La Sentencia Constitucional Plurinacional 0007\/2025 y el Auto Constitucional 083\/2024, emitidos recientemente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, han reavivado un debate que parec\u00eda cerrado tras la Opini\u00f3n Consultiva OC-28\/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas resoluciones, que pretenden blindar el sistema pol\u00edtico frente a la reelecci\u00f3n indefinida, han sido celebradas por algunos sectores democr\u00e1ticos. Sin embargo, una lectura cr\u00edtica y jur\u00eddica revela que podr\u00edan estar minando justamente aquello que dicen proteger: el Estado de Derecho y la supremac\u00eda constitucional.<\/p>\n\n\n\n
La SC 0007\/2025 no solo reafirma que la reelecci\u00f3n indefinida es contraria al modelo democr\u00e1tico, sino que va m\u00e1s all\u00e1: proh\u00edbe incluso la repostulaci\u00f3n discontinua de cualquier expresidente y extiende esta inhabilitaci\u00f3n a cargos como la vicepresidencia, las diputaciones y las senadur\u00edas. \u00bfD\u00f3nde est\u00e1 escrito esto en la Constituci\u00f3n? En ninguna parte. El art\u00edculo 168 de la CPE habla de reelecci\u00f3n por una sola vez \u201cde manera continua\u201d, pero en ning\u00fan momento proh\u00edbe la reelecci\u00f3n discontinua ni la participaci\u00f3n en otros cargos.<\/p>\n\n\n\n
Lo que se presenta, entonces, es una reforma material encubierta, realizada no por el poder constituyente ni mediante el procedimiento formal de reforma previsto en el art\u00edculo 411 de la CPE, sino por la v\u00eda interpretativa. Es decir, el TCP modifica la Constituci\u00f3n sin el voto del pueblo, lo cual vulnera el principio democr\u00e1tico m\u00e1s elemental: la soberan\u00eda popular.<\/p>\n\n\n\n
La Corte IDH, en su Opini\u00f3n Consultiva OC-28\/21, fue clara: los Estados pueden restringir la reelecci\u00f3n indefinida, pero deben hacerlo dentro de l\u00edmites razonables, proporcionales y sin suprimir completamente el derecho a participar en la vida pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
En el p\u00e1rrafo 38, la Corte define la reelecci\u00f3n presidencial indefinida como \u201cla permanencia en el cargo de la persona que ejerza la Presidencia de la Rep\u00fablica por m\u00e1s de dos per\u00edodos consecutivos de duraci\u00f3n razonable\u201d. En el p\u00e1rrafo 39 aclara que no se refiere a la reelecci\u00f3n presidencial en general ni a la posibilidad de reelecci\u00f3n discontinua, y en el p\u00e1rrafo 127 reitera que \u201cla prohibici\u00f3n de la reelecci\u00f3n presidencial indefinida solo restringe la posibilidad de la persona que se encuentra ejerciendo la presidencia de participar en las elecciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Es decir, la OC-28\/21 establece un marco de interpretaci\u00f3n que no proh\u00edbe la reelecci\u00f3n discontinua ni el acceso a otros cargos. Sin embargo, la SC 1010\/2023, el AC 083\/2024 y la SC 007\/2025 eluden estas precisiones y reinterpretan la OC de forma arbitraria, incurriendo en un exceso que no encuentra respaldo en la jurisprudencia interamericana.<\/p>\n\n\n\n
Un problema adicional est\u00e1 en la base argumentativa de ambas resoluciones. El TCP cita la Sentencia Constitucional 1010\/2023 como sustento doctrinal, pero esta se refiere a un caso de libertad de expresi\u00f3n en el contexto de la preselecci\u00f3n de candidaturas para las elecciones judiciales. No trata sobre la reelecci\u00f3n presidencial.<\/p>\n\n\n\n
Utilizar esa sentencia como argumento central para establecer l\u00edmites sustantivos a los derechos pol\u00edticos carece de consistencia jur\u00eddica, ya que descontextualiza su contenido y finalidad. Este uso indebido de precedentes compromete la legitimidad de las decisiones adoptadas.<\/p>\n\n\n\n
Los obiter dicta son opiniones accesorias que no forman parte del fallo principal y, por tanto, no tienen fuerza vinculante. Basar la SC 007\/2025 y el AC 083\/2024 en tales comentarios es jur\u00eddicamente insostenible, ya que el TCP estar\u00eda construyendo su razonamiento sobre una base sin valor normativo. \u00bfC\u00f3mo se puede justificar una prohibici\u00f3n tan dr\u00e1stica sobre una premisa irrelevante al tema central?<\/p>\n\n\n\n
La SC 0007\/2025 y el AC 083\/2024, en su intento de consolidar un marco jur\u00eddico contrario a la reelecci\u00f3n indefinida, incurren en pr\u00e1cticas interpretativas que reforman materialmente la Constituci\u00f3n sin seguir el procedimiento formal. Adem\u00e1s, se apartan del est\u00e1ndar establecido por la Corte IDH, vulneran el principio de razonabilidad y exceden su competencia interpretativa al imponer restricciones no previstas en la CPE \u2014como la prohibici\u00f3n de mandatos no consecutivos o el acceso a otros cargos electivos.<\/p>\n\n\n\n
Esto configura una usurpaci\u00f3n del poder constituyente derivado, ya que las reformas constitucionales requieren aprobaci\u00f3n por dos tercios de la Asamblea Legislativa y refer\u00e9ndum (Art. 411 CPE). La falta de una base jur\u00eddica s\u00f3lida \u2014al basarse en una sentencia irrelevante\u2014 convierte las restricciones a los derechos pol\u00edticos en medidas desproporcionadas, violatorias de los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n
La construcci\u00f3n de un marco legal nacional que establezca con claridad l\u00edmites proporcionales a los mandatos presidenciales no puede transformarse en una cruzada contra la participaci\u00f3n pol\u00edtica de determinados actores. Lo que comienza como una defensa del sistema democr\u00e1tico no debe convertirse en un mecanismo de proscripci\u00f3n pol\u00edtica ni de negaci\u00f3n de derechos.<\/p>\n\n\n\n
La institucionalizaci\u00f3n democr\u00e1tica en Bolivia no puede depender de criterios circunstanciales dictados por una sala constitucional ni por un TCP cuya mayor\u00eda de magistrados se encuentra en situaci\u00f3n de pr\u00f3rroga, sin legitimidad ni legalidad. Sus decisiones exceden las competencias interpretativas y usurpan funciones propias del poder constituyente.<\/p>\n\n\n\n
Las irregularidades cometidas por las autoridades constitucionales deber\u00e1n, inevitablemente, someterse a los procesos judiciales correspondientes, con el fin de sancionar a las magistradas y magistrados que hayan incurrido en actos delictivos, conforme a la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n
Por Diego Hern\u00e1n Moscoso Sangin\u00e9s Uriarte<\/strong><\/p>\n\n\n\n Es economista por la Universidad Aut\u00f3noma Gabriel Ren\u00e9 Moreno (UAGRM).<\/p>\n\n\n\n El Alto, Bolivia \u2013 mayo de 2025.<\/p>\n\n\n\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Sentencia Constitucional Plurinacional 0007\/2025 y el Auto Constitucional 083\/2024, emitidos recientemente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, han reavivado un debate que parec\u00eda cerrado tras la Opini\u00f3n Consultiva OC-28\/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas resoluciones, que pretenden blindar el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1365,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1364","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion"],"yoast_head":"\n