Desde el penal de San Pedro, el exministro Arturo Murillo, condenado en EEUU por ladrón, ahora se victimiza y busca desesperadamente que el presidente Rodrigo Paz lave su pasado criminal. En una carta cargada de cinismo, el exhombre fuerte del gobierno de Jeanine Áñez se presenta como un “perseguido político” e “injustamente detenido”, pidiendo al mandatario que ordene una “auditoría” a sus 28 procesos.
La misiva, que apela a un supuesto lazo de amistad, es un intento descarado de borrar de la memoria su condena por lavado de dinero y soborno, y de utilizar al nuevo gobierno para blanquear una gestión marcada por la corrupción y la violencia.
La carta del “perseguido”: Arturo Murillo ladrón
En su carta, firmada el 8 de marzo, Arturo Murillo construye una narrativa de víctima. Asegura que los 28 procesos en su contra son parte de una “tortura judicial” del MAS y que su detención preventiva de seis meses es una “imposición de pena anticipada”.
“Señor Presidente, soy claramente un perseguido político”, afirma, llegando al extremo de denunciar que, en su ausencia, “mis perros fueron tirados a la calle”.
Sin embargo, Murillo convenientemente olvida mencionar el pequeño detalle que lo trajo de vuelta a Bolivia: fue expulsado de EEUU tras cumplir parte de una sentencia de 70 meses de cárcel por los delitos de lavado de dinero y soborno.
En octubre de 2022, el propio Murillo se declaró culpable ante una corte estadounidense de haber recibido sobornos de una empresa para facilitar la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio que le costó al Estado boliviano 2,3 millones de dólares.
Apelando a la amistad para limpiar su imagen
Para lograr su objetivo, Murillo apela a la fibra íntima del presidente. “Sabiendo que usted es un hombre de familia, creyente y justo”, escribe, para luego recordarle que juntos hicieron sus “primeras armas en la política” como diputados entre 2006 y 2009.
Con esta maniobra busca crear una falsa equivalencia entre su situación y la de otros perseguidos políticos, pidiendo que el gobierno de Paz no se adhiera “ciegamente” a los procesos en su contra.
“Solo pido algo simple y justo: ordene una auditoría a todos mis procesos. Si tengo algo que pagar, lo haré con gusto”, afirma, como si su culpabilidad no hubiera sido ya probada y confesada en tribunales internacionales.
El cinismo de la fuga y la “ingenuidad” del retorno
En un alarde de cinismo, Murillo incluso intenta justificar su fuga de Bolivia en 2020, asegurando que descubrió un plan para “asesinarlo”. Afirma que abandonó el país sin ninguna acusación formal en su contra, omitiendo que ya era de conocimiento público la investigación por el escandaloso sobreprecio en la compra de gases.
Asegura que pidió “ingenuamente” su traslado a Bolivia desde EEUU, convencido de que un “cambio político” lo favorecería. Ahora, al ver que la justicia sigue su curso, recurre a la carta de la victimización, esperando que el gobierno de su “amigo” Rodrigo Paz le ofrezca el salvavidas que la justicia le ha negado.
Su abogado, Giovani Machicao, refuerza esta narrativa, argumentando que el exministro, por ser de la tercera edad, no debería estar en la cárcel y que su detención es “ilegal”.
La pregunta que queda en el aire es si el presidente Rodrigo Paz cederá a la presión de su antiguo compañero de curul o si dejará que la justicia actúe sobre uno de los personajes más oscuros y corruptos de la historia reciente de Bolivia.
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