El Gobierno finalmente admitió la venta de mal combustible por su baja calidad que dañó los vehículos de miles de bolivianos, y ahora la población exige el pago de las millonarias reparaciones. Tras días de soberbia y negación, la presión de los transportistas y la evidencia de una “epidemia” de motores arruinados obligaron al Ejecutivo a reconocer el desastre. Sin embargo, lejos de asumir su responsabilidad, la administración de Rodrigo Paz culpó a la “gestión pasada”, una explicación que no logró calmar la indignación de los afectados, quienes advierten con un paro indefinido si no se cubren los costos.
La cadena de contradicciones: cuatro versiones al final Gobierno admite mal combustible
La errática comunicación oficial dejó en evidencia la soberbia del Gobierno. Antes de admitir el problema, intentó minimizarlo con una seguidilla de versiones contradictorias que solo profundizaron la desconfianza ciudadana:
- Lunes (mañana): negación total. YPFB emitió un comunicado asegurando que la gasolina cumplía con la “calidad requerida”, respaldada —según la empresa— por una certificación internacional.
- Lunes (noche): primera admisión. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, desmintió a YPFB y reconoció que “evidentemente ha habido gasolina de mala calidad” debido a un “problema en la mezcla”.
- Martes: la culpa es del otro. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, modificó la versión y responsabilizó a “residuos heredados” de la gestión de Luis Arce por la contaminación del combustible.
- Miércoles: insinuación de sabotaje. El presidente de YPFB, Yussef Akly, no descartó una “mano negra” y anunció el despido de 360 funcionarios para, según dijo, “limpiar la empresa”.
Los daños del mal combustible: una “epidemia” de motores arruinados
Mientras el Gobierno buscaba excusas, la realidad en los talleres mecánicos resultó contundente. Tal como documentó El Deber, una “epidemia” silenciosa de carbonilla —provocada por altos niveles de manganeso y goma en el combustible— está destruyendo motores en todo el país.
El Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB) fue categórico: al menos el 60% de los vehículos que ingresan a talleres lo hacen por fallas asociadas al mal combustible. Los daños son severos: sistemas de inyección obstruidos, válvulas dobladas y, en los casos más graves, el cambio completo del motor, con costos que superan los 30.000 bolivianos.
La población exige el pago de daños: “Le pasaremos la factura al Gobierno”
La paciencia de los afectados llegó a su límite. La Federación de Choferes de La Paz “Chuquiago Marka” ya contabilizó más de 100 vehículos dañados solo en esa región y exige un resarcimiento económico inmediato.
“Estamos pagando una gasolina sin subvención y exigimos que se nos venda un combustible garantizado”, reclamó el dirigente Santos Escalante. Por su parte, Limbert Tancara, del Transporte Libre, fue aún más directo: “Le pasaremos la factura al Gobierno”, advirtiendo con un paro indefinido desde el lunes si no se cubren los costos de reparación.
La demanda es clara: el Gobierno ya admitió —aunque a regañadientes— la venta de combustible de mala calidad; ahora debe asumir las consecuencias y pagar por los miles de vehículos dañados por su negligencia.
English 
Spanish