Sin debido proceso aprehenden a Luis Arce por el caso Fondo Indígena

Sin debido proceso aprehenden a Luis Arce por el caso Fondo Indígena, denunciaron sus allegados, luego de que el expresidente de Bolivia (2020-2025) fuera capturado este miércoles en un sorpresivo operativo en La Paz. A solo 33 días de dejar el poder, Arce fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para responder por presuntos delitos de corrupción durante su gestión como Ministro de Economía (2010-2015), en un accionar que su entorno calificó como un “secuestro” y una “medida arbitraria”.

“Secuestro” y “medida arbitraria”: La denuncia de un operativo sin notificación previa

La detención del exmandatario se ejecutó sin una citación previa, lo que desató una inmediata condena de sus colaboradores más cercanos. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, fue la primera en alertar sobre el hecho, denunciando un “secuestro” a través de sus redes sociales.

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente”, declaró Prada, quien se apersonó a las instalaciones policiales para verificar la situación de Arce. Insistió en que la captura fue una “medida arbitraria” y reafirmó la inocencia del exmandatario. Según la defensa, no se respetaron las garantías procesales, ya que Arce no fue convocado a declarar antes de ejecutar la orden de aprehensión.

La versión oficial: Lucha contra la corrupción y riesgo de fuga

En contraparte, el gobierno y la Fiscalía General defienden la legalidad del operativo. El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, enmarcó la detención como una orden directa del presidente Rodrigo Paz Pereira “para profundizar la lucha contra la corrupción” y señaló a Arce como “el principal responsable del millonario daño económico” en el caso Fondioc, estimado en Bs 360 millones.

El fiscal general, Roger Mariaca, justificó la aprehensión argumentando que existían “indicios de participación en el hecho, peligro de fuga y riesgo de obstaculización”. Explicó que el proceso se sigue por la vía ordinaria, ya que los delitos investigados —incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros— corresponden a su gestión como ministro y no como presidente.

Tras la detención, Luis Arce se acogió a su derecho constitucional al silencio y se negó a prestar declaración informativa. Ahora aguarda en celdas policiales la imputación formal y la audiencia de medidas cautelares que definirá su futuro legal.

El fantasma de la persecución política: Un patrón recurrente en Bolivia

La detención de Arce y las denuncias sobre la falta de debido proceso no son un hecho aislado en el reciente panorama político y judicial de Bolivia. Este episodio recuerda a otros casos de alto perfil donde las garantías procesales estuvieron en el centro del debate.

De Camacho a Áñez: Alegatos recurrentes de falta de garantías

• Luis Fernando Camacho: Tras su aprehensión en diciembre de 2022, su defensa denunció irregularidades y vulneración de derechos, asegurando que nunca fue notificado correctamente. En ese entonces, el gobierno negó las acusaciones, afirmando que se respetó el debido proceso.
• Jeanine Áñez: Desde prisión, la expresidenta denunció reiteradamente que su detención fue “abusiva e ilegal” y que se le negó el derecho a un juicio de responsabilidades, criticando a jueces y fiscales por actuar bajo presión política.

Estos antecedentes alimentan la percepción de que las detenciones de figuras de oposición o exautoridades a menudo se ejecutan en un contexto de presunta instrumentalización de la justicia, donde el respeto al debido proceso queda en entredicho.