Por Felipe Limarino
La captura de Sebastián Marset, y hace pocas semanas la de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” en México, que terminó en su muerte, nos muestran que la War on Drugs ha vuelto a Latinoamérica con los mismos métodos, justificaciones y motivaciones geopolíticas. Sus resultados, podemos esperar, también serán desastrosos, como lo fueron antes.
La Guerra contra las Drogas es el viejo mantra que se repite para justificar la presencia necesaria e ineludible del ejército y de diversos organismos de la comunidad de inteligencia estadounidense en la región. Una de sus tácticas favoritas es la estrategia del descabezamiento, o kingpin strategy, una creación de la DEA a principios de los años 90. Presupone la creencia de que las organizaciones narcotraficantes son pirámides rígidas luego, basta con cortar la cabeza para que el cuerpo muera.
La primera ocasión en la cual se puso a prueba fue con Pablo Escobar en 1993, líder del Cartel de Medellín, cuya foto, mostrándolo muerto en un tejado, dio la vuelta al mundo. El gobierno colombiano de la época y la DEA lo celebraron como un éxito rotundo. Pocos años después se desmanteló el Cartel de Cali con la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela.
Y, sin embargo, el negocio multimillonario de la cocaína no desapareció.
El hueco de poder dejado por los grandes carteles fue llenado por cientos de organizaciones más pequeñas y flexibles, y por grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, que profundizaron su participación en el negocio. El resultado es que, décadas después, Colombia produce más cocaína que en la época de Pablo Escobar.
Lejos de aprender la lección colombiana, Estados Unidos y sus aliados replicaron la estrategia por toda la región. El siguiente fracaso fue Guatemala. Entre 2010 y 2012, las autoridades capturaron a los líderes de dos de las organizaciones más importantes del rubro: los hermanos Lorenzana y Mauro Salomón Ramírez (alias “Jabalí”). Y si bien, como resultado de esas capturas, la violencia asociada al tráfico de drogas se redujo, el objetivo mayor de reducir el tráfico de cocaína fracasó. Las rutas y el negocio simplemente fueron absorbidos o reemplazados por nuevos actores, demostrando la resiliencia del mercado.[i]
Ahora vámonos al México del presidente Felipe Calderón (2006-2012), que hizo de la guerra contra el narco y la caza de capos el eje de su gobierno. Las fuerzas federales, con apoyo de EE.UU. a través de la Iniciativa Mérida, capturaron o abatieron a una docena de capos de alto nivel. Poco tiempo después, el mercado criminal, que era relativamente estable con cinco grandes organizaciones, se fracturó en más de ochenta grupos criminales. El Cartel de Sinaloa y Los Zetas se dividieron internamente, creando facciones más violentas que luchaban por el control. Además, un estudio econométrico publicado en el Journal of Health Economics [ii] demostró que la captura de un capo causó un aumento sostenido en la tasa de homicidios en el municipio donde ocurría la captura en los seis meses siguientes. El efecto se extendía a otras plazas donde operaba la misma organización mientras los grupos criminales se expandian a nuevas regiones geográficas para huir de la presión o llenar vacíos, diversificando sus actividades delictivas más allá del narcotráfico.
Finalmente, entre 2014 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, se captura y recaptura a Joaquín “El Chapo” Guzmán, posteriormente extraditado a EE.UU. Lo cual, una vez más, lejos de debilitar a su organización, detona una guerra interna en el Cártel de Sinaloa entre la facción de Los Chapitos (sus hijos) y la de Ismael “El Mayo” Zambada. Esta lucha ha sido una de las más sangrientas en la historia reciente de México.
Por tanto, las redes de valor del narcotráfico —porque eso es el narcotráfico, una economía de red— no solo sobrevivieron, sino que se difundieron de forma molecular. Y lo más probable es que, con la reciente captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del Cartel de Jalisco Nueva Generación, suceda lo mismo que con el Cartel del Milenio, del cual El Mencho se desprendió ante el asesinato y arresto de sus líderes, esto es, una multiplicación de las células del narcotráfico en el cuerpo político del Estado mexicano.
Por ello, en esta economía de red, la captura de Sebastián Marset es, sobre todo, un fenómeno mediático con una significación táctica y simbólica, no estratégica. No altera la estructura profunda del negocio. Solo sirve para potenciar una narrativa que tiene, en el fondo, poco que ver con una guerra real, factible y honesta contra el narcotráfico y sí mucho con una proyección geopolítica hemisférica.
Pero, y antes de profundizar en ello, veamos las razones estructurales que explican por qué la guerra contra las drogas es, contrario a toda la parafernalia, un conflicto de baja intensidad, en lugar de una solución de fondo; un mecanismo de presión diseñado para que los países del Sur Global asuman los costos humanos, políticos y territoriales de la represión, mientras blindan los eslabones de la cadena que ocurren dentro de sus propias fronteras o bajo la protección de sus sistemas financieros.
