La Aduana Nacional atraviesa un periodo de alta tensión institucional tras las denuncias del diputado Rolando Pacheco, quien señaló la incorporación de exfuncionarios con antecedentes judiciales y administrativos en cargos jerárquicos. Según el legislador, la institución estaría siendo utilizada como un espacio de beneficios personales en lugar de cumplir con una gestión técnica y transparente.
Pacheco, quien vinculó a estos funcionarios con presuntos daños económicos cometidos durante su gestión municipal en Santa Cruz, cuestionó la falta de rigor en los filtros de selección. “Lo mínimo que se tiene que presentar son antecedentes penales y judiciales, pero al parecer ya no es requisito”, afirmó el parlamentario, al tiempo que anunció la presentación de un proyecto de ley para endurecer los mecanismos de control en el acceso a cargos públicos.
El giro en el discurso de Alberto Soto en el caso de la Aduana Nacional de funcionarios con antecedentes judiciales
El presidente de la Aduana, Alberto Soto de la Vía, quien enfrenta una investigación por presunto incumplimiento de deberes, respondió a los cuestionamientos con una contraacusación que ha generado confusión por sus inconsistencias.
Durante la última semana, Soto sostuvo ante diversos medios que un periodista lo había presionado para obtener beneficios dentro de la entidad. Sin embargo, este lunes, al ser consultado por el periodista John Arandia sobre la identidad del comunicador y las pruebas que sustentaran tal acusación, Soto cambió su versión. El funcionario admitió que no fue ningún periodista, sino el diputado Pacheco quien habría mencionado el nombre de un comunicador para intentar, supuestamente, gestionar espacios de trabajo y recursos.
A pesar de la gravedad de la acusación contra un legislador, el titular de la Aduana no presentó pruebas documentales, audios o registros de mensajes que certifiquen el supuesto intento de extorsión o tráfico de influencias.
Exigen una investigación profunda
El senador César Mentasti calificó la situación como una muestra de un problema estructural dentro de la Aduana. “La Aduana está plagada de corrupción, por eso salen todas estas denuncias”, sentenció, demandando que el Ministerio Público, el Ejecutivo y la Asamblea realicen una investigación con celeridad para recuperar la credibilidad de la institución.
Por su parte, analistas y otros actores políticos han cuestionado la falta de pruebas por parte de la autoridad aduanera. Se espera que el diputado Pacheco brinde una respuesta formal ante los señalamientos, mientras el caso continúa bajo la lupa de la Fiscalía de La Paz, donde Soto ya se presentó en calidad de sindicado para declarar sobre las irregularidades en el ingreso de aeronaves durante los periodos de bloqueo.
Ahora se deberá determinar si la aduana Nacional tiene un caso de corrupción por contratar funcionarios con antecedentes judiciales.
Los audios filtrados: Un registro de presuntas irregularidades en el control de carga
Uno de los detonantes del caso es el registro de audio que expone una conversación sobre la gestión irregular de camiones y el pago de beneficios para asegurar el paso de mercadería. Esto señalaría que la Aduana Nacional estaría con funcionarios con antecedentes judiciales que ahora pesan importantes cargas.
La grabación, de poco más de cinco minutos, revela una compleja red de reclamos entre particulares por la pérdida de carga y la falta de transparencia en los reportes de ingreso a recintos controlados.
Los puntos clave que se desprenden del material son:
- Disputas por el ingreso de vehículos: La conversación evidencia un conflicto entre dos interlocutores respecto al ingreso no declarado de camiones. Uno de los participantes reclama haber perdido una cantidad significativa de dinero (estimada en 150.000 bolivianos) debido a que los vehículos no habrían ingresado según lo acordado o habrían sido interceptados.
- Manejo de “reportes” y espacios: El audio hace mención a “pagos” o “entregas” para garantizar el acceso al recinto. Se escucha a uno de los sujetos cuestionar al otro sobre el número real de vehículos involucrados, mencionando el pago de sumas de dinero por “entradas” o “espacios” para evitar controles.
- Evidencia de desconfianza: La charla deja en claro la existencia de un mecanismo de “acuerdo” que falló. Uno de los individuos acusa al otro de haberle mentido sobre la cantidad de camiones que estaban siendo procesados, lo que derivó en la retención de mercadería por parte de terceros (mencionados como “comunarios”).
- Indicios de un sistema paralelo: El contenido sugiere que la logística de transporte en la zona opera mediante un sistema de acuerdos informales o clandestinos que funcionan al margen de los procedimientos aduaneros legales. Las referencias a “denunciar” para evitar problemas o borrar rastros refuerzan la idea de una operatividad que busca evadir los controles oficiales mediante la complicidad interna.
Este material, cuya autenticidad y origen están siendo objeto de atención, aporta una dimensión operativa a las denuncias de corrupción, al mostrar cómo —en la práctica— se habrían estado negociando los espacios y la seguridad de las cargas dentro de la cadena logística aduanera. Las autoridades deben corroborar la autenticidad del audio para saber si la Aduana Nacional cuenta con funcionarios con antecedentes judiciales en altos cargos.
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