El presidente Rodrigo Paz denunció un sabotaje deliberado por la gasolina de mala calidad y ordenó la militarización de las plantas de YPFB, en un giro dramático que busca instalar una narrativa de conspiración. Sin embargo, su versión choca frontalmente con las declaraciones de su propio presidente de YPFB, Yussef Akly, quien días antes admitió un “siniestro” y prometió que un seguro privado cubriría los daños. Esta flagrante contradicción no solo expone las mentiras del Gobierno, sino que deja a miles de afectados en un limbo: si fue un acto deliberado, ningún seguro pagará y el millonario daño económico al Estado recaerá sobre los bolivianos.
Paz pasa del “Error Técnico” a la “Herencia Maldita” y ahora, el Sabotaje en YPFB
La gestión comunicacional de la crisis ha sido un desastre, marcada por una cadena de versiones contradictorias que evidencian improvisación y un intento desesperado por evadir la responsabilidad.
- Versión 1 (Negación): YPFB negó cualquier problema y presentó certificaciones de calidad.
- Versión 2 (Error técnico): El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, admitió que “evidentemente ha habido una gasolina de mala calidad” por un “problema en la mezcla”.
- Versión 3 (Herencia maldita): El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, culpó a “residuos heredados” de la gestión de Luis Arce por contaminar el combustible.
- Versión 4 (Sabotaje y militarización): Ahora, el presidente Rodrigo Paz descarta todo lo anterior y denuncia un “acto deliberado de sabotaje” impulsado por “estructuras organizadas” y “mafias” internas, ordenando el resguardo de las plantas con las Fuerzas Armadas.
La contradicción que anula el seguro: ¿Quién pagará los daños?
La nueva narrativa de “sabotaje” del Presidente dinamita la única solución que el Gobierno había ofrecido a los miles de afectados. Hace apenas unos días, el presidente de YPFB, Yussef Akly, anunciaba la activación de un “seguro solidario de daño contra terceros” para cubrir las reparaciones.
“Los gastos no salen del TGN ni de YPFB, se activa el seguro y este hace las coberturas”, explicó Akly a El Deber, admitiendo la existencia de un “siniestro” y, por tanto, un millonario daño económico.
Sin embargo, el discurso del Presidente cambia todo. Las pólizas de seguro, por norma, no cubren actos de sabotaje, terrorismo o daños deliberados. Si, como afirma Paz, la contaminación fue un “acto deliberado”, el seguro simplemente no pagará.
Esto deja al Gobierno y a YPFB en una encrucijada:
- Si fue un error técnico o negligencia: Los ejecutivos de YPFB enfrentan procesos por conducta antieconómica bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
- Si fue un sabotaje: El seguro no cubrirá los daños y el costo de las reparaciones deberá ser asumido por el Estado, es decir, por todos los bolivianos, configurando igualmente un grave daño económico.
Medidas paliativas en un clima de desconfianza
Mientras el Gobierno se enreda en sus propias versiones, ha anunciado medidas paliativas: la incorporación de aditivos a la gasolina —que, según expertos, “no es un sustituto de una gasolina de alta calidad”— y la creación de un sistema de registro para los afectados.
Sin embargo, con un Presidente que denuncia una conspiración y una estatal que prometió un seguro que ahora parece inviable, la desconfianza de la población está en su punto más alto. Lo único claro es que miles de vehículos fueron dañados, el perjuicio económico es real y, hasta ahora, nadie se hace responsable.
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