Se confirma que el subteniente de la Policía, Joaquín Castellón, asesinó a dos personas en Cotapachi, Cochabamba, utilizando un arma de fuego proporcionada por el Estado. El hecho ha provocado una enérgica y directa respuesta del Gobierno. El vicepresidente Edmand Lara exigió públicamente la pena máxima y la baja definitiva del oficial, descartando por completo la tesis de “legítima defensa” y denunciando una grave violación de los protocolos policiales sobre el uso de la fuerza letal en manifestaciones.
Lara exige “pena máxima” y desmonta la tesis de la legítima defensa
La crisis por la violencia en Colcapirhua ha escalado hasta el poder Ejecutivo, que busca sentar un precedente de “tolerancia cero”. En una declaración contundente, el vicepresidente Edmand Lara anunció medidas inmediatas para asegurar que el crimen no quede impune.
“He ordenado al Departamento Jurídico de la Vicepresidencia que realice todas las acciones legales para que este oficial sea sancionado penalmente con la pena máxima y sea dado de baja de la institución policial”, afirmó Lara, mostrando una postura firme contra el accionar del subteniente.
Violación de los tres principios del uso de la fuerza
Con la autoridad de haber sido capitán de la Policía, Lara rechazó cualquier intento de justificar que Castellón actuó en defensa propia. “Que no vengan acá a querer argumentar que hizo uso de su arma de fuego en defensa propia”, advirtió.
Recordó que el uso de armamento letal está estrictamente regulado por tres principios básicos que, a su juicio, fueron ignorados: necesidad, legalidad y proporcionalidad. Además, enfatizó que los protocolos policiales prohíben explícitamente portar armas de fuego en operativos de contención de protestas sociales.
Identificación del autor y avance hacia la imputación por homicidio
Mientras la presión política aumenta, el sistema judicial ya ha comenzado a actuar. La Policía Boliviana identificó formalmente al subteniente Joaquín Castellón como el autor material de los disparos mortales.
Un factor agravante, según señaló el Vicepresidente, es el presunto intento de ocultar lo ocurrido. Lara afirmó que el oficial no habría informado sobre el uso de su arma si no hubieran aparecido grabaciones que lo incriminan. La responsabilidad también alcanzaría al jefe del operativo, quien debería ser procesado por no haber garantizado que su personal acudiera al desbloqueo sin armamento letal.
El Ministerio Público anunció que el subteniente Castellón será imputado formalmente por el delito de homicidio, iniciando un proceso penal que podría derivar en la sanción más severa contemplada por la ley boliviana.
El trasfondo del conflicto: un reclamo sanitario que terminó en tragedia
La violencia que dejó dos muertos no surgió de manera aislada. Se originó en un persistente reclamo ciudadano. Los vecinos de Cotapachi mantenían un bloqueo en el ingreso al relleno sanitario, denunciándolo como un insostenible foco de infección y malos olores que afecta gravemente su salud y calidad de vida. La intervención policial, lejos de resolver el problema de fondo, lo convirtió en una tragedia nacional.
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