El Gobierno siente la presión ante los bloqueos y analiza, por primera vez, derogar partes del Decreto 5503, marcando un giro significativo respecto a su postura inicialmente inflexible. En una mesa de diálogo instalada este martes, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, admitió que la polémica norma puede ser mejorada y abrió la posibilidad de anular aquellos artículos que contradigan la Constitución o afecten los intereses nacionales. Este cambio de tono se produce mientras la COB consolida al menos 12 puntos de bloqueo en el país y la justicia admite una acción popular contra el decreto.
“Los que haya que derogar, se derogan”: Gobierno siente la presión ante los bloqueos
En un claro intento por desactivar la crisis, el Ejecutivo pasó de una defensa a ultranza del decreto a una posición más conciliadora. Durante una reunión con juntas vecinales y otros sectores, el ministro Mauricio Zamora reconoció la necesidad de revisar la norma.
“Nosotros hemos firmado un decreto y, con todas sus apreciaciones, revisaremos y evaluaremos los artículos. Los que haya que mejorar, los mejoraremos; los que haya que derogar, se derogan. De eso se trata este diálogo”, afirmó la autoridad, en la primera admisión pública de que la norma podría ser modificada de manera sustancial.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reforzó esta postura al señalar que “todos los instrumentos son perfectibles” y que “nada está escrito en piedra”. Sin embargo, esta apertura al diálogo se da en un contexto de creciente presión social y judicial.
La presión de las calles: bloqueos y la ausencia de la COB
La primera jornada de bloqueo nacional convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) comenzó a sentirse con fuerza en el país. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta la noche de este martes se contabilizaban 12 puntos de bloqueo en los departamentos de La Paz y Potosí, afectando rutas troncales hacia Oruro y Desaguadero.
Pese a la convocatoria del Gobierno al diálogo, la dirigencia de la COB no asistió a la reunión de este martes. En su lugar, condicionó su participación a la liberación de los 12 manifestantes detenidos durante los enfrentamientos del lunes. La tensión se incrementó tras la intervención policial en la residencial de la COB en La Paz, un hecho que los sindicalistas calificaron como un acto de amedrentamiento.
Mientras tanto, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) ya reporta una pérdida diaria de $us 2,5 millones solo en el sector agropecuario debido a los cortes de ruta.
La presión judicial: admiten acción popular contra el decreto
Además de la presión social, el Gobierno enfrenta ahora un frente judicial. La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz admitió una acción popular interpuesta contra el Decreto Supremo 5503, por considerarlo un “ataque a la Constitución, a la economía y a la soberanía nacional”.
La audiencia para resolver esta acción fue fijada para el viernes 9 de enero, a las 13:00. Este recurso legal abre la posibilidad de que la justicia declare la inconstitucionalidad de la norma, lo que podría obligar al Ejecutivo a anularla total o parcialmente, independientemente de las negociaciones políticas.
Con la COB condicionando el diálogo, los bloqueos expandiéndose y la justicia interviniendo, el Gobierno se ve forzado a ceder en su postura inicial y abrirse a modificar un decreto que ha sumido a Bolivia en una profunda crisis.
