Las filas en los surtidores de Bolivia no solo se mantienen, sino que se han convertido en el símbolo de una crisis que parece no tener fin. A pesar de que los bloqueos de carreteras fueron levantados hace dos semanas, el suministro de diésel y gasolina sigue siendo irregular, obligando a transportistas y productores a esperar días enteros para abastecerse. La incertidumbre es total: mientras el Gobierno pide paciencia, los sectores afectados exigen respuestas claras sobre una escasez que ya no puede atribuirse únicamente a conflictos sociales.
La crisis de los surtidores: “No tenemos bola de cristal”
La respuesta oficial ha generado indignación. Ante la consulta sobre cuándo se normalizará el abastecimiento, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, admitió no tener una fecha exacta, señalando que no posee una “bola de cristal” para predecir la situación. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha advertido que el presidente Rodrigo Paz tomará “decisiones drásticas” y “jaladas de oreja” si la situación no mejora en los próximos días, asegurando que el dinero y el plan para regularizar el suministro existen.
Sin embargo, para la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, las promesas son insuficientes. Su dirigente, Lucio Gómez, ha dado un plazo de 48 horas al Gobierno para que explique la verdad: “¿Falta plata? ¿Falta responsabilidad? Ya no toleramos más”, cuestionó, denunciando que el sector ha sido tomado como “rehén” de una gestión ineficiente.
El factor oculto: ¿Gasolina contaminada por intereses privados?
La escasez no es el único problema. El desabastecimiento convive con denuncias sobre la pésima calidad del combustible. El economista Gonzalo Colque ha señalado que la “gasolina basura” que está dañando los motores de miles de vehículos sería consecuencia de una mezcla excesiva de etanol. Según Colque, la presión de los agroindustriales cañeros para vender más alcohol al Estado habría llevado a mezclas de hasta un 25%, superando los límites técnicos permitidos.
Esta situación, sumada a la falta de controles de laboratorio transparentes, ha generado un mercado negro donde el combustible se comercializa de forma clandestina a precios que alcanzan los Bs 13 por litro, mientras los surtidores oficiales permanecen vacíos.
Sectores productivos y transporte en jaque
El impacto económico es devastador:
- Transporte público: En Santa Cruz y La Paz, las flotas operan al 50% de su capacidad, con buses inmovilizados en filas interminables.
- Agropecuaria: Productores de los valles cruceños advierten que la falta de diésel pone en riesgo la cosecha de caña y la siembra de soya.
- Exportaciones: Sectores como el cacao en el trópico de Cochabamba reportan dificultades para cumplir con pedidos internacionales hacia Europa y Chile.
La migración hacia lo eléctrico: Una salida de emergencia
Ante la crisis, muchos bolivianos han optado por la electromovilidad. Según datos de la Associated Press (AP), el parque automotor eléctrico en Bolivia ha crecido exponencialmente, pasando de 500 a más de 3.300 vehículos en cinco años. Ciudadanos como Simón Huanca, un artesano de El Alto, han decidido importar vehículos eléctricos para dejar de depender de un combustible que, además de escaso, es caro y dañino para sus motores.
¿Hacia una reestructuración de YPFB?
El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, ha sido tajante al calificar a YPFB como una “bomba de tiempo”. Ríos sostiene que la empresa estatal requiere una reestructuración profunda, ya que el exceso de regulación y la falta de capacidad operativa están agravando la crisis. Mientras el Gobierno insiste en que el abastecimiento se normalizará pronto, la población exige certidumbre y transparencia en un sector que, históricamente, ha sido el pilar de la economía nacional y que hoy se encuentra al borde del colapso.
Spanish 
English