El Gobierno declaró emergencia energética y social ante la amenaza de un paro indefinido y masivas protestas por el denominado gasolinazo, en una medida de carácter excepcional con la que busca contener la crisis de desabastecimiento de combustibles y la creciente conflictividad social. Mediante el Decreto Supremo N.º 5517, el presidente Rodrigo Paz autorizó la importación privada de carburantes y dispuso la liberación de aranceles para la importación de tecnología, mientras sindicatos y sectores populares anuncian la radicalización de sus movilizaciones en rechazo al Decreto Supremo 5503.
Estado de emergencia: la respuesta a una crisis múltiple
En un reconocimiento explícito de la gravedad del escenario, el Ejecutivo formalizó la declaratoria de emergencia en todo el territorio nacional. El Decreto Supremo 5517, aprobado el 13 de enero, admite la existencia de una crisis de carácter “estructural”, marcada por el proceso inflacionario, la escasez de dólares y la falta de combustibles.
Para enfrentar la situación, el Gobierno adoptó dos medidas de choque:
- Importación privada de combustibles:
Se autoriza de manera excepcional a personas naturales y empresas privadas a importar y comercializar diésel y gasolina a precio de mercado. Asimismo, el diésel es suspendido temporalmente, por un año, de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de agilizar su ingreso al país. - Arancel cero para tecnología:
A través del Decreto Supremo 5518, se elimina el arancel de importación hasta el 31 de diciembre de 2026 para una amplia gama de productos tecnológicos, como celulares, computadoras y consolas de videojuegos, bajo el argumento de facilitar el acceso ante el aumento de los costos logísticos y la escasez de divisas.
La calle responde: paros, bloqueos y amenaza de radicalización por gasolinazo
Mientras el Gobierno apuesta por soluciones de mercado, la reacción social frente al “gasolinazo” del Decreto 5503 se intensifica. Diversos sectores anunciaron una escalada de protestas que amenaza con paralizar el país.
- Transporte sindicalizado:
La Federación de Choferes de La Paz confirmó un paro de 24 horas desde este viernes y advirtió que la medida se convertirá en indefinida a partir del lunes si el decreto no es abrogado. - Mineros (FSTMB):
Calificaron el incremento del precio de los combustibles como un “golpe duro contra la población” que “condena al hambre y la miseria”, y anunciaron movilizaciones escalonadas a nivel nacional. - COB y otros sectores:
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia “ante la cobarde conducta del Gobierno”. Gremiales, transporte pesado y organizaciones campesinas también anticiparon bloqueos y protestas.
Un país fracturado: apoyo empresarial versus rechazo popular
El escenario evidencia una profunda fractura social. Mientras sindicatos y sectores populares rechazan de manera contundente las medidas, el empresariado expresó su respaldo a la decisión gubernamental.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) apoyaron el fin de la subvención a los combustibles, calificándolo como una medida “necesaria para sincerar la economía” y reducir el déficit fiscal.
En este contexto de alta polarización, el Gobierno reiteró su disposición al diálogo para “explicar” las medidas, pero descartó negociar la abrogación del Decreto 5503, argumentando que responde a “estudios técnicos”. Con posiciones cada vez más enfrentadas, Bolivia ingresa en una fase de máxima tensión social y económica, donde la declaratoria de emergencia busca contener una crisis que amenaza con desbordarse.
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