El 8 de mayo de 2026 estalló un megaoperativo internacional coordinado por la Fiscalía de Arica (Chile), que destapó cómo una red logró movilizar 108 toneladas de droga (cocaína y ketamina), valuadas en 8.334 millones de dólares, utilizando como fachada la exportación de madera legal. El método fue un salto criminal sin precedentes: la “madera impregnada”, donde la droga estaba adherida químicamente a los listones, haciéndola invisible a los escáneres y canes antidrogas. Al menos 15 empresas bolivianas operaban este esquema desde Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y El Alto, enviando contenedores a Hamburgo, Amberes y Le Havre.

Lejos de asumir una postura de investigación profunda, el Gobierno de Rodrigo Paz adoptó una ambivalente estrategia de defensa. Mientras el vocero presidencial, José Luis Gálvez, intentaba desmarcarse asegurando que las pruebas preliminares en Chile y Brasil daban “negativo” y exigía un “resarcimiento de imagen” para el sector forestal, las fiscalías internacionales respondieron de inmediato: la investigación sigue vigente y con diligencias en curso.

Este entramado de impunidad no se explica sin la complicidad de las altas esferas. Como señala el investigador Wilson García Mérida (Sol de Pando), detrás de las toneladas de droga opera una clase elitista, “jailones” que habitan en los condominios más exclusivos del Urubó. La red cuenta con la protección de una estructura estatal donde policías, fiscales, jueces y ministros operan como un eslabón lucrativo.

Aclaraciones que osurecen

La descomposición institucional se coronó en el principal aeropuerto del país, Viru Viru, donde la sombra del crimen organizado opera a sus anchas. En menos de seis meses, la terminal aérea ha sido escenario de tres eventos de alto impacto: las 32 maletas misteriosas que ingresaron con un pasaporte diplomático anulado y portando marihuana líquida y divisas (caso por el cual cumple detención preventiva la exdiputada Laura Rojas); el hallazgo de cuatro fusiles de guerra AK-47 ocultos en equipajes; y, más recientemente, la incautación de 189,5 kilogramos de oro valorados en 25 millones de dólares que pretendían ser enviados a Dubái con un código QR falsificado de Senarecom.

Oro oro oro

Lo escandaloso de este último caso no fue solo el bache de 22 kilos de oro “desaparecidos” entre el primer pesaje (211 kg) y el reporte oficial (189 kg), sino la revelación de una llamada tripartita de madrugada entre el presidente de la Aduana, Alberto Soto de la Vía, el director de Senarecom, Armando Magne (quien advirtió que la carga era ilegal), y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en medio de un operativo donde cinco de los seis aprehendidos fueron liberados de manera exprés tras llamadas telefónicas y la intervención de una capitana de policía, mientras uno de los detenidos aguardaba órdenes comunicándose con un misterioso “Ministro”.

El festín aurífero: Rodrigo Paz cumple con los mineros y entrega áreas protegidas

Si los bosques del oriente se queman por negligencia y se lavan por el narcotráfico, los ríos de la Amazonía y las reservas nacionales son entregados sistemáticamente al ecocidio minero. En una demostración de sumisión ante la presión corporativa, el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, anunció con bombos y platillos la liberación de 1,5 millones de cuadrículas mineras, equivalentes a 33.000 nuevas áreas de trabajo en todo el país.

veneno

El acuerdo con Fencomin no solo legaliza la destrucción de parques nacionales, sino que institutionaliza la captura del Estado. Los puntos 6 y 7 del pacto otorgan a los cooperativistas cargos estratégicos dentro de la estructura administrativa de la estatal COMIBOL y un puesto de poder en la Caja Nacional de Salud (CNS), a la espera de asegurarles un asiento permanente en su directorio. Las cooperativas mineras, además de depredar, ahora cogobiernan las instituciones de salud y minería del país.