Para desmantelar el poder de fuego de los cárteles, sería necesario controlar la venta de armas en Estados Unidos, de donde proviene el 70% del armamento incautado en México. Sin embargo, cualquier intento en esa dirección choca frontalmente con el poder de la industria armamentística y su brazo político, la NRA (National Rifle Association). El negocio de las armas es un sector económico estratégico y un mercado políticamente intocable. Las demandas interpuestas por México contra fabricantes estadounidenses no son más que un símbolo de la impotencia legal frente a un sistema que blinda a la industria. La sangre que fluye en las calles de Latinoamérica es, en gran medida, munición fabricada y vendida legalmente al otro lado del río Bravo.
La persecución del narcotráfico se detiene mágicamente en las puertas de los grandes centros financieros globales. Se estima que el lavado de dinero mueve entre el 2% y el 5% del PIB mundial, y menos del 1% es incautado. ¿Casualidad? No. Los flujos ilegales engordan los balances de bancos en Wall Street, la City de Londres y paraísos fiscales bajo protección del sistema financiero occidental. Perseguir el dinero de verdad implicaría investigar a fondos de inversión, bancos de primer nivel y estudios de abogados que han perfeccionado el arte de legalizar lo ilegal. Mientras el sistema financiero, fundamentalmente anglo-sajón siga siendo un santuario, la hidra seguirá respirando.
Abordar el consumo como un problema de salud pública en Estados Unidos y Europa requeriría inversiones masivas en programas de reducción de daños, tratamiento y rehabilitación. Es un costo político alto y con réditos electorales inciertos. Es mucho más rentable y electoralmente conveniente declarar una guerra contra productores lejanos, vestirse de sheriff global y presentar capturas de capos como trofeos. La foto del narcotraficante esposado es el sustituto perfecto de una política pública compleja y costosa.
Por último, ofrecer medios de vida sostenibles a los campesinos que cultivan hoja de coca requeriría inversión a largo plazo, voluntad política y, sobre todo, aceptar que el campesino no es un enemigo, sino el eslabón más vulnerable de la cadena. En lugar de ello, se impone la erradicación forzosa, se militarizan los territorios y se siembra violencia.
Una estrategia integral de ese tipo no se implementa porque no conviene a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. En cambio, la espectacularización de la Lucha Contra las Drogas justifica su influencia en la región, protege a su industria armamentística de cualquier supervisión real, blinda a su sistema financiero de investigaciones incómodas y evita que tenga que asumir el costo político de abordar su propia crisis de salud pública como lo que es: un problema interno, no una invasión externa. El discurso antinarcóticos es, en el fondo, un instrumento de guerra híbrida y control geopolítico.
Si no se implementa una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico es también porque nosotros somos los Estados Desunidos del Sur, enanos geopolíticos que negocian bilateralmente su relación especial con Washington buscando beneficios a corto plazo a costa de una estrategia regional cohesionada. Esta fragmentación no es una debilidad ajena al diseño estadounidense, sino un resultado funcional a sus intereses. Mientras México negocia su propio acuerdo, Colombia su plan de paz y Bolivia su relación con la DEA, la posibilidad de exigir un cambio de paradigma como se intentó, sin éxito, en la Cumbre de Cali de 2023 [iii], se diluye.
Algo, sin embargo, ha cambiado en la última década. Si al comienzo sostenía que la War on Drugs regresaba con los mismos métodos y, por tanto, reproduciría el mismo fracaso, el diagnóstico estaría incompleto sin considerar la mutación del tablero global. Estados Unidos ya no opera desde la arrogancia de la hegemonía unipolar, sino desde la ansiedad de su declive. Su National Security Strategy y su National Defense Strategy evidencian que la recomposición de su poder exige, como condición sine qua non, la consolidación de una esfera de influencia hemisférica exclusiva. Eso implica, en términos operativos, la expulsión de China, Rusia y cualquier otro actor que ose disputarle su patio trasero.
Por ello, la nueva War on Drugs es, además de una repetición del pasado, un instrumento actualizado de guerra híbrida. Ya no se trata solo de perseguir narcotraficantes, sino de justificar, bajo ese viejo paraguas, la presencia militar, la inteligencia y la coerción necesarias para recomponer el perímetro de seguridad estadounidense. La reciente cumbre Shield of the Americas es el sello institucional de este rediseño estratégico, la militarización del hemisferio en nombre de una guerra que nunca termina, porque su verdadera función nunca fue terminar con las drogas, sino garantizar que el orden geopolítico de la región siga escribiéndose en Washington.
El Alto-Bolivia, 14 de marzo de 2026
Referencias
[i] Brockett CD. The Drug Kingpin Decapitation Strategy in Guatemala: Successes and Shortcomings. Latin American Politics and Society. 2019;61(4):47-71. doi:10.1017/lap.2019.24
[ii] Lindo JM, Padilla-Romo M. Kingpin approaches to fighting crime and community violence: Evidence from Mexico’s drug war. J Health Econ. 2018 Mar;58:253-268. doi: 10.1016/j.jhealeco.2018.02.002. Epub 2018 Feb 21. PMID: 29547748.
[iii] La Cumbre de Cali de 2023 fue una conferencia convocada por los presidentes de Colombia (Petro) y México (Lopez Obrador) para unificar a América Latina en una nueva estrategia contra el narcotráfico basada en salud pública y derechos humanos. Ambos mandatarios coincidían en que la llamada Guerra Contra las Drogas impulsada históricamente por Estados Unidos había fracasado y causado un genocidio en la región, con aproximadamente un millón de muertos.
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