El proyecto de Ley de Acceso a la Información, recientemente sancionado por senadores, ha sido presentado por el Ejecutivo, de Rodrigo Paz, como un avance fundamental para la democracia boliviana. Sin embargo, tras el lenguaje técnico y garantista de sus artículos, existe una “transparencia cosmética” que, en la práctica, podría blindar la opacidad estatal en lugar de erradicarla.
Otra eprfumada a la realidad para tener menos trasnaprencia y cenwsura burocratica.
El espejismo de la transparencia
A primera vista, la norma parece cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos, alineándose con la Convención Americana sobre Derechos Humanos al reconocer el derecho a buscar y recibir información. El proyecto establece plazos, principios de gratuidad y, lo que es más relevante, prohíbe explícitamente invocar limitaciones en casos de violaciones de Derechos Humanos o actos de corrupción (Art. 12.III).
No obstante, el análisis detallado revela “trampas” procedimentales que, en las organizaciones de periodistas, siempre opacas, ahora han levantado la voz.
Las barreras que vulneran el derecho fundamental
El punto de mayor fricción es el Artículo 13, que exige la presentación de una fotocopia de la cédula de identidad para cualquier solicitud. Para los periodistas de investigación y activistas, este requisito constituye una forma de “censura indirecta”.
“Obligar a identificarse ante la misma entidad que se está investigando es exponer al solicitante a represalias o a ser incluido en listas negras”, advierten sectores de la prensa. Desde una perspectiva constitucional, esta exigencia viola el contenido esencial del Artículo 21.6 de la CPE, al imponer una barrera burocrática que desincentiva el ejercicio del derecho y atenta contra la seguridad de quienes fiscalizan al poder.
La “trampa” de la jerarquía: ¿Quién vigila al vigilante?
Otro de los pilares del proyecto es la centralización de los reclamos en las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Estas unidades dependen jerárquicamente de las mismas autoridades que podrían estar siendo investigadas. O sea, no puedes investigar a tu jefe; al menos, nadie lo hace y, si lo hicieran, es fácil: quedas removido del cargo.
Esta estructura garantiza la impunidad institucional, convirtiendo a estas unidades en órganos de protección política más que en entes de control. La falta de un Ente Rector Autónomo e independiente,fuera de la jerarquía ministerial, es, quizás, la mayor debilidad del proyecto, pues deja al ciudadano a merced de la discrecionalidad del funcionario.
Un procedimiento inconstitucional por su diseño
El proyecto, tal como está redactado, presenta una divergencia fundamental entre su forma y su fondo:
- La forma: Utiliza un lenguaje garantista que promete acceso irrestricto.
- El fondo: Diseña un procedimiento lento, burocrático y carente de efectividad ante los requerimientos.
La obligatoriedad de pasar por un filtro político interno antes de acudir a la vía judicial dilata los tiempos, afectando el derecho a la información oportuna. Además, el uso de términos vagos en el Artículo 12, como “daño a los intereses públicos”, otorga a las instituciones una discrecionalidad peligrosa para clasificar información como “reservada” simplemente para ocultar negligencia o corrupción.
La Ley de Acceso a la Información requiere cambios sustanciales, oscurece más que aclarar
Para que esta ley sea realmente un instrumento de democracia deliberativa y no un mecanismo de control, existen modificaciones urgentes:
- Eliminar la identificación obligatoria: Para proteger a investigadores y ciudadanos.
- Crear un Ente Rector Autónomo: Que dirima las negativas de información sin presiones políticas.
- Aplicar un “Test de Daño”: Para evitar que la clasificación de “secreto” sea utilizada arbitrariamente.
En su estado actual, la norma corre el riesgo de ser inconstitucional en su aplicación. Estamos ante una ley que promete luz, pero que, por su diseño procedimental, parece estar diseñada para mantener la opacidad, dejando al ciudadano común en una posición de indefensión frente a un Estado que, lejos de abrir sus archivos, ha creado un laberinto burocrático para proteger sus secretos.
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