Este festín extractivista tiene rostros y cifras alarmantes. La minería aluvial de oro sobrevive gracias a un veneno implacable: el mercurio. A pesar de haber ratificado el Convenio de Minamata en 2015, Bolivia se ha convertido en el único “incordio” y parásito ambiental de Sudamérica que no ha prohibido la importación de mercurio. Entre 2014 y 2023, el país importó 1.285 toneladas de esta sustancia altamente tóxica. El mercado negro opera libremente en Facebook Marketplace, donde el kilo de “azogue” se vende entre 3.500 y 8.000 bolivianos.

Datos

La coordinadora del programa de Mercurio del CINCIA, Claudia Vega citada en Mongbay, advierte que el mercurio cruza la barrera placentaria humana, acumulándose en el cerebro de los fetos y provocando daños neurológicos irreversibles. Estudios en el norte de La Paz han demostrado que el 74,5% de la población indígena participante en muestras científicas superaba hasta por 20 veces los rangos máximos tolerables de mercurio en sangre debido al consumo de peces contaminados.

Mientras tanto, la administración de Rodrigo Paz celebra la celeridad administrativa al ordenar a la AJAM regularizar 5.400 contratos mineros en solo tres meses, ignorando que esta expansión minera amenaza directamente la supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) —como los Araona, Ayoreo, Tsimane y Yuqui—, empujándolos al borde de la extinción cultural y física. LA Revista Nomadas en 2015 denunció que los Pueblos indígenas denunciaron exclusión en el plan para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera. No son tomados en cuenta en las decisiones acorde a nuestra Constitución.

La arquitectura de la desgracia: Cómo la banca, el agronegocio y el oro se benefician de la agonía de Bolivia

Para entender cabalmente la dimensión de este ecocidio es imperativo conectar la destrucción ambiental con la macroeconomía de la crisis. En la Bolivia contemporánea se ha consolidado un modelo perverso donde la desgracia del país es la bendición para los sectores de élite. Mientras la clase media se encoge, la pobreza salta al 47% (según la Fundación Jubileo), el dólar se dispara por encima de los 11 bolivianos (acumulando una devaluación del 13,22% en apenas 17 días de julio de 2026) y la canasta básica se vuelve inalcanzable, la banca, el agronegocio cruceño-beniano y los mineros auríferos acumulan ganancias obscenas.

Este engranaje financiero, desmenuzado en investigaciones como “Las Finanzas Grises del Agronegocio en Bolivia” de Stanislaw Tadeusz Czaplicki Cabezas, opera mediante un ciclo exacto de transferencia de riqueza pública hacia manos privadas:

1.- El combustible de la Gestora: 

La banca privada en Bolivia moviliza sus operaciones no solo con capital propio, sino apalancándose masivamente en los fondos de la Gestora Pública (el dinero de las jubilaciones de todos los bolivianos), un fondo casi 10 veces más grande que todo el sistema bancario nacional. Estos recursos son canalizados hacia la agroindustria y la ganadería a tasas preferenciales bajísimas (hasta del 2%).

2.- El agronegocio deforestador: 

La agroindustria utiliza estos capitales para expandir la frontera agrícola (soja, maíz, sorgo, carne bovina) a costa de la deforestación masiva. El sector ganadero, representado por Fegasacruz, presiona cínicamente para liberarse por 7 años de la Función Económica Social (FES), buscando una licencia legal para quemar y arrasar lo que queda de los bosques.

3.- La fuga de divisas y el negocio cambiario: 

Estos sectores producen commodities que exportan a precios internacionales en dólares. Sin embargo, esos dólares no retornan al país ni ingresan al Banco Central. Las empresas mantienen las divisas en el extranjero o en cuentas privadas, mientras adquieren deudas millonarias en bolivianos dentro del país. Con la brutal devaluación de la moneda nacional, terminan pagando sus préstamos con dinero pulverizado, generando una ganancia limpia y monumental.

