En El Torno, la extracción de áridos y la minería son los principales responsables de la tragedia que ha cobrado la vida de 20 personas tras el brutal desborde del río Piraí. Mientras las autoridades desvían la atención hacia la falta de equipos de rescate y responsabilizan a gestiones pasadas, un rastro de denuncias ignoradas desde 2022 revela la causa real: una depredación ambiental sistemática que convirtió una riada en una catástrofe perfectamente evitable.
El desastre y la cortina de humo de la “falta de equipos”
La respuesta oficial a la catástrofe se ha centrado en la emergencia. El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, confirmó a EL DEBER el saldo de 20 personas fallecidas, 600 familias afectadas en El Torno y otras 1.500 damnificadas en Colpa Bélgica. Los operativos, con 175 efectivos de las Fuerzas Armadas y 284 rescatistas de la Gobernación, han logrado evacuar a cientos de personas.
Sin embargo, la narrativa gubernamental ha encontrado un culpable conveniente: la negligencia de gestiones anteriores. Troche lamentó que seis helicópteros clave para tareas de rescate estuvieran inoperables durante años, una situación que, si bien es grave, funciona como una cortina de humo que oculta el problema de fondo. La falta de un helicóptero no desborda un río; la alteración criminal de su cauce, sí.
Advertencias ignoradas: la lucha de 2022 contra chancadoras y mineras
Lo que hoy se presenta como una tragedia natural imprevisible es, en realidad, el desenlace de una batalla que los comunarios de El Torno libran desde hace años. Los archivos periodísticos constituyen una prueba irrefutable de que la catástrofe fue advertida con antelación.
- Julio de 2022: EL DEBER ya reportaba el “conflicto por áridos”. Comunarios de Limoncito denunciaban a la chancadora Dracuz por operar sin licencia ambiental, sin autorización de la ABT y sin respetar el cordón ecológico. El conflicto involucraba también a las empresas Santa Teresita y a la Cooperativa de Dragueros Limoncito. Las autoridades prometieron una “mesa técnica”, pero la depredación continuó.
- Febrero de 2022: La agencia ANF informaba que el Ministerio de Medio Ambiente había otorgado una licencia a una empresa minera privada para explotar piedra caliza en una zona de alta sensibilidad hídrica. Quince comunidades se declararon en emergencia, exigiendo la anulación de un permiso que ignoraba una ley municipal que declara la zona como área de protección ecológica. Sus reclamos, como admitió el concejal Alfredo Escobar, no obtuvieron respuesta.
- Abril de 2022: La tensión alcanzó su punto más alto. EL DEBER documentó cómo organizaciones sociales se enfrentaron a la empresa minera Farah, que pretendía explotar un cerro clave para el suministro de agua de dos ríos. La respuesta de la empresa fue iniciar acciones penales contra el dirigente Milton Cortez y la comunaria María Binda, quien se negó a ceder su propiedad para facilitar el avance de la actividad minera.
El mecanismo de la destrucción: cómo la minería fabrica inundaciones
La extracción de áridos —arena, ripio y grava— no es una actividad inocua. Se trata de una forma de minería a cielo abierto que ataca directamente la morfología de los ríos. Al remover de manera masiva el material del lecho y las riberas, se eliminan las barreras naturales que contienen y ralentizan el flujo del agua. El cauce se profundiza y se ensancha de forma irregular, transformando al río en un canal de alta velocidad sin control.
Como advierten especialistas, esta actividad es uno de los principales detonantes de aluviones. Los municipios, incentivados por el cobro de patentes, suelen otorgar permisos sin estudios técnicos rigurosos, permitiendo operaciones en zonas de alto riesgo. La ausencia de un catastro actualizado que controle los volúmenes extraídos abre la puerta a una explotación desmedida cuyo costo, como se evidencia en El Torno, se paga con vidas humanas.
Un cerco a la vida: 70 concesiones que amenazan al Amboró
La lucha de los comunarios contra la empresa Farah en 2022 reveló una realidad aún más alarmante. Según una investigación de EL DEBER de abril de ese año, existen aproximadamente 70 concesiones mineras cercando la franja de amortiguamiento del Parque Nacional Amboró, una de las áreas de mayor biodiversidad y una fuente de agua vital para Santa Cruz.
“¿Cuál es la lógica de atentar contra las áreas protegidas?”, cuestionaba entonces María Teresa Vargas, directora de la Fundación Natura. Las concesiones se concentran precisamente en una zona de alta sensibilidad ecológica que recarga el acuífero cruceño. La prioridad nacional otorgada a la minería, sostienen los expertos, no puede situarse por encima del derecho humano fundamental al agua y a la vida. Hoy, las consecuencias de priorizar el extractivismo se miden en 20 cuerpos que aún buscan ser identificados.
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