El sonido de los disparos ahogó el crepitar de las fogatas. Era la madrugada del 24 de junio de 1967, y los campamentos mineros de Siglo XX y Catavi, en Potosí, descansaban tras celebrar la tradicional noche de San Juan. Mientras las familias dormían o apuraban las últimas horas de festejo, unidades de rangers, infantería y policías, respaldados desde el aire, irrumpieron en las barriadas obreras. No hubo advertencia ni piedad; abrieron fuego indiscriminado contra las frágiles viviendas de adobe y calamina.
Aquel asalto militar, ordenado directamente por el dictador René Barrientos Ortuño, pasó a la historia como la Masacre de San Juan. Un operativo premeditado, brutal y silenciado, que dejó un saldo estimado de 40 a 50 muertos —entre mineros, mujeres y niños— y decenas de heridos y desaparecidos. Fue el castigo estatal contra el corazón de la resistencia obrera y el clímax de un régimen dictatorial sostenido por la intervención directa de Estados Unidos.
El ascenso de Barrientos y la mano de la CIA
Para entender el baño de sangre de 1967, es necesario retroceder al 4 de noviembre de 1964, cuando Barrientos, junto a Alfredo Ovando Candia, derrocó a Víctor Paz Estenssoro. Este golpe militar instauró un ciclo dictatorial en Bolivia basado en la “Doctrina de Seguridad Nacional”, donde el principal “enemigo interno” a destruir era el sindicalismo minero.
El régimen de Barrientos no operaba solo. Su ascenso y sostenimiento fueron financiados y guiados por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Como llegó a admitir Larry Sternfield, jefe de la agencia en Bolivia: “nada pasaba en Bolivia sin nuestra intervención”. Incluso el Ministro del Interior, Antonio Arguedas, era un agente confeso de la CIA, encargado de crear aparatos represivos como la Dirección de Investigación Nacional Criminal (DIN) con el asesoramiento de USAID.
Bajo este amparo, en mayo de 1965, Barrientos impuso el nefasto “Sistema de Mayo”. Mediante el Decreto Ley N° 7169, declaró el Estado de Sitio en todo el país y transformó los distritos mineros en “Zonas Militares”. Con esta medida, redujo los salarios en un 45%, ejecutó despidos masivos (las temidas “masacres blancas”), abolió los sindicatos y suspendió derechos fundamentales como la libre locomoción y el derecho a la vida.
Cualquier resistencia era respondida con plomo. Antes de San Juan, Barrientos ya había manchado sus manos de sangre con las represiones de mayo y septiembre de 1965, donde ametrallamientos desde tierra y aire contra los distritos de Siglo XX y Catavi dejaron saldos que variaban entre 80 y más de 200 víctimas fatales.
La chispa de San Juan: salarios y la guerrilla del “Che”
A pesar de los exilios, el confinamiento en campos de concentración (como Alto Madidi o Puerto Rico) y los asesinatos de líderes emblemáticos como César Lora (1965), los mineros comenzaron a reorganizar la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Su demanda principal era recuperar el salario arrebatado y la libertad sindical.
El 23 de junio de 1967, durante un ampliado en Siglo XX, los trabajadores aprobaron una resolución histórica y desafiante: brindar apoyo logístico, víveres, medicinas y el aporte de dos “mitas” (jornadas salariales) a la guerrilla de Ñancahuazú, liderada por Ernesto “Che” Guevara.
Para Barrientos y sus asesores estadounidenses, esta resolución fue la excusa perfecta. El gobierno dictatorial argumentó que en las minas se gestaba un asalto armado a los cuarteles en coordinación con la insurgencia del “Che” (una acusación que jamás fue probada). La respuesta militar fue fulminante y se ejecutó apenas horas después del ampliado sindical.
La masacre: plomo contra viviendas de adobe
El ataque comenzó de madrugada, garantizando que la reacción de los trabajadores —desarmados y sorprendidos en medio de la festividad de San Juan— fuera mínima. Las tropas dispararon contra todo lo que se movía y ametrallaron las viviendas donde dormían las familias mineras.
La crueldad del operativo de Barrientos quedó inmortalizada en la lista de sus víctimas. Entre los asesinados no solo cayó el exdirigente Rosendo García Maisman, quien intentó resistir el ataque desde la sede sindical, sino que el plomo estatal acribilló a indigentes, a Mario Vargas (obrero de 30 años), a la niña Julia Condori de apenas 9 años, a Santos Cazoria de 8 años, e incluso a una criatura recién nacida.
Un legado de sangre e impunidad
Tras la Masacre de San Juan, el terrorismo de Estado de Barrientos continuó su escalada. Ese mismo año (1967), el dictador acató la orden de EE. UU. de ejecutar sumariamente al “Che” Guevara y a sus compañeros Willy Cuba y Juan Pablo Chang. Además, bajo el diseño de la CIA y el ministro Arguedas, se orquestó la desaparición forzada y asesinato del dirigente minero Isaac Camacho.
René Barrientos murió en un accidente aéreo en 1969, llevándose a la tumba una deuda histórica de impunidad. Sin embargo, a casi seis décadas de la Masacre de San Juan, el eco de los disparos de aquella madrugada sigue retumbando en la memoria de Potosí y de Bolivia. El recuerdo de Siglo XX y Catavi no es solo el de una tragedia, sino el testimonio imborrable de cómo la alianza entre dictaduras militares y agencias extranjeras intentó, a sangre y fuego, ahogar la voz de los trabajadores que se atrevieron a desafiar el sistema.
Fuente:
“1967: San Juan. A sangre y fuego”. Carlos Soria Galvarro, José Pimentel Castillo y Eduardo García Cárdenas.
MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIODO DICTADURAS 1964-1982 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Spanish 
English