4.- La complicidad de la banca: 

Al mismo tiempo, la banca privada (cuyos directivos controlan además conglomerados mediáticos como Unitel o Red Uno) limita la entrega de dólares a los ciudadanos comunes al tipo de cambio oficial, obligándolos a lidiar con un mercado paralelo que oscila entre 16 y 18 bolivianos, quedándose con márgenes de reventa extraordinarios. Al primer trimestre de 2025, la banca registró utilidades por 36 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 15,9% y un ROE sumamente lucrativo.

A este esquema se suma la minería aurífera cooperativista, un sector blindado por privilegios fiscales intolerables. Mientras la minería del oro representa el 23% de todas las exportaciones del país (2.485 millones de dólares), su aporte tributario es irrisorio. Gozan de una regalía mínima de apenas el 2,5% (que baja al 1,5% en mercado interno) y, al estar catalogadas falsamente como “entidades sin fines de lucro”, están exentas de pagar el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), lo que constituyó una subvención indirecta de 522 millones de dólares solo en 2022.

Si a esto le sumamos los 300 millones de dólares anuales en subvención al diésel que el Estado les regaló para mover sus maquinarias y dragas en los ríos, el cálculo de OXFAM en A Fuego y Mercurio es lapidario: en 2022 el Estado boliviano subvencionó directa e indirectamente a las cooperativas mineras con 977 millones de dólares (cifra que treparía a 1.238 millones si pagaran los impuestos de una empresa privada regular). Es decir, la mitad de lo que entra por exportación de oro es devuelto a los cooperativistas en subsidios estatales, mientras las arcas públicas quiebran y el sistema de salud y educación agoniza.

Bolivia en el ranking mundial de la destrucción forestal

Los efectos combinados de este modelo político-financiero sitúan a Bolivia en el centro de la catástrofe ambiental planetaria. El informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, Global Forest Watch y World Resources Institute (WRI) reveló que el mundo perdió 4,3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025.

En este trágico ranking mundial, Bolivia volvió a ocupar el segundo puesto como el país con mayor pérdida de bosques tropicales en todo el planeta, superado únicamente por Brasil y encontrándose por delante de potencias territoriales como Perú y Colombia. La expansión agropecuaria descontrolada, la ganadería extensiva y los incendios forestales alimentados por el cambio climático han convertido al territorio boliviano en un “foco rojo” permanente.

El informe advierte que, a diferencia de Brasil o Colombia —que lograron frenar significativamente su tasa de deforestación gracias a rigurosas políticas públicas y planes de control (como el PPCDAm de Lula da Silva)—, en Bolivia “hay pocas indicaciones de que sea probable que el país tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria”. Las normas que facilitan desmontes continúan vigentes, la colonización de tierras fiscales hacia el departamento de Beni avanza sin pausa y el fuego se utiliza impunemente como herramienta de desmonte.

¿Es Bolivia un país ecocida?

Volvemos al inicio para cerrar el círculo de esta dolorosa radiografía: ¿Es Bolivia un país ecocida?

La respuesta es un rotundo y doloroso sí.

Permitimos que el Estado lo haga, hasta no ser mayoría los que se opongan a estas leyes, seremos un país ecocida.

Bolivia se ha convertido en un Estado ecocida porque su estructura de poder ha decidido mercantilizar la naturaleza para subsidiar una crisis fiscal insostenible y enriquecer a una oligarquía financiera, agroindustrial y minera. Es un país ecocida porque un millón de bolivianos destinados a emergencias en Tarija contrastan con los miles de millones destinados a rescatar bancos o perdonar a exportadores evasores de divisas.

Lo es porque sus ríos están saturados de mercurio que deforma a las nuevas generaciones indígenas, mientras los ministros firman actas entreguistas que abren las áreas protegidas a las cooperativas. Es un país ecocida porque los bosques arden no por maldición divina, sino porque “es más barato quemar que no hacerlo”, y porque destruir el medio ambiente se ha convertido en el negocio más rentable del país.

