El “colonialismo verde” del Gobierno de Rodrigo Paz ha sido denunciado: dos proyectos de ley, presentados como una solución para la crisis climática, en realidad buscan mercantilizar el bosque y despojar a los pueblos indígenas de su territorio, creando “derechos de propiedad paralelos” sobre la naturaleza para venderlos en el mercado internacional a cambio de aliviar la falta de dólares.
Expertos y organizaciones sociales advierten que los proyectos PL-282 y PL-286, que crean los “Créditos de Biodiversidad” y facilitan el “canje de deuda por naturaleza”, son de constitucionalidad dudosa, vulneran el derecho a la participación indígena y abren la puerta a un negocio donde los únicos ganadores son los bancos multilaterales y las ONG internacionales.
Inconstitucionalidad y mercantilización encubierta
El corazón de la denuncia es la flagrante violación a la Constitución. Los artículos 348 y 349 de la CPE establecen que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y su administración corresponde al Estado. Sin embargo, al crear “créditos” transables, el Gobierno estaría permitiendo una mercantilización encubierta de las funciones ambientales, algo explícitamente prohibido por la Ley de la Madre Tierra (Ley N.º 300).
Aunque los proyectos afirman que estos créditos “no constituyen derechos reales”, en la práctica funcionan como activos financieros que el Estado “vende” a cambio de dinero o perdón de deuda, sometiendo la soberanía sobre los bosques a los mercados de carbono.
La trampa de la “adicionalidad”: un castigo a quienes conservan
Bajo una apariencia de protección, las leyes esconden incentivos perversos. El PL-282 establece el principio de “adicionalidad”, que significa que solo se pagará por resultados de conservación que sean “adicionales” a los ya existentes.
¿La trampa? Una comunidad indígena que ha protegido su bosque por siglos, por cultura y tradición, no recibiría nada, porque su cuidado no es “adicional”. El sistema, en cambio, premia a quien amenaza con destruir el bosque y luego acepta no hacerlo a cambio de un pago. Es un incentivo directo a la extorsión ambiental.
Bonos de carbono: el “vendehumo” de los políticos
La justificación para estas leyes es el supuesto potencial millonario de los bonos de carbono, una narrativa que el economista ambiental Stasiek Czaplicki califica de “irresponsable y falsa”. El 2025 ya se venía observando esta problemática. Tras el debate presidencial por segunda vuelta en octubre, el investigador desmontó las promesas de los candidatos.
“Rodrigo Paz ha venido afirmando que Bolivia podría recibir hasta 30.000 millones de dólares por bonos de carbono. Ni aunque Bolivia acaparara el 100 % del mercado global podría alcanzar ese monto. Es simplemente absurdo“, sentenció Czaplicki.
El experto explicó que los precios en los mercados de carbono están “por los suelos” y que el negocio “está roto”. Lo que sí funciona, afirma, es “cortar el problema de raíz: romper el modelo de incendios y deforestación, no compensar a quienes lucran con él”.
Los “piratas del carbono” y el despojo en marcha
Mientras se debaten estas leyes, los “piratas del carbono” ya están operando en los territorios. El Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) acaba de rechazar un contrato abusivo con la Fundación Federico Hecker, vinculada al empresario y exsenador Peter Hecker, que comprometía el 88 % de su territorio por 30 años a cambio de bonos de carbono.
Estos contratos, similares a los del escandaloso grupo Kailasa, otorgan control total a las empresas, imponen cargas económicas a las comunidades y las someten a tribunales fuera de su jurisdicción. Se aprovechan de la vulnerabilidad de pueblos como los Ese Ejja, a quienes, según sus propios dirigentes, “sorprendieron, presionaron y manipularon”.
Estos proyectos de ley, por tanto, no hacen más que legalizar un modelo de despojo que ya está en marcha, convirtiendo a Bolivia en un “Estado guardaparque” de los países industrializados, en una nueva y sofisticada forma de colonialismo.
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