Wilson Santamaría ataca a la prensa para evadir denuncias de corrupción, una estrategia que el actual Viceministro de Coordinación Legislativa ha desplegado en redes sociales tras ser consultado sobre los procesos pendientes en su contra. En lugar de ofrecer transparencia respecto a las acusaciones que datan de su gestión en el gobierno de Jeanine Áñez, Santamaría respondió al medio digital Sol de Pando con descalificaciones, acusándolo de mentir y de actuar como un «tribunal parcial e ilegal». Su reacción ha encendido las alarmas sobre la relación entre poder político y libertad de información en Bolivia.
«Irresponsable y mentiroso»: la descalificación como respuesta
Ante la insistencia de Sol de Pando por obtener una versión oficial sobre las denuncias de corrupción que pesan en su contra, el viceministro Wilson Santamaría optó por el ataque directo. En un comentario público en Facebook, desestimó la labor periodística y evadió las preguntas de fondo con una dura acusación:
«Es un irresponsable y mentiroso por publicar eso. Vaya al tribunal y vea si tengo esos procesos… Por otro lado, su tendencia es arbitraria porque sus preguntas lo hacen fiscal, y eso no es periodismo; es un tribunal, pero parcial e ilegal.»
— Wilson Santamaría, Viceministro de Coordinación Legislativa

Esta respuesta se produjo después de que el medio, según relata el periodista Wilson García Mérida, intentara contactar al Viceministro desde el 26 de noviembre mediante múltiples vías, sin obtener respuesta. La reacción de Santamaría no solo evita aclarar su situación judicial, sino que busca desacreditar al mensajero, una táctica que pone en duda su compromiso con la rendición de cuentas.
El origen de la controversia: denuncias de corrupción en su gestión
La reacción del Viceministro responde a un reportaje investigativo que expone siete presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su etapa como Viceministro de Seguridad Ciudadana (2019-2020), bajo el mando de Arturo Murillo. Las denuncias, presentadas en 2021 por su entonces sucesor Roberto Ríos, incluyen:
- Contratos irregulares: la ausencia de un contrato con ENTEL para el servicio de internet del programa BOL-110, valuado en más de Bs 1,7 millones.
- Activos desaparecidos: la pérdida de equipos y material de oficina.
- Daño económico: un presunto perjuicio total al Estado que asciende a Bs 2.296.821.
A casi cuatro años de estas acusaciones, no existe información pública que confirme si los procesos avanzaron, fueron archivados o llegaron a una conclusión. Este vacío de transparencia fue precisamente lo que el reportaje intentó esclarecer.
El peso del pasado político y las tensiones del presente
El historial de Wilson Santamaría está íntimamente ligado a figuras y episodios controvertidos del gobierno transitorio. Su cercanía con Arturo Murillo, con quien compartía militancia en Unidad Nacional (UN) bajo el liderazgo de Samuel Doria Medina, lo ubica dentro del círculo de poder que protagonizó el escándalo de la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, caso por el cual Murillo fue condenado en Estados Unidos.
Hoy, su rol como Viceministro de Coordinación Legislativa es considerado clave en las disputas internas del actual gobierno. Según el análisis de Sol de Pando, su designación fue una imposición de Doria Medina para «neutralizar» las funciones del vicepresidente Edmand Lara, generando tensiones que podrían derivar en una ruptura política y reactivar el protagonismo de actores opositores. Este contexto vuelve aún más relevante su negativa a transparentar su situación judicial, especialmente en un momento en el que el país exige claridad y responsabilidad institucional.

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