El gobierno de Rodrigo Paz desmantela la Vicepresidencia y el Estado , consolida un poder inconstitucional a través de un decreto supremo que vacía de atribuciones y presupuesto al vicepresidente Edmand Lara, transfiriendo el control administrativo a un ministro no electo. El Decreto Supremo 5552 es la culminación de una serie de “decretazos” que, según juristas y opositores, han vulnerado sistemáticamente la Constitución para concentrar el poder en el presidente, en lo que Lara denuncia como una represalia directa por sus denuncias de corrupción.
Paz desmantela la Vicepresidencia: Un vicepresidente bajo las órdenes de un ministro
El Decreto Supremo 5552, promulgado por Rodrigo Paz, representa un ataque directo a la estructura del Estado. La norma, en la práctica, convierte al vicepresidente en una figura decorativa, subordinada al Ministerio de la Presidencia, cartera ocupada por José Luis Lupo.
Un análisis del decreto, en contraste con la Constitución Política del Estado (CPE), revela múltiples vulneraciones. El artículo 165 de la CPE establece que el Órgano Ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y los ministros, como tres componentes distintos. Sin embargo, el nuevo decreto, en su artículo 11 Bis, dispone que todo el personal administrativo de la Vicepresidencia “dependerá del Ministerio de la Presidencia”, eliminando su autonomía.
Además, la Disposición Adicional Primera ordena la transferencia de todos los recursos presupuestarios de la Vicepresidencia a otros ministerios. Esto vulnera el artículo 174 de la CPE, que otorga al vicepresidente la atribución de “coadyuvar” y “coordinar” la política general del Gobierno, funciones que son imposibles de ejercer sin personal, presupuesto ni estructura propia.
“Hoy relegan al vicepresidente y me ponen bajo la dependencia del ministro José Luis Lupo, un ministro puesto a dedo y no electo por voto democrático, como ha sido mi persona”, denunció un indignado Edmand Lara, quien advirtió que la medida “destroza” las funciones constitucionales de su cargo.
Un patrón de “decretazos”: la sucesión de actos inconstitucionales
El desmantelamiento de la Vicepresidencia no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de decretos que han bordeado o vulnerado directamente la Constitución desde el inicio de la gestión de Paz.
- Decreto 5503 (“Gasolinazo”): Aunque fue abrogado por la presión social, en su momento fue calificado de inconstitucional por intentar modificar y crear beneficios tributarios, una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa (artículo 323.II de la CPE).
- Decreto 5515 (“Gobierno a distancia”): Esta norma, que permite a Paz gobernar desde el exterior, vulnera la línea de sucesión presidencial establecida en el artículo 169 de la CPE, que ordena que el vicepresidente asuma el mando en caso de ausencia temporal del presidente.
- Decreto 5533 (firma digital): Promulgado desde Panamá, este decreto otorgó una exención del IVA a la importación de combustibles. Nuevamente, el Ejecutivo legisló en materia tributaria, una atribución que no le corresponde.
Este patrón de “gobernar por decreto” demuestra una clara intención de eludir el control legislativo y de reconfigurar la estructura del poder al margen de lo que dicta la Carta Magna.
La causa política: una represalia por las denuncias de corrupción
Para el vicepresidente Edmand Lara, la motivación detrás del desmantelamiento de su despacho es una venganza política. “Estas medidas se deben a la denuncia que hice contra YPFB por los hechos de corrupción que fiscalicé”, afirmó.
Lara se refiere a la denuncia penal que formalizó contra el presidente de Yacimientos, Yussef Akly, por un presunto sobreprecio de 12 millones de dólares en la compra de crudo. Al quitarle estructura y presupuesto, el Gobierno no solo lo castiga, sino que también limita drásticamente su capacidad de fiscalización, eliminando a la voz más crítica dentro del propio Ejecutivo.
La construcción de un hiperpresidencialismo por decreto
La suma de estas acciones configura un escenario preocupante para la democracia boliviana. El gobierno de Rodrigo Paz está utilizando los decretos supremos no como herramientas administrativas, sino como instrumentos para alterar las reglas del juego constitucional, concentrando un poder desmedido en la figura del presidente y su círculo de ministros más cercano.
Al anular en la práctica a su vicepresidente, el mandatario elimina un contrapeso fundamental dentro del propio Órgano Ejecutivo y, al mismo tiempo, debilita la Presidencia de la Asamblea Legislativa, cargo que ostenta el vicepresidente. Es la construcción de un hiperpresidencialismo por la vía de los hechos, una maniobra que, como advirtió Lara, representa un peligro para todas las instituciones del Estado.
English 
Spanish