El Senado está tratando un proyecto de ley que “Autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, la Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial”. Lo cual implica que las pequeñas propiedades familiares de agricultura se perderían y entrarían en el régimen del agronegocio, donde los grandes empresarios podrían aprovecharse de esta medida. Pero, sobre todo, terminar con los campesinos en todo el país, principalmente en el oriente.
Lo que nos coloca en una alerta grande: esta podría ser la génesis de la extinción de la masa campesina en Bolivia, y comenzará en el oriente.
Explicando la Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial
La Constitución establece en su artículo 394 que la pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable. Al permitir que una pequeña propiedad se convierta en “Mediana” o “Empresarial”, el propietario renuncia automáticamente a estas protecciones. La tierra pasa a ser objeto de embargo (por deudas bancarias) y debe pagar impuestos. Esto facilita que la tierra sea absorbida por el mercado financiero.
Según la Ley INRA 1715, en su artículo 53, la pequeña propiedad no puede ser revertida por abandono o incumplimiento de la Función Económico-Social (FES). Sin embargo, la Mediana y la Empresarial SÍ están sujetas a reversión si no demuestran producción (arts. 51 y 58 de la Ley 1715). Este proyecto de ley expone al pequeño productor a perder su tierra ante el Estado si no mantiene un ritmo “empresarial”. Esto es una genialidad de jugada por parte del agronegocio, ya que estarán iniciando una campaña para apropiarse de tierras “que no cumplen la función social” para absorberlas en el mercado financiero.
El Límite de las 5.000 hectáreas (art. 398 CPE): La Constitución prohíbe el latifundio y establece que ninguna persona puede poseer más de 5.000 hectáreas. Si bien el proyecto no dice explícitamente que se rompe este límite, abre un mecanismo de concentración: si un empresario puede comprar o financiar varias “pequeñas propiedades” que luego se convierten en “empresariales”, el control real del territorio se concentra bajo una lógica de agronegocio, aunque formalmente se mantengan títulos separados.
La Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial es un atentado a la soberanía alimentaria
El agronegocio en Bolivia contribuye solo con el 12,4 % del volumen de alimentos y el 16,8 % del valor bruto de producción de cultivos alimentarios. Este aporte se limita a productos de mayor valor agregado, como el arroz producido en los llanos tropicales.
En contraste, la agricultura familiar provee el 98,5 % del volumen de la canasta básica familiar y emplea a 1,44 millones de personas, muchas de las cuales no reciben una remuneración justa, lo que subsidia indirectamente la producción alimentaria del país.
El análisis de Stanislaw Tadeusz Czaplicki Cabezas muestra cómo el agronegocio en Bolivia evita contribuir de manera proporcional a sus ganancias, tanto en términos tributarios como laborales. Además, su impacto en la seguridad alimentaria es mínimo en comparación con el papel esencial de la agricultura familiar, que sustenta la alimentación del país y genera empleo en mayor medida, aunque con menos apoyo estatal. El estudio lo puedes ver acá.
Además, es importante aclarar que entre 2012 y 2014, las seis mayores empresas comercializadoras de soya en Bolivia facturaron aproximadamente $1.200 millones anuales, pero solo reportaron utilidades por un total de $44 millones. Declararon un pago de impuestos anual de $11,3 millones, lo que representa menos del 1 % del valor de sus ventas.
El caso de Gravetal es un ejemplo ilustrativo: entre 2008 y 2018, esta empresa, parte del conglomerado InverSoja, declaró pérdidas y deudas por $136 millones, minimizando su carga tributaria durante una década.
Derechos humanos, conquistas sociales
La “Pequeña Propiedad” en Bolivia tiene una función de subsistencia. Obligar o incentivar su cambio a “Empresarial” bajo la lógica de “desarrollo productivo” (art. 4.II del proyecto) puede vulnerar la seguridad alimentaria de las familias rurales si el mercado falla. Ya explicamos que la canasta básica la provee la agricultura familiar; esto podría cambiar y, claro, el agro proveerá ahora la canasta, pero comida llena de agroquímicos, que no es natural. Realmente estamos frente a una catástrofe.
En derechos humanos, los derechos no deben retroceder, aunque el mundo de hoy te diga lo contrario. Al quitarle a la tierra su carácter de “inembargable”, se está produciendo un retroceso en la protección del derecho a la vivienda y a la tierra del campesino.
El cruceño será el primer y principal afectado. Mientras en La Paz existe la pequeña propiedad, son hectáreas muy reducidas (2 hectáreas), en comparación con Santa Cruz, donde la pequeña propiedad abarca 50 hectáreas. Además, la agroindustria tiene su principal bastión en tierras cruceñas y benianas; los primeros en desaparecer serán los campesinos cruceños, o al menos se volverán obreros en tierras empresariales y no podrán tener las propias. Claro, a no ser que tengan el capital para hacerlo, pero se volverán agroindustriales. Es el fin del pequeño productor que alimenta a Bolivia de verdad.
Propuesta seductora: el Thanatos al campesino
Muchos pequeños productores se verán tentados a cambiar su clasificación para acceder a créditos bancarios más altos (poniendo la tierra como garantía). En caso de una mala cosecha o crisis económica, el banco ejecutará el embargo. ¿Quién comprará esa tierra en el remate? Los grandes empresarios agronegociantes.
En La Pluma y la Espada ya escribimos varias veces sobre quiénes se benefician de esta crisis y ganan en dólares en el extranjero. Inclusive apuntamos sin miedo a que esta crisis es generada por estos sectores y su beneficio. La banca, el agronegocio y la minería aurífera son quienes se benefician de la crisis en Bolivia. Puedes leer el reportaje acá.
La norma fomenta la transformación del campesino en un obrero agrícola perteneciente a una gran corporación agroindustrial, rompiendo la estructura comunitaria y familiar que la Ley 1715 buscaba proteger originalmente.
Actualmente, a los agronegociantes como la familia Marinkovic, el clan Monasterio Nieme, dueños de UNITEL, el grupo Kuljis y Bertad de Lassus, les es difícil expandirse sobre tierras de pequeños propietarios porque estas no se pueden embargar ni consolidar fácilmente. Si las pequeñas propiedades se vuelven “Empresariales”, el mercado de tierras se liberaliza.
Un empresario podrá absorber tierras colindantes mediante la compra o a través de deudas impagas.
Sector bancario: Se beneficia al poder utilizar la tierra rural (antes protegida) como garantía real para préstamos de alto riesgo.
Concentración de tierra: Es una forma sutil de bordear la prohibición del latifundio. En lugar de una sola propiedad de 10.000 hectáreas, un agronegocio podría controlar 10 “empresas” de 1.000 hectáreas cada una, ahora que la ley les permite esta nueva clasificación.
Latifundio disfrazado y alta traición
Mediante fuentes a las que accedió La Pluma y la Espada se señalaron a exsenadores ligados a familias del agronegocio como artífices intelectuales de esta ley.
Sin embargo, por rigor no podemos señalarlos, pero tenemos todo el derecho de sospechar y demostrarlo.
Lo más triste es que esta ley fue presentada por Verónica Challco Tapia el 14 de septiembre de 2024, miembro de la difunta bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista. Inclusive defendieron esta ley con argumentos liberales a favor del agronegocio: “podrán acceder a créditos”, como refleja esta nota de ANF (ingrese).
No es de extrañarse, ya que la familia del expresidente Luis Arce ahora pertenece a la élite cruceña del agronegocio; no se deben olvidar los predios Adán y Eva de su hijo Rafael Arce Mosqueira.
Con el proyecto de ley que Autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, la Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial, se inicia una nueva era. No es mejor.
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