El Gobierno admite la crisis económica, pero busca endeudar aún más al país sin explicar en qué invertirá los créditos, una estrategia que genera profunda incertidumbre y evidencia serias contradicciones. Mientras el presidente Rodrigo Paz declara Emergencia Energética y Social por la escasez de dólares y combustibles, su gabinete negocia activamente una nueva ola de préstamos millonarios con el BID, la CAF y el Banco Mundial, sin presentar un plan claro sobre el destino de los recursos y en un contexto de decrecimiento económico proyectado para Bolivia.
La paradoja: emergencia declarada y cacería de créditos
La administración de Paz ha puesto en marcha una estrategia dual que encendió las alarmas. Por un lado, mediante el Decreto Supremo 5517, reconoce oficialmente la gravedad de la situación al admitir un “proceso inflacionario, escasez de dólares y combustibles”. Como respuesta inmediata, habilitó la importación privada de carburantes, una medida destinada a paliar el desabastecimiento.
Pero, en paralelo, lejos de presentar un plan de austeridad interna, el Gobierno inició una agresiva búsqueda de financiamiento externo. El canciller Fernando Aramayo confirmó que, además del programa de $us 4.500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los $us 3.100 millones gestionados con la CAF, se trabaja “a muy corto plazo” para concretar nuevos créditos con el Banco Mundial.
Créditos millonarios sin destino claro: “reactivar la inversión pública”
Aunque el paquete total de nuevos créditos podría superar los $us 7.600 millones, el Gobierno ha sido notablemente impreciso respecto al uso de estos recursos. El presidente del Senado, Diego Ávila, defendió el endeudamiento señalando que los fondos “permitirán reactivar la economía y la inversión pública”, pero sin detallar qué proyectos específicos se ejecutarán ni bajo qué cronograma.
Esta falta de transparencia profundiza la desconfianza, más aún cuando la deuda externa del país ya supera los $us 13.000 millones, con el BID como principal acreedor. La reiterada promesa de un “uso responsable de los recursos”, mencionada por el Canciller, no se ha traducido hasta ahora en un plan de inversiones concreto, público y socializado.
El argumento oficial: El Gobierno admite la crisis económica, ajuste al pueblo para generar «confianza»
La justificación del Ejecutivo para esta aparente contradicción es que las medidas de ajuste —como la eliminación del subsidio a los combustibles— eran indispensables para recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales.
Según el viceministro del Tesoro, Andrés Morales, de haberse mantenido la subvención, “ni la CAF, ni el BID, ni el Banco Mundial verían con buenos ojos” al país. En la práctica, el llamado “gasolinazo” habría sido la llave para habilitar una nueva etapa de endeudamiento.
Sin embargo, esta lógica choca con las proyecciones económicas. El propio Banco Mundial, en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, estima que la economía boliviana registrará un decrecimiento del –1,1 % este año, cifra que podría profundizarse hasta –1,5 % en 2027. Bolivia sería así el único país de la región con crecimiento negativo proyectado, lo que abre serias dudas sobre su capacidad de pago frente a la nueva ola de deudas que el Gobierno está gestionando.
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