La violencia policial en Cotapachi que deja dos muertos y cuestiona el derecho a la vida en Bolivia marcó un punto crítico el pasado lunes 8 de diciembre, cuando un operativo para desbloquear el botadero municipal de Colcapirhua, en Cochabamba, derivó en un enfrentamiento fatal. La intervención, destinada a resolver un conflicto por la gestión de residuos que se prolongaba por 12 días, terminó con el fallecimiento de dos comunarios por impactos de arma de fuego y más de 20 heridos. El hecho abre un profundo debate sobre el uso de la fuerza estatal frente a las garantías consagradas en la Constitución Política del Estado.
Del bloqueo al asesinato en Cotapachi
El conflicto en el botadero de Cotapachi no surgió de manera repentina. Se gestó a lo largo de casi dos semanas, cuando pobladores locales instalaron un bloqueo para impedir el ingreso de los camiones de basura al relleno sanitario. La tensión alcanzó un primer punto crítico el jueves 4 de diciembre, con un enfrentamiento entre funcionarios municipales y bloqueadores que dejó una veintena de heridos.
Pese a intentos de diálogo y diversas advertencias, la situación no encontró una salida, lo que llevó a las autoridades a solicitar la intervención policial este lunes. El operativo, que pretendía despejar la ruta y restablecer el servicio de recolección de basura, se convirtió en tragedia con la muerte de Marco Padilla Meneses (38) y Sinforiano Carrillo (47).
Dos versiones sobre la tragedia en Colcapirhua
Tras los hechos, emergieron dos narrativas contrapuestas que ahora son el centro de la investigación anunciada por el Gobierno.
La denuncia de un uso desproporcionado de la fuerza
Los informes médicos del Hospital Benigno Sánchez y del Hospital Villa Urkupiña son contundentes: ambos fallecidos presentaban traumas torácicos provocados por proyectiles de arma de fuego. A esto se suman testimonios de heridos que reportan lesiones por bala, fracturas expuestas y contusiones graves.
El abogado Eduardo Mérida, representante de los pobladores, calificó la actuación policial como “una carnicería” y denunció un uso excesivo y letal de la fuerza contra los manifestantes. El hijo de uno de los fallecidos declaró a medios locales que los policías “dispararon con pistola”, una afirmación que busca sustentarse con registros de video.
La versión policial: emboscada y uso progresivo de la fuerza
El Comando Departamental de la Policía de Cochabamba emitió un comunicado asegurando que su actuación se enmarcó en el “respeto irrestricto a los Derechos Humanos” y el “uso progresivo y diferenciado de la fuerza”. Según su versión, los efectivos consiguieron despejar el ingreso al botadero de Cotapachi, pero fueron “emboscados” a su salida mediante el uso de dinamita por parte de los manifestantes.
La institución policial niega haber empleado armas de fuego letales, afirmando que solo utilizaron agentes químicos para dispersar a la multitud. También reportaron varios efectivos heridos y anunciaron la aprehensión de tres personas en la zona.
El derecho a la vida y la respuesta del Estado
El trágico desenlace en Colcapirhua ha reavivado el debate sobre las garantías constitucionales y la obligación del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos.
La Constitución y la prohibición de la pena de muerte
El artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece de manera inequívoca:
“Toda persona tiene derecho a la vida (…). Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.”
Este principio fundamental colisiona directamente con los resultados del operativo policial. Juristas y defensores de derechos humanos aseguran que el uso de armamento letal en un contexto de protesta social contradice el mandato constitucional que obliga al Estado a prevenir la muerte y el sufrimiento en cualquier intervención.
El Gobierno ordena una investigación “ejemplar”
El vicepresidente Edmand Lara expresó su consternación por los fallecimientos y ordenó un “informe exhaustivo” para identificar a los responsables. Manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia y represión, y se comprometió a que los autores sean “sancionados de manera ejemplar”. La promesa de una investigación transparente será clave para determinar las responsabilidades políticas y operativas de esta jornada.
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