Las 9 soluciones de Rodrigo Paz a la crisis que tiene a Bolivia en vilo han sido presentadas en un discurso que, si bien intentó mostrar un camino de diálogo, admitió un gabinete ineficiente y volvió a culpar a Evo Morales por la conflictividad. Acorralado por las protestas, el Presidente anunció la creación de un Consejo Económico y Social como su principal propuesta, pero su intervención estuvo marcada por la contradicción: pidió un corredor humanitario a los bloqueadores en lugar de ordenarlo, reconoció que sus propios funcionarios no cumplen su labor y retrocedió en su postura sobre una ley represiva, todo mientras señalaba a su antecesor como el instigador de la violencia.
La solución central: un Consejo Económico para evitar «malintencionados»
La principal propuesta del mandatario es la conformación inmediata de un Consejo Económico y Social, amparado en el artículo 312 de la Constitución. El objetivo, según Paz, es crear un espacio de diálogo mensual para debatir abiertamente las nuevas leyes que prepara su Gobierno.
«No quiero que el día de mañana, cuando presentemos la normativa, alguno malintencionado (…) diga: no, eso es para privatizar; no, eso es para subir la tarifa», afirmó, reconociendo implícitamente la falta de credibilidad de su administración. La convocatoria, dijo, se lanzará este fin de semana.
Admisión de un gabinete ineficiente y el «Estado Tranca»
En uno de los momentos más reveladores de su discurso, el Presidente admitió la inoperancia de su propia estructura gubernamental. Relató cómo, al consultar a sus funcionarios sobre el avance de obras comprometidas, se encontró con una ignorancia total.
«Compañeros, ¿cómo está el camino? Y me dicen: ¿qué camino? ¿Cómo? Hemos hablado de este camino hace tres meses atrás», narró Paz.
Esta confesión de un «Estado Tranca» y de funcionarios que «no cumplen su labor» llega tras una serie de cambios abruptos en su equipo, como la reciente renuncia de la presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, quien denunció un «deterioro mayor al previsto», y la destitución del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en plena crisis de los combustibles. Paz anunció una «reforma de un gabinete más ágil» y advirtió que los servidores públicos «estarán todos los días de Dios a prueba».
Rectificación y pasividad: «Bolivia no requiere ley antibloqueos»
En un notable giro de discurso, y tras las duras críticas a los proyectos de ley que buscaban criminalizar la protesta, el Presidente rectificó su postura. «Bolivia no requiere una ley de antibloqueos, lo que requiere es dialogar», afirmó, distanciándose de las voces de su propia alianza que pedían «mano dura».
Sin embargo, esta nueva postura dialoguista se contradice con su pasividad frente a la crisis humanitaria. En lugar de garantizar el paso de suministros, se limitó a hacer un ruego: «habría que ir a preguntar a los bloqueadores cuándo quieren levantar el bloqueo». Su solución fue pedir a la Iglesia y a ONG que gestionen un «corredor humanitario», una clara señal de la incapacidad del Estado para imponer el orden.
La estrategia de la culpa: «Es Evo Morales»
Finalmente, ante la pregunta sobre quién está detrás de los pedidos de renuncia, Paz no dudó en señalar a su antecesor. «Es Evo Morales el que dijo 90 días. Es el mismo Evo que generó un fraude el 2019», sentenció. Además, afirmó que detrás de la desestabilización están quienes han perdido el negocio del contrabando de gasolina y «viven de lo ilícito».
Con esta estrategia, el Presidente evade la responsabilidad por los conflictos generados durante su propia gestión —como la promulgación de la Ley 1720— y reduce la compleja crisis social a una pugna con su adversario político, una narrativa que ya no convence a los sectores movilizados.
Las 9 soluciones propuestas por Rodrigo Paz:
- Creación de un Consejo Económico y Social para debatir y socializar nuevas leyes.
- Habilitación de un corredor humanitario solicitado a las iglesias y ONG.
- Priorización del diálogo sobre la represión, descartando una «ley antibloqueos».
- Reforma del gabinete para hacerlo «más ágil, más cercano y que escuche».
- Fiscalización a funcionarios públicos para garantizar el cumplimiento de sus labores.
- Ejecución de un paquete de inversión de Bs 1.700 millones para el desarrollo rural.
- Desarrollo de la industria del gas en La Paz para generar regalías y energía.
- Aplicación de la ley contra «vándalos» y quienes tengan deudas con la justicia.
- No negociar con el narcotráfico ni con quienes tengan vínculos con actividades ilícitas.
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