Mientras el presidente Rodrigo Paz, con sus garras sobre Tariquía, prometía en Brasil una nueva ley para atraer a Petrobras, en Bolivia su gobierno desataba una ofensiva de despojo y criminalización contra los defensores de la reserva. En una cumbre con Lula da Silva, Paz buscó seducir a la petrolera brasileña con “más inversión en exploración”, al mismo tiempo que su procurador general del Estado, Hugo León La Faye, advertía que una nueva consulta en Tariquía ponía en riesgo el suministro de gas para el país, en un claro intento de presionar a la justicia y a las comunidades.
El doble discurso: promesas en Brasilia, presión en Tarija
La estrategia del gobierno de Paz ha sido de un cinismo calculado. En su reciente visita a Brasil, el mandatario anunció una nueva ley de hidrocarburos con el objetivo explícito de que Petrobras invierta más en Bolivia. Esta promesa, analizada por el investigador Stasiek Czaplicki, se enmarca en una serie de acuerdos que buscan “más infraestructura para la extracción” y “más territorios puestos a disposición del capital en nombre del desarrollo”.
Mientras Paz ofrecía estas garantías en el exterior, en Bolivia su procurador ejercía una fuerte presión para viabilizar el proyecto Domo Oso X-3. “Si ahuyentamos la inversión de Petrobras, que están listos para entrar a perforar, vamos a vernos en figurillas dentro de muy poco tiempo”, declaró León La Faye a la agencia ANF, calificando una nueva consulta como un riesgo para la inversión y un acto que iría en contra de un contrato que es “ley de la República”.
La “consulta” fraudulenta y las licencias a medida
La insistencia del Gobierno en que el proyecto es legal y cumple con toda la normativa choca con las denuncias de los defensores de Tariquía, quienes han sostenido desde el principio que el proceso estuvo viciado desde su origen.
El dirigente Jhonatan Acosta, del Comité de Defensa, y el investigador Jorge Campanini, de Cedib, ya habían denunciado en 2018 que la consulta pública fue fraudulenta, con la participación de personas afines al MAS, y que las licencias ambientales se obtuvieron de manera irregular.
“Nos llama la atención que la Subcentral Tariquía no haya sido convocada o haya podido participar de ninguno de los procesos de consulta”, señaló Campanini en ese entonces. Acosta ahora revela una de las maniobras: YPFB y Petrobras, al no cumplir los requisitos para una licencia de “daño severo” (categoría uno), simplemente cambiaron la clasificación a “daño moderado” (categoría dos) para obtener el permiso.
Todo esto se realizó bajo la gestión del MAS, Rodrigo Paz sigue el mismo plan.
Un proyecto de “fuerza mayor” en el corazón de la reserva
Contrario a la versión oficial de que el pozo está “fuera de la reserva”, informes de prensa y de expertos confirman que el proyecto impacta directamente en el área protegida.
En 2023, Manuel Campero, entonces director de YPFB por Tarija, confirmó a El País que el proyecto Domo Oso X-3 “está dentro de la reserva”. La propia estatal lo calificaba como un “proyecto de fuerza mayor”, una tipificación que, según expertos, se utiliza para proyectos con conflictos sociales o jurídicos.
Jorge Campanini fue aún más lejos, denunciando en 2018 a la agencia ANF que el proyecto Churumas, también en la zona, se ubica en el “corazón de la reserva, zona intangible, donde teóricamente no se puede realizar ninguna actividad extractiva”.
Mientras el gobierno de Paz despliega una ofensiva diplomática para atraer a Petrobras y presiona a la justicia para viabilizar sus proyectos, la realidad en el terreno es la de una resistencia comunitaria que enfrenta la criminalización y el despojo, en una lucha desigual por proteger las fuentes de agua que dan vida a todo el departamento de Tarija.
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