El Gobierno confirmó que un policía asesinó a dos personas con su arma reglamentaria en la zona de Cotapachi, Cochabamba. El hecho fue admitido por el propio oficial implicado y ratificado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Esta declaración valida la versión más grave de los acontecimientos y profundiza la crisis política, especialmente porque contrasta con la enérgica condena del vicepresidente Edmand Lara, quien exige la pena máxima por lo que califica como un crimen que viola todos los protocolos de la fuerza pública.
La confesión del oficial y la confirmación ministerial de que el policía asesinó con arma reglamentaria
En una declaración que marca un giro determinante en el caso, el ministro Marco Antonio Oviedo confirmó que el subteniente Joaquín Castellón, de 28 años, utilizó su arma de reglamento durante el operativo de desbloqueo. Según la autoridad, el propio oficial confesó haber disparado en medio de una agresión, presentando 16 impactos de perdigón en su cuerpo.
«Es doloroso ver que un oficial —que no cumplió con los reglamentos policiales—, ante la agresión reaccionó», afirmó Oviedo. Añadió que se trata de «un hombre joven, subteniente de 28 años, que ve truncada su vida; que, al ser agredido, utilizó su arma de reglamento». Esta versión, si bien confirma el uso de un arma letal, introduce un matiz de reacción ante una agresión, lo que contrasta profundamente con la postura de otras altas autoridades.
Tolerancia cero: la postura inflexible de la Vicepresidencia
La confirmación ministerial llega después de que el vicepresidente Edmand Lara exigiera públicamente “tolerancia cero” contra el oficial. Descartando completamente la tesis de “legítima defensa”, Lara ha sido categórico en su condena.
«He ordenado al Departamento Jurídico de la Vicepresidencia que realice todas las acciones legales para que este oficial sea sancionado penalmente con la pena máxima y sea dado de baja de la institución policial», sentenció el Vicepresidente. Su posición se sustenta en que los protocolos policiales prohíben explícitamente portar armas de fuego en manifestaciones y que la acción violó los tres principios del uso de la fuerza: necesidad, legalidad y proporcionalidad.
Homicidio: el futuro penal del subteniente Castellón
Con la confesión del autor y la confirmación del Gobierno, el camino judicial está despejado. La Fiscalía imputará formalmente al subteniente Joaquín Castellón por el delito de homicidio. La investigación ahora no solo se centrará en su responsabilidad individual, sino también en la cadena de mando.
El vicepresidente Lara ha insistido en que también se debe procesar al jefe del operativo por no garantizar que sus subalternos acudieran al desbloqueo sin armamento letal. Mientras tanto, la justicia ha dictado detención domiciliaria para tres comunarios implicados en los enfrentamientos. Sin embargo, las responsabilidades finales aún deberán esclarecerse en un caso que ha conmocionado al país.
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