La reciente Sentencia Constitucional Plurinacional 0007\/2025 y el Auto Constitucional 083\/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han reabierto, una vez m\u00e1s, el debate sobre la reelecci\u00f3n en Bolivia. Si bien estas resoluciones pretenden blindar el sistema democr\u00e1tico al prohibir la reelecci\u00f3n indefinida, una lectura jur\u00eddica profunda nos obliga a cuestionar la legitimidad y la forma en que se establecen estas limitaciones. Como se\u00f1al\u00e9 en un art\u00edculo anterior, estas decisiones se convierten en los hechos en una reforma material encubierta, socavando los pilares del Estado de Derecho.<\/p>\n\n\n\n
Para comprender a cabalidad por qu\u00e9 este proceder es problem\u00e1tico, es imperativo recurrir a un principio fundamental del derecho constitucional e internacional de los derechos humanos: la reserva de ley.<\/p>\n\n\n\n
La Reserva de Ley: Un Pilar de la Democracia y los Derechos Humanos<\/p>\n\n\n\n
El principio de reserva de ley es una salvaguarda esencial en cualquier sistema democr\u00e1tico. En t\u00e9rminos sencillos, establece que las limitaciones y restricciones a los derechos fundamentales, incluidos los derechos pol\u00edticos y humanos, deben ser establecidas mediante una ley formal y material. No es un mero capricho, sino una exigencia que emana de la esencia de la democracia:<\/p>\n\n\n\n
Garant\u00eda de Participaci\u00f3n Democr\u00e1tica: La creaci\u00f3n de una ley formal (aprobada por el \u00f3rgano legislativo siguiendo un proceso democr\u00e1tico) asegura que las restricciones a los derechos sean producto de un debate p\u00fablico, transparente y con la participaci\u00f3n de los representantes del pueblo. Esto legitima la limitaci\u00f3n, pues refleja la voluntad colectiva expresada a trav\u00e9s de las urnas.<\/p>\n\n\n\n
Seguridad Jur\u00eddica y Previsibilidad: Una ley es general, abstracta y p\u00fablica. Al exigir que las restricciones est\u00e9n en una ley, se dota de seguridad jur\u00eddica a la ciudadan\u00eda, quienes pueden conocer de antemano el alcance de sus derechos y las condiciones bajo las cuales pueden ser limitados. Esto contrasta fuertemente con las decisiones ad-hoc o las interpretaciones judiciales que, de facto, crean nuevas reglas.<\/p>\n\n\n\n
Principio de Separaci\u00f3n de Poderes: La reserva de ley es un corolario indispensable de la separaci\u00f3n de poderes. La funci\u00f3n de crear normas que restrinjan derechos recae fundamentalmente en el poder legislativo, mientras que el poder judicial se encarga de aplicar e interpretar esas leyes. Cuando un tribunal constitucional, a trav\u00e9s de una sentencia, establece nuevas prohibiciones no derivables del texto legal, se considera usurpaci\u00f3n de la funci\u00f3n legislativa, desmantelando la necesaria divisi\u00f3n de poderes.<\/p>\n\n\n\n
La Opini\u00f3n Consultiva OC-28\/21: Un Respaldo al Principio de Legalidad<\/p>\n\n\n\n
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opini\u00f3n Consultiva OC-28\/21, aunque se centr\u00f3 en la reelecci\u00f3n presidencial indefinida y no se pronunci\u00f3 sobre la reelecci\u00f3n discontinua, fue categ\u00f3rica en un punto fundamental: la necesidad de que las restricciones a los derechos pol\u00edticos se establezcan por ley.<\/em><\/p>\n\n\n\n Si bien la Corte IDH reconoce que los derechos pol\u00edticos no son absolutos y pueden ser restringidos, insiste en que cualquier limitaci\u00f3n debe estar expresamente prevista en la ley<\/em>. Esto implica que no basta con una \u00abinterpretaci\u00f3n\u00bb judicial que, en la pr\u00e1ctica, introduzca una nueva prohibici\u00f3n o un nuevo requisito. La ley debe ser clara, precisa y estar al alcance de todos. La OC-28\/21, por tanto, refuerza la idea de que una sentencia constitucional, por m\u00e1s bien intencionada que sea, no puede reemplazar el rol del legislador en la definici\u00f3n de los l\u00edmites a los derechos.<\/p>\n\n\n\n El Debate Jur\u00eddico Boliviano a la Luz de la Reserva de Ley:<\/p>\n\n\n\n Para entender mejor c\u00f3mo la reserva de ley impacta el debate boliviano, es \u00fatil contrastar tres posturas clave:<\/p>\n\n\n\n La postura que aboga por la permisibilidad de la reelecci\u00f3n discontinua de Farit Rojas Tudela[1]<\/a>: Esta visi\u00f3n argumenta que el Art\u00edculo 168 de la CPE, al mencionar la reelecci\u00f3n \u00abpor una sola vez de manera continua\u00bb, guarda silencio sobre la reelecci\u00f3n discontinua. Desde esta perspectiva, y aplicando el principio de que los derechos se interpretan de forma extensiva, lo no prohibido expresamente est\u00e1 permitido. En consecuencia, si se desea prohibir la reelecci\u00f3n discontinua, la \u00fanica v\u00eda leg\u00edtima ser\u00eda una reforma constitucional, es decir, una ley formal de rango superior. Esta postura se alinea directamente con la exigencia de la OC-28\/21 de que las restricciones deriven de ley, no de sentencias.