El vicepresidente Edmand Lara denunció penalmente al presidente de YPFB, Yussef Akly, por el robo de 12 millones de dólares en un presunto negociado con sobreprecio en la compra de crudo, mientras la petrolera estatal, en una muestra de soberbia, negó categóricamente las acusaciones y amenazó con iniciar sus propios juicios para “preservar la verdad”. Esta explosiva confrontación se desata en medio de la crisis por la “gasolina mala”, donde otra empresa contratada para el control de calidad, Camin Cargo, también niega responsabilidades, dejando a miles de bolivianos con sus vehículos dañados en un fuego cruzado de acusaciones y sin responsables claros.
“Le han robado al país $us 12 millones”: Lara denunció penalmente al presidente de YPFB
La fractura en el Gobierno ha llegado a los tribunales. El vicepresidente Edmand Lara formalizó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía contra Yussef Akly por los presuntos delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito.
La acusación se basa en supuestos contratos con la empresa Trafigura para la importación de petróleo, donde se habrían detectado sobreprecios de cuatro millones de dólares mensuales. “En estos tres meses, el presidente de Yacimientos y sus cómplices le han robado al país 12 millones de dólares”, sentenció Lara, presentando como prueba los propios contratos firmados por Akly.
El vicepresidente exigió la aprehensión inmediata del titular de YPFB, argumentando que podría obstaculizar la investigación. “No somos enemigos de nadie; de lo que somos enemigos es de la corrupción”, subrayó.
La respuesta de YPFB: negación, amenazas y “mala intención”
La respuesta de YPFB fue inmediata y desafiante. A través de un comunicado, la estatal no solo negó la existencia de sobreprecios, sino que afirmó que “a la fecha no se firmaron contratos con la empresa Trafigura”, contradiciendo directamente la denuncia del vicepresidente.
La petrolera calificó las acusaciones como “irresponsables y antipatrióticas”, basadas en “mala intención” más que en conocimientos técnicos, y anunció que también iniciará acciones legales para defender su “buen nombre”. Esta postura de negación total y amenaza de contraataque judicial solo ha incrementado la tensión y la desconfianza.
El tercer actor en discordia: Camin Cargo se lava las manos
Para complicar aún más el panorama, la empresa argentina Camin Cargo, contratada por YPFB para el control de calidad del combustible, también se deslindó de cualquier responsabilidad. En un comunicado, la firma negó haber incumplido su contrato y aseguró que, en enero, analizó 24 muestras de gasolina que resultaron “negativas a la existencia de residuos contaminantes”.
Camin Cargo afirma tener todas las actas de conformidad de YPFB y “sin registro de reclamos técnicos”, lavándose las manos en una crisis que ha dañado a más de 2.000 vehículos, según el sector transporte.
Mientras Lara denuncia un robo millonario, YPFB niega todo y amenaza con juicios, y la empresa de control de calidad asegura que el combustible estaba perfecto, el Gobierno intenta apagar el incendio con la promesa de un seguro. Sin embargo, con acusaciones de corrupción de tan alto calibre y una maraña de contradicciones, la credibilidad de la estatal petrolera y del propio Ejecutivo está en su punto más bajo.
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