La crisis humanitaria en El Torno y el desastre ambiental del río Piraí marcan un cierre de año trágico este miércoles 31 de diciembre. Mientras 105 damnificados enfrentan la víspera de Año Nuevo con apenas una “sopa de zapallo con hueso” en los albergues municipales, investigaciones periodísticas y reportes técnicos confirman que la tragedia no fue solo un golpe de la naturaleza, sino la consecuencia de años de depredación por parte de empresas mineras y de la falta de control estatal sobre la extracción de áridos.
Hambre e incertidumbre en los albergues la crisis se seinte en El Torno
El drama humano se intensifica con el paso de las horas. Según reportó El Deber, en el refugio habilitado en una unidad educativa, a pocas cuadras de la plaza principal de El Torno, la ayuda comienza a escasear de forma alarmante.
“Estamos pobres. No hay papa, no hay arroz, no hay aceite ni carne”, lamentó Marioly Jaldín Zurita, afectada de la comunidad El Playón, quien acaba de enterrar a su tío tras 16 días de búsqueda.
Aunque las autoridades entregaron víveres el lunes, la magnitud de la tragedia —con 41 familias que lo perdieron todo en los distritos 6 y 7— ha desbordado cualquier previsión. El secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Roberto Darío Suárez, admitió que las raciones secas se están agotando y apeló a la solidaridad ciudadana para “parar la olla” en una fecha simbólica y dolorosa.
El saldo oficial es devastador: 31 cuerpos recuperados, de los cuales 28 ya fueron identificados. Muchos damnificados no pueden regresar a sus comunidades, como Quebrada León, porque sus terrenos se han transformado en playas de arena arrasadas por el turbión.
El desastre tiene nombres: empresas y minería ilegal
Más allá de la emergencia alimentaria, el análisis de fondo revela que el comportamiento violento del río es consecuencia directa de la intervención humana. Reportajes de EL DEBER y La Región (2022) documentaron cómo la extracción de piedras —“los huesos del río”— aceleró el caudal y debilitó su estructura natural.
Las denuncias históricas apuntan directamente a una lista de empresas privadas y cooperativas que operaron alterando la morfología del Piraí:
- Chancadora Dracuz: denunciada por comunarios de Limoncito por operar sin licencia ambiental y vulnerar el cordón ecológico.
- Empresa Minera Farah: protagonizó conflictos en 2022, llegando a iniciar acciones penales contra dirigentes locales como Milton Cortez y la comunaria María Binda por oponerse a la explotación de cerros hídricos.
- Empresa Santa Teresita y la Cooperativa de Dragueros Limoncito: vinculadas a la explotación intensiva en la zona del desastre.
- Cooperativa Ripiera Río Piraí – La Guardia: señalada por operar en un proceso de adecuación normativa inconclusa.
A esto se suma la existencia de cerca de 70 concesiones mineras que cercaban el Parque Nacional Amboró, una amenaza advertida con anticipación por la ingeniera ambiental Sandra Quiroga: “Al quitarle el sólido al río, se vuelve más peligroso”.
Negligencia histórica y obras irregulares
La responsabilidad estatal también queda expuesta en los archivos. En enero de 2023, medios como Montero Noticias informaron que autoridades de la época, entre ellas Federico Molina (SDCAM) y los entonces asambleístas Wilfredo Peinado y Antonio Talamás, confirmaron la construcción ilegal del aeródromo ‘Warnes’ dentro del Bosque de Protección (BP-1), eliminando una barrera natural clave contra las inundaciones.
Asimismo, desde 2017, el exdirector del Searpi, Luis Aguilera, había advertido sobre la pérdida del 23% de la masa boscosa del cordón ecológico, una alerta ignorada por gestiones municipales pasadas en El Torno y La Guardia, que permitieron asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.
Hoy, mientras el Gobierno nacional intenta justificar las falencias del rescate por la falta de helicópteros, las familias de El Torno piden no ser olvidadas, atrapadas entre el duelo por sus muertos y la incertidumbre de un futuro sin hogar. La Crisis en El Torno tiene nombres y apellidos.
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