La Ley de Conversión de Tierras, impulsada por el agronegocio y aprobada en el Senado, esconde al menos 12 trampas que apuntan a la extinción campesina, legalizando el despojo y la concentración de la propiedad agraria en Bolivia. En un exhaustivo análisis, la Fundación TIERRA ha desmantelado uno por uno los argumentos “engañosos” de los promotores de la norma, revelando que el Proyecto de Ley 157 no beneficiará al 90 % de los productores, como se promete, sino que está diseñado para blanquear titulaciones fraudulentas, expandir el mercado de tierras a favor de la élite y exponer al campesinado a riesgos de endeudamiento, incendios y pérdida de su patrimonio.
1. El falso beneficio para el 90 % de productores
Los promotores de la ley mienten sobre La Ley de Conversión de Tierras. La Fundación TIERRA demuestra con datos que, de los 1,4 millones de pequeñas propiedades, el 74 % son minifundios de menos de dos hectáreas. Estas parcelas, por su bajo valor, no son hipotecables y, por tanto, quedan excluidas del supuesto beneficio del crédito.
2. Una conversión “exprés” e ilegal
Las modificaciones del Senado permiten la conversión en solo 10 días, a simple solicitud y sin verificación del INRA. Esto, según TIERRA, no es una simplificación, sino una “renuncia del Estado a su obligación de regular” y una vía para legalizar situaciones irregulares.
3. El “perdonazo” de 10 años a la FES
La ley otorga una pausa de 10 años en la fiscalización de la Función Económica-Social (FES) a las tierras convertidas. Es un “perdonazo” que incentiva la especulación y refleja el rechazo del agronegocio a cualquier tipo de control.
4. Un crédito que no resuelve la pobreza
Es un “error” plantear que la hipoteca es la única solución. El desarrollo rural depende de asistencia técnica, infraestructura y mercados. Además, los bancos exigen capacidad de pago, no solo una garantía, lo que excluye a la mayoría de los campesinos.
5. El verdadero beneficiario: el que hizo trampa
La ley beneficiará a quienes, durante el saneamiento, titularon fraudulentamente grandes extensiones como “pequeña propiedad ganadera” para evadir la FES. Solo en Santa Cruz, 1,7 millones de hectáreas tituladas de esta forma podrán ser blanqueadas.
6. El mercado de la especulación
La norma busca ampliar el mercado de tierras. Al eliminar las protecciones constitucionales (inembargable, indivisible), la pequeña propiedad se convierte en una mercancía, facilitando que los grandes empresarios la compren o la adquieran por deudas.
7. El riesgo de los incendios y la deforestación
Al debilitar la FES, se eliminan los controles sobre el uso de la tierra. Esto incentiva los incendios y la deforestación como método rápido para “limpiar” terrenos, demostrar productividad y ampliar la frontera agrícola sin supervisión.
8. La protección legal no es una “barrera”
Afirmar que las protecciones de la pequeña propiedad limitan la productividad es un “error conceptual”. TIERRA aclara que estas son garantías sociales, no barreras productivas. Los verdaderos límites son la falta de agua, infraestructura y apoyo estatal.
9. Ataque al tejido comunitario
En el altiplano y los valles, la tierra tiene una función colectiva. La conversión individual, sin consulta comunitaria, amenaza con romper los lazos sociales, generar conflictos internos y desestructurar los ayllus.
10. Desestabilización de los acuerdos familiares
La pequeña propiedad a menudo es el resultado de complejos acuerdos intrafamiliares. Reabrirlos con la “conversión voluntaria” puede generar disputas internas por la tierra y la fragmentación de las familias campesinas.
11. Celeridad que genera incertidumbre
Un trámite “exprés” sin controles no genera seguridad jurídica, sino todo lo contrario. Abre la puerta a conflictos, avasallamientos y superposición de derechos, profundizando el desorden agrario.
12. Un parche que evita el debate de fondo
La ley es una solución artificial que evita el debate estructural sobre una nueva clasificación de la propiedad agraria, el régimen impositivo, el problema del minifundio y el rol ambiental de la FES.
En lugar de una reforma integral, se ha optado por un atajo legal que, según la Fundación TIERRA, solo beneficia a los intereses de una élite a costa de la existencia misma del campesinado boliviano.
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