El Gobierno persigue a la población por los billetes del avión Hércules, pero no hay un solo responsable identificado por las mas de 20 muertes que causó el siniestro. Mientras la Policía pide a la gente “devolver” el dinero sustraído y amenaza con procesos si se intenta usarlo, la investigación sobre las causas del accidente avanza con una lentitud exasperante y sin que se apunte a ninguna autoridad por la cadena de negligencias que derivó en la peor tragedia aérea en años.
Gobierno persigue a la población por los billetes: “Devuelvan sin temor a represalias”
La prioridad del Gobierno tras el accidente ha sido clara: recuperar el dinero. La narrativa oficial, que se centró desde el inicio en el supuesto “saqueo” de la población de El Alto, ha derivado en una campaña de presión para la devolución de los billetes de la serie B.
El subcomandante de la Policía de La Paz, Javier Salgueiro, hizo un llamado a la ciudadanía: “Pedimos a todos los que hayan logrado sacar estos billetes (…) que puedan depositarlos en el Banco Central. No se está tomando ninguna represalia“.
Sin embargo, la oferta de amnistía viene con una advertencia velada. La autoridad aclaró que, si bien la entrega voluntaria no tendrá consecuencias, la situación podría “complicarse” si se detecta a alguien intentando usar los billetes en transacciones comerciales. “Ahí tal vez se pueda complicar su situación”, advirtió.
Esta estrategia, que convierte a simples ciudadanos en potenciales delincuentes, contrasta brutalmente con la falta de acción para encontrar a los verdaderos responsables de la tragedia.
22 muertos y cero responsables: la indignación crece
Mientras se persigue a quienes recogieron billetes del suelo, las preguntas sobre por qué se cayó un avión militar en una zona poblada siguen sin respuesta. La indignación crece ante la evidente inoperancia para identificar a los culpables de la muerte de 22 personas, entre ellas cuatro menores de edad.
Líderes de oposición como Samuel Doria Medina ya han comenzado a exigir respuestas. El empresario cuestionó por qué se autorizó el aterrizaje en una pista que, según la declaración del piloto, estaba congelada.
“¿En qué condiciones estaban los frenos? Esperamos una investigación completa, transparente y que no proteja a nadie. Esperamos sanciones a los responsables. Se lo debemos a todas las víctimas de esta tragedia“, sentenció Doria Medina.
La verdad, una caja negra que nadie quiere abrir
El Gobierno anunció la conformación de tres juntas investigadoras (JIAA, la aseguradora y el fabricante), pero la desconfianza es total. El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, ya adelantó que la investigación “puede demorar varios meses” y que la caja negra no puede ser abierta en el país.
Esta dilación, sumada a las contradictorias versiones sobre el origen del dinero y la validez de los billetes, alimenta la sospecha de que se busca encubrir una cadena de negligencias que involucra a altas autoridades de la Fuerza Aérea, de Transporte Aéreo Boliviano (TAB) y del propio Ejecutivo.
Mientras el Gobierno se enfoca en perseguir a la gente por unos cuantos billetes, las familias de las 22 víctimas fatales y los 37 heridos siguen esperando justicia, una justicia que, hasta ahora, parece tan lejana como la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquel fatídico 27 de febrero.
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