La Cámara de Diputados ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, bajo un discurso oficial que celebra el retorno al “debate democrático” y la construcción de consensos. Sin embargo, detrás de la retórica política del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se esconde una realidad técnica que ha contradice al gobierno. El presupuesto aprobado carece de sustento en la realidad económica nacional.
La “fantasía” de los números
El análisis del economista, Gonzalo Colque es directo: el PGE 2026 no es una herramienta de gestión, sino un ejercicio de optimismo desconectado de los hechos. Según los datos, los ingresos del Estado han permanecido estancados desde 2021, sin superar nunca los 117.000 millones de bolivianos. No obstante, el Gobierno ha presupuestado para este año 180.000 millones.
Este salto del 54% en los ingresos proyectados en un solo año no tiene precedentes ni explicación lógica en el contexto actual. La misma tendencia se observa en los egresos, que pretenden escalar de 160.000 millones ejecutados en 2025 a 227.000 millones planeados para 2026, un incremento del 40%.
“La probabilidad de que se cumpla el PGE 2026 reformulado es, simplemente, cero”, sentenció Colque en su cuenta oficial de Facebook, advirtió que el Gobierno de Rodrigo Paz está replicando las peores prácticas de su predecesor, Luis Arce, inflar presupuestos para proyectar una solvencia que no existe en las arcas públicas.
El silencio cómplice de la Asamblea
Lo que el ministro Espinoza calificó como una “sana discusión democrática” de más de cinco horas, fue, para Colque, una muestra de la falta de capacidad técnica en el Legislativo. A pesar de la extensa deliberación, ninguno de los 130 diputados planteó la pregunta fundamental: ¿Cómo pretende el Ejecutivo aumentar los ingresos corrientes en un 54% en apenas 12 meses?
La aprobación por más de dos tercios de los votos, lejos de ser un triunfo de la democracia, se percibe como un aval político a un plan financiero que promete dinero que el Estado no tiene ni tendrá. Al evitar el cuestionamiento técnico, la Asamblea ha validado un instrumento que, en la práctica, es inaplicable.
¿Continuidad de los “viejos males”?
El análisis sugiere que la administración de Rodrigo Paz ha optado por la continuidad de las políticas de “maquillaje presupuestario”. Al inflar las cifras, el Gobierno no solo engaña a la opinión pública, sino que genera una falsa sensación de estabilidad que podría derivar en una crisis de expectativas cuando la ejecución presupuestaria choque inevitablemente con la realidad de la recaudación.
Mientras el Ejecutivo celebra el consenso y la “certidumbre” generada por este presupuesto, la economía boliviana sigue enfrentando el estancamiento de sus ingresos. La aprobación de este PGE Reformulado no resuelve la falta de divisas ni la caída de la producción, sino que posterga el problema, dejando al país con un plan de gastos que, según los expertos, es poco más que una pieza de ficción contable.
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