El Gobierno ha legalizado el espionaje en sindicatos, empresas, ONG y partidos políticos bajo la excusa de la lucha contra el lavado de dinero, con la aprobación en Diputados de una polémica ley que permite el uso de “agentes encubiertos”. La norma, calificada como una versión “por la puerta de atrás” de la fallida Ley 1386, es de constitucionalidad dudosa y abre posibilidades para la persecución política. Al permitir que la Policía infiltre “sapos” en cualquier organización bajo la simple sospecha de financiamiento del terrorismo, un delito que en Bolivia ha sido utilizado sistemáticamente para criminalizar la protesta social.
Agentes Encubiertos
El corazón de la controversia es el Proyecto de Ley PL-243/25, que modifica el Código de Procedimiento Penal para ampliar el uso de agentes encubiertos —una técnica de investigación hasta ahora reservada para el narcotráfico y la trata de personas— a dos delitos financieros:
- Legitimación de Ganancias Ilícitas (Lavado de Dinero)
- Financiamiento del Terrorismo
A primera vista, la medida parece un paso necesario para cumplir con las normas del GAFILAT y evitar que Bolivia entre en “listas grises”. Sin embargo, en el contexto boliviano, es un arma de doble filo extremadamente peligrosa. El gobierno legaliza espías en sindicatos y empresas para persecución.
La Trampa del “Terrorismo”: Vía Libre para Infiltrar Sindicatos y Comités Cívicos
La verdadera amenaza de la ley no está en la lucha contra el lavado de dinero, sino en su aplicación al delito de “financiamiento del terrorismo”.
En la historia reciente de Bolivia, el tipo penal de terrorismo ha sido la herramienta predilecta de los gobiernos de turno para judicializar la protesta social y perseguir a líderes opositores. Con esta nueva ley, el Gobierno tendrá la potestad legal de infiltrar policías encubiertos en:
- Sindicatos de trabajadores que organicen huelgas.
- Comités cívicos que planifiquen paros.
- Organizaciones campesinas e indígenas que realicen bloqueos.
- Partidos políticos de oposición.
Cualquiera de estas organizaciones podría ser investigada bajo la “sospecha” de que sus actividades de protesta están siendo financiadas para cometer “terrorismo”, legalizando un nivel de espionaje estatal. Esto atenta directamente contra el derecho a la privacidad, la libre asociación y la libertad de pensamiento, garantizados en los artículos 21 y 25 de la Constitución.
Gobierno legaliza espías en sindicatos y empresas: Un Cheque en Blanco para la Extorsión
La figura del agente encubierto, que opera con identidad falsa y se infiltra en organizaciones, exige una Policía incorruptible. En el contexto de una institución con múltiples denuncias de corrupción, esta ley abre una puerta gigantesca para la extorsión y el chantaje por parte de malos funcionarios.
Un policía infiltrado en un gremio o una cooperativa minera, sectores que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo. Esto podría usar su posición no para investigar, sino para extorsionar a los dirigentes a cambio de su silencio.
El Fantasma de la Ley 1386 y una Aprobación sin Debate
La aprobación de esta ley revive el fantasma de la Ley 1386 de 2021. Una norma similar que fue abrogada tras un masivo paro nacional liderado por gremiales y transportistas. Lo que no se pudo imponer de frente, ahora se intenta aprobar “por la puerta de atrás”, mediante una modificación al Código de Procedimiento Penal que ha pasado casi desapercibida.
La norma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y remitida al Senado para su revisión. Sin un debate público profundo y sin salvaguardas claras contra su uso político, Bolivia está a un paso de legalizar una herramienta de vigilancia y persecución propia de regímenes autoritarios.
English 
Spanish