El gasolinazo para el pueblo y el perdón fiscal para millonarios es la brutal fórmula del denominado “Decreto por la Patria”, anunciado este miércoles por el presidente Rodrigo Paz. La medida duplica el precio de los combustibles para la población, mientras crea un paraíso fiscal con 0% de impuestos para que los más ricos repatríen sus capitales. Este ajuste, calificado como “equivocado” por su propio Vicepresidente, traslada el costo de la crisis a las familias más vulnerables, una tragedia social advertida desde hace años por informes de Oxfam y la Fundación Jubileo que hoy se materializa.
El “Decreto por la Patria”: el gasolinazo un golpe directo al bolsillo popular
Bajo el argumento de una “emergencia económica”, el Gobierno desató un tarifazo devastador con su gasolinazo. El llamado “sinceramiento” de los hidrocarburos, eje central del decreto, elevó el precio de la gasolina especial de Bs 3,72 a Bs 6,96 por litro, y el diésel de Bs 3,74 a Bs 9,80, un nivel prácticamente impagable para la mayoría de la población.
La reacción fue inmediata. La Federación de Choferes de La Paz anunció una nueva escala de “tarifas revolucionarias”, con pasajes que alcanzan los Bs 5,50. Este es apenas el primer eslabón de una cadena inflacionaria que, como advirtió el propio vicepresidente Edmand Lara, impactará de lleno en la canasta familiar.
“Con el respeto que se merece, Presidente, esta vez se equivoca”, sentenció Lara, revelando además que no fue consultado sobre una medida que “va a afectar directamente a la gente más pobre”.
Paraíso fiscal para los ricos: cero impuestos a la repatriación de capitales
Mientras se exige un sacrificio extremo a la ciudadanía, el decreto concede un privilegio escandaloso a una élite económica. El denominado “régimen extraordinario de repatriación de capitales” establece un 0% de impuestos para quienes traigan su dinero del exterior, configurando una amnistía fiscal que perdona a los grandes capitales mientras castiga el consumo cotidiano del pueblo.
Este beneficio se complementa con un “régimen de promoción de inversiones” y una simplificación tributaria, medidas celebradas por el gobierno de EEUU, que destacó los “históricos esfuerzos del presidente Paz por abrir Bolivia al mundo”. En la práctica, estas políticas implican una transferencia de la carga fiscal desde los sectores más ricos hacia los más pobres.
Oxfam y Jubileo lo advirtieron: un ajuste pagado por los más vulnerables
Este escenario no es una sorpresa. Informes de la Fundación Jubileo y la serie “El Costo Social del Ajuste” de Oxfam ya habían anticipado con claridad las consecuencias de un ajuste de este tipo, señalando que sería “inevitablemente doloroso” y que la factura recaería sobre los sectores más indefensos.
Las simulaciones de Oxfam describen con precisión la magnitud del impacto:
- Eliminación del subsidio a los combustibles: aumento de la pobreza moderada en 2,5 puntos porcentuales y de la pobreza extrema en 1,5 puntos. Los hogares más pobres perderían 9,2% de su ingreso, frente a un 3,7% en los más ricos.
- Grupos más afectados: hogares de bajos ingresos, trabajadores agrícolas y microempresas, especialmente las lideradas por mujeres, que actúan como un “amortiguador sistémico” al absorber el aumento de costos sacrificando ingresos y consumo familiar.
Los ganadores de la crisis: banca, agronegocio y minería
El diagnóstico de Oxfam es contundente: mientras el pueblo se empobrece, una élite económica no solo permanece inmune, sino que se enriquece con la crisis.
- La banca: registra utilidades récord, con un crecimiento del 15,9%, impulsado por la escasez de dólares, que compra al tipo de cambio oficial y revende en el mercado paralelo.
- El agronegocio: se financia con los fondos de pensiones de los bolivianos, exporta en dólares que no retornan al país y cancela sus deudas en bolivianos devaluados.
- La minería aurífera: opera como un paraíso fiscal interno. Paga una regalía mínima del 2,5%, está exenta del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y recibe un subsidio al diésel de 300 millones de dólares anuales. El Estado pierde más de 1.200 millones de dólares por año para sostener a este sector altamente depredador.
La propuesta ignorada: protección social en lugar de ajuste salvaje
La alternativa existía. Oxfam propuso una transición justa, basada en reemplazar los subsidios regresivos por un Sistema Integrado de Protección Social (SIPS) sólido y eficaz, que protegiera a las familias vulnerables. La propuesta incluía fortalecer los bonos sociales, indexarlos a la inflación y mantener la inversión social como escudo frente a la crisis.
El Gobierno, sin embargo, optó por un decreto que protege las ganancias de la élite y socializa las pérdidas entre el pueblo, profundizando la desigualdad en nombre de una supuesta estabilidad económica.
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