El Gobierno denuncia un “sabotaje” por la gasolina de mala calidad mientras YPFB, en una contradicción flagrante, admite responsabilidad al activar un seguro para pagar los daños a miles de vehículos. El presidente Rodrigo Paz sugirió que la contaminación del combustible es un “ataque certero” en plena época electoral; sin embargo, el propio presidente de YPFB, Yussef Akly, puso en marcha un sistema de compensación que reconoce un millonario daño económico, una figura que podría derivar en procesos penales por conducta antieconómica.
El discurso de la conspiración vs. la admisión de responsabilidad
La crisis de la “gasolina mala” ha expuesto una profunda contradicción en el discurso oficial. Por un lado, el presidente Rodrigo Paz lanzó la hipótesis de un sabotaje deliberado.
“Sale de un punto limpia la gasolina y llega contaminada. Oiga, suena raro, ¿no? Por arte de magia se contamina la gasolina en el traslado. Eso es un sabotaje”, afirmó el mandatario, sugiriendo además una intencionalidad política: “No lo hicieron hace dos o tres meses; lo hacen ahora, en época electoral. Es raro”.
Pero mientras el Presidente habla de “culpables” a quienes “agarrar”, su principal ejecutivo en el sector energético, Yussef Akly, presidente de YPFB, tomó un camino distinto: admitir el problema y comprometerse a pagar los daños. Al anunciar la creación de un Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), Akly no solo reconoció la existencia del incidente, sino que activó un seguro de daños a terceros, lo que en términos administrativos implica aceptar que la estatal distribuyó un producto defectuoso.
“Los gastos no salen del TGN ni de YPFB, se activa el seguro”, explicó Akly a El Deber, confirmando la existencia de un “siniestro” de gran magnitud.
La negación de las pruebas: ¿informes técnicos o “fotocopias”?
La controversia se agravó con la reacción del presidente de YPFB frente a los informes técnicos. La red DTV reveló dos reportes de laboratorio de la refinería de Palmasola, fechados el 20 de enero, que señalarían niveles de goma en la gasolina de hasta el 16,4%, cuando el límite permitido es del 5%.
En lugar de explicar el contenido técnico de los documentos, Akly optó por cuestionar su validez. “Lamentablemente, con una fotocopia o algunos reportes se trata de confundir a la población de manera tendenciosa”, afirmó, una declaración que generó críticas por minimizar la gravedad de los datos expuestos.
Un daño económico que podría activar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz
La activación del seguro para cubrir los daños no es un simple acto administrativo; constituye el reconocimiento de un daño económico significativo, lo que abre la posibilidad de investigaciones bajo la Ley de Lucha Contra la Corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
En ese marco, podría analizarse la eventual configuración del delito de conducta antieconómica (Artículo 224 de la Ley 004), que sanciona con hasta ocho años de prisión al servidor público que, por mala administración o deficiente dirección técnica, cause perjuicio al patrimonio de una entidad estatal.
Con un Presidente que denuncia sabotaje y una empresa estatal que, al mismo tiempo, activa seguros para cubrir daños, el Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta cuestionamientos por la inconsistencia de su narrativa. Lo que permanece claro para la ciudadanía es que la gasolina presentó fallas, los daños existen y el caso exige responsabilidades.
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