<\/p>\n\n\n\n La postura que defiende la claridad del Art\u00edculo 168 en su prohibici\u00f3n total de Franz Barrios Suvelza[2]<\/a>: Esta opini\u00f3n sostiene que el sintagma \u00abpor una sola vez\u00bb del Art\u00edculo 168 de la CPE ya descarta cualquier tercer mandato, sea continuo o discontinuo. Para la Constituci\u00f3n ya contiene la prohibici\u00f3n en su tenor literal, sint\u00e1ctico y teleol\u00f3gico, apoyado por un profundo an\u00e1lisis hist\u00f3rico. Desde esta perspectiva, las sentencias del TCP que proh\u00edben la reelecci\u00f3n discontinua no estar\u00edan creando una nueva prohibici\u00f3n, sino simplemente confirmando lo que la propia ley (la CPE) ya establece. En este caso, la ley ya existir\u00eda, y la sentencia solo la estar\u00eda interpretando. Sin embargo, si la interpretaci\u00f3n del TCP no logra demostrar convincentemente esta claridad, tambi\u00e9n caer\u00eda en la extralimitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Mi postura: Como ya se\u00f1al\u00e9 en otro art\u00edculo[3]<\/a>, que las resoluciones del TCP, al extender la inhabilitaci\u00f3n a la reelecci\u00f3n discontinua y a otros cargos sin base expl\u00edcita en el Art\u00edculo 168, incurren en una \u00abreforma material encubierta\u00bb. Aqu\u00ed, el principio de reserva de ley es crucial. Si la Constituci\u00f3n no proh\u00edbe expl\u00edcitamente la reelecci\u00f3n discontinua, una sentencia que lo haga est\u00e1 creando una norma restrictiva que no tiene origen en una ley formal. Esto no solo vulnera el Art. 411 de la CPE sobre reforma constitucional, sino que tambi\u00e9n desatiende el mandato de la Corte IDH de que las restricciones a los derechos pol\u00edticos deben ser establecidas por ley, no por interpretaciones judiciales que equivalen a legislar.<\/p>\n\n\n\n Conclusi\u00f3n: El Riesgo de la Judicializaci\u00f3n de la Pol\u00edtica<\/p>\n\n\n\n El debate sobre la reelecci\u00f3n en Bolivia va m\u00e1s all\u00e1 de las posturas interpretativas. Se trata de la salud de nuestra democracia y del respeto al Estado de Derecho. Cuando un Tribunal Constitucional, con el pretexto de \u00abinterpretar\u00bb, asume facultades que corresponden al poder legislativo y al poder constituyente, se abre la puerta a la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica y a la erosi\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n La prohibici\u00f3n de la reelecci\u00f3n, sea continua o discontinua, es una decisi\u00f3n pol\u00edtica fundamental que debe ser tomada por el pueblo a trav\u00e9s de sus representantes leg\u00edtimos y mediante los procedimientos constitucionales establecidos, sea una reforma constitucional y\/o la promulgaci\u00f3n de una Ley que establezca con claridad los l\u00edmites y derechos pol\u00edticos. Las sentencias constitucionales tienen un rol vital en la salvaguarda de la Constituci\u00f3n, pero ese rol no incluye el de reemplazar a la ley formal en la restricci\u00f3n de derechos fundamentales. El futuro de nuestra institucionalidad democr\u00e1tica depende de que cada poder respete sus l\u00edmites y de que la voluntad del pueblo se exprese a trav\u00e9s de los cauces legales establecidos, no por la v\u00eda de una \u00abinterpretaci\u00f3n\u00bb judicial, antojadiza de un grupo de magistrados autoprorrogados.<\/p>\n\n\n\n Por Diego Hern\u00e1n Moscoso Sangin\u00e9s Uriarte<\/p>\n\n\n\n Es economista de la UAGRM<\/p>\n\n\n\n Mayo del 2025, El Alto, Bolivia.<\/p>\n\n\n\n [1]<\/a> https:\/\/larazon.bo\/politico\/2025\/05\/17\/la-interpretacion-del-articulo-168-de-la-constitucion\/<\/a><\/p>\n\n\n\n [2]<\/a> https:\/\/larazon.bo\/politico\/2025\/05\/25\/descarta-el-art-168-de-la-cpe-la-reeleccion-discontinua\/<\/a><\/p>\n\n\n\n [3]<\/a> https:\/\/plumayespada.online\/comentarios-sobre-las-sentencias-constitucionales-que-interpretan-la-reeleccion-indefinida-en-bolivia-defensa-de-la-democracia-o-activismo-constitucional\/opinion\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La reciente Sentencia Constitucional Plurinacional 0007\/2025 y el Auto Constitucional 083\/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han reabierto, una vez m\u00e1s, el debate sobre la reelecci\u00f3n en Bolivia. Si bien estas resoluciones pretenden blindar el sistema democr\u00e1tico al prohibir la reelecci\u00f3n indefinida, una lectura jur\u00eddica […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1402,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1401","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion"],"yoast_head":"\n
\n\n\n\n