Mientras el país continúe administrado bajo la lógica de que la desgracia nacional es la bendición de los barones de la soya, la banca y el oro, los bolivianos no solo seguirán perdiendo sus ahorros frente a un dólar desbocado y una inflación asfixiante, sino que terminarán heredando un territorio arrasado: un desierto de cenizas y ríos muertos donde la vida, sencillamente, se habrá vuelto imposible.

Los que habitamos el país no somos solo humanos, pero los humanos somos los encargados de su conciencia, de moldear sus leyes, prácticas, cultura, y de hacerlo mejor. En nuestro caso, peor.

La Economía del Fuego y el Saqueo en Bolivia

Eje Temático	Indicador / Dato Clave	Contexto / Fuente de Referencia	Impacto Estructural en Bolivia
Ranking Mundial de Deforestación	2° Lugar Global en pérdida de bosques primarios tropicales (2024-2025).	Informes anuales de Global Forest Watch (GFW) y el laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland (WRI).	Bolivia aporta desproporcionadamente (cerca del 14%) a la pérdida global de bosques, superando a la República Democrática del Congo pese a tener menor superficie forestal.
Pérdida de Cobertura Forestal	Más de 818.000 hectáreas destruidas solo en 2025 (y récords históricos previos de más de 1,8 millones en 2024).	Datos procesados por Global Forest Watch y analizados por Revista Nómadas y Mongabay Latam.	Los incendios forestales intencionados y la expansión agropecuaria (ganadería y soja) están arrasando ecosistemas vitales en Santa Cruz, Beni y reservas como Sama.
Desidia Presupuestaria (Tarija) Santa Cruz sigue el mismo parámetro	0,23% del presupuesto (Bs. 1.000.000) destinado a Gestión de Riesgos y Emergencias en el POA 2026.	Análisis técnico de los Planes Operativos Anuales (POA) del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (2014-2026).	La prevención de incendios opera con recursos de subsistencia, obligando a mendigar solidaridad ciudadana (agua, colirios) mientras se prioriza el pago de deuda pública (23%).
Subsidios a la Minería Aurífera	USD 977 millones en subsidios directos e indirectos (2022).	Estudio de OXFAM (A Fuego y Mercurio) y datos del INE analizados por el sector.	El Estado subvenciona con diésel e impuestos no pagados (como el IUE al estar exentas) a las cooperativas mineras por un monto equivalente a la mitad de lo que exportan en oro.
Contaminación por Mercurio	1.285 toneladas importadas legalmente (2014-2023) sin restricciones efectivas.	Datos del INE procesados por el IBCE y registros del Convenio de Minamata.	Envenenamiento sistémico de ríos amazónicos; el 74,5% de la población indígena evaluada en el norte de La Paz supera hasta 20 veces los rangos seguros de mercurio en sangre.
Apertura de Áreas Protegidas	1,5 millones de cuadrículas mineras liberadas (33.000 nuevas áreas).	Acuerdo oficial entre el gobierno de Rodrigo Paz y FENCOMIN (mayo de 2026).	Institucionalización de la minería aurífera dentro de parques nacionales y territorios indígenas, violando sentencias del Tribunal Agroambiental y la CPE.
Crisis Cambiaria e Inflación	+13,22% de depreciación del dólar en 17 días (pasando de 9,83 a 11,13 Bs/USD entre el 6 y el 23 de julio de 2026).	Análisis técnico de La Pluma y la Espada sobre el nuevo régimen de flotación administrada del BCB.	La escasez de divisas y la indexación de precios disparan el costo de vida, pulverizando el poder adquisitivo de los salarios en bolivianos y encareciendo la canasta básica.
Finanzas Grises del Agronegocio	USD 2.569 millones invertidos indirectamente por fondos de pensiones y banca en la agroindustria.	Informe “Las Finanzas Grises del Agronegocio en Bolivia” (Stanislaw Tadeusz Czaplicki Cabezas).	El ahorro jubilatorio de los bolivianos (Gestora Pública) financia indirectamente la expansión de la frontera agrícola que impulsa la deforestación y los incendios.