Gasolinazo, el Gobierno de Rodrigo Paz ha puesto en marcha una “medida de shock combinada” que altera profundamente la estructura económica de Bolivia. A través del Decreto Supremo N° 5644 y la Resolución de Directorio del BCB N° 88/2026, el Ejecutivo ha trasladado el peso de la crisis de combustibles y la escasez de divisas directamente al mercado privado y, en última instancia, al ciudadano de a pie.
El fin del tipo de cambio fijo: La nueva realidad cambiaria
La Resolución N° 88/2026 del Banco Central de Bolivia (BCB) marca el fin de la era del dólar a 6.96 Bs. Al establecer un sistema de “flotación administrada”, el Tipo de Cambio Oficial (TCO) ahora se calculará diariamente como un promedio ponderado de las operaciones bancarias.
Este mecanismo obliga a los importadores privados de combustible a adquirir divisas en el sistema bancario a un precio que, por la alta demanda, tiende a subir constantemente. Al eliminar el tipo de cambio fijo, el Gobierno ha institucionalizado una devaluación diaria que afecta directamente el costo de los insumos importados.
DS 5644: La liberalización del combustible y el “precio de mercado”, o sea gasolinazo
El Decreto Supremo 5644 es la pieza que completa el engranaje. Al autorizar la libre importación y comercialización de carburantes por parte del sector privado a “precio de mercado” (Art. 6), el Estado se desentiende de la subvención y del control de precios.
La lógica es simple pero devastadora: si el dólar sube en el banco, el costo de importación del combustible aumenta. Como el importador privado no está dispuesto a perder margen de ganancia, el incremento se traslada automáticamente al surtidor. El ciudadano no solo paga el combustible, paga la devaluación de la moneda, gasolinazo.
Inflación encadenada: El efecto dominó en la canasta básica
La liberalización de los carburantes no es un hecho aislado; es un multiplicador de la inflación. El combustible es el motor de la cadena logística nacional:
- Transporte: El incremento en el diésel privado eleva los costos de fletes.
- Producción: Los productores agrícolas trasladan ese costo al precio de los alimentos.
- Consumo final: La madre de familia y el trabajador terminan pagando el precio de la devaluación en cada producto de la canasta básica.
Esta “inflación camuflada” genera un escenario donde los precios de los bienes de primera necesidad cambiarán al ritmo de la cotización diaria del dólar bancario, eliminando cualquier posibilidad de estabilidad económica para las familias bolivianas.
Riesgos de un sistema dual y desigual
El Art. 10 del DS 5644 permite la coexistencia de combustible subvencionado (YPFB) y combustible importado (privado). Esto crea un escenario de “dos Bolivias”:
- Para la mayoría: Filas interminables y escasez en los surtidores de YPFB.
- Para los sectores con poder adquisitivo: Acceso inmediato a combustible importado a precio de mercado.
Además, expertos advierten sobre el riesgo de especulación y el “huachicoleo”, donde el incentivo para mezclar combustible barato con importado para venderlo a precio elevado podría generar una corrupción sistémica en la red de surtidores.
El Estado se “lava las manos”
El Gobierno ha optado por una liberalización encubierta. Al reconocer que YPFB ya no puede garantizar el abastecimiento, ha cedido el mercado a privados, pero bajo una condición que protege al importador y desprotege al pueblo: todo el riesgo cambiario lo asume el consumidor final. Esta política marca el fin de la protección social y el inicio de una economía regida por la volatilidad del mercado, donde el costo de la crisis lo paga, inevitablemente, el bolsillo de la gente.
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