El Gobierno abrió la puerta a la soya importada con arancel cero, y los pequeños productores denuncian un inminente riesgo de desplazamiento y caída de precios, desatando un nuevo frente de conflicto entre el campo y la industria. Mientras el sector oleaginoso, liderado por la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), celebra el Decreto Supremo 5547 como una medida clave para operar al 100% de su capacidad, los agricultores advierten que la norma los someterá a una “competencia desigual” y amenaza con replicar el escenario que ya vivieron con la importación de arroz.
La furia de los productores: “competencia desigual” en desmedro del mercado local
La reacción del sector agrícola fue inmediata y contundente. El Comité de Defensa del Productor (Codepro), que representa a pequeños y medianos agricultores, expresó su “profunda preocupación” y exigió al Gobierno la revisión inmediata del decreto.
En un pronunciamiento público, el comité cuestionó el argumento de la industria, asegurando que la producción nacional de soya cubre plenamente la demanda interna y genera un excedente cercano al 80% para la exportación. Por ello, consideran “injustificada” una importación sin consenso previo.
El principal temor es la competencia desigual. Los productores advierten que no pueden competir con la soya importada de países con altos niveles de tecnificación, uso extendido de biotecnología y fuertes políticas de apoyo estatal. Esta avalancha de grano extranjero, alertan, presionará inevitablemente los precios internos a la baja, poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de miles de familias agricultoras.
Para Codepro, el antecedente de la importación de arroz, que derivó en una drástica caída de precios y pérdidas millonarias, podría repetirse ahora con la soya.
El argumento de la industria: un “déficit” que justifica la medida
Desde la otra vereda, la industria oleaginosa defiende el decreto como una necesidad para la economía nacional. El presidente de la Caniob, Jorge Amantegui, explicó que Bolivia produce 3 millones de toneladas de soya, pero el sector tiene una capacidad instalada para procesar más de 5 millones.
“Tenemos un déficit de 2 millones de toneladas, lo que hace que las industrias trabajen al 65% de su capacidad”, declaró en Bolivia TV. Para Amantegui, la norma es un “mecanismo de compensación temporal” que permitirá no solo cubrir ese déficit, sino también duplicar las exportaciones de subproductos (harina y aceite) a más de 3.000 millones de dólares y generar más empleo e impuestos.
Sin embargo, el propio representante industrial condicionó el éxito de la medida a que la reglamentación sea “flexible” y que el Senasag no imponga barreras fitosanitarias. Esta postura es vista por los productores como una solicitud para facilitar aún más el ingreso de grano extranjero en desmedro del mercado local.
Mientras el Gobierno justifica la medida como una forma de “fortalecer la producción de subproductos”, los pequeños productores advierten que podrían convertirse en el sector más afectado por una política que, según sostienen, prioriza a los grandes transformadores sobre la producción primaria nacional.
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