Terratenientes brasileros están comprando grandes extensiones de tierra en el oriente boliviano para convertirlo en un masivo monocultivo de soya, en una nueva oleada de expansión agroindustrial que pone en alerta a organizaciones sociales y ambientalistas. Este avance, revelado en un reciente foro empresarial en São Paulo, es facilitado por una polémica ley de reconversión agraria (PL 157), aprobada sin consulta y que, según la Fundación TIERRA, abre las puertas a la mercantilización de la tierra y vulnera la Constitución Política del Estado.
Terratenientes brasileros compran tierras en el oriente boliviano los neuvos dueños
El Foro Empresarial Brasil-Bolivia, celebrado en São Paulo, fue el escenario donde se oficializó el interés de los grandes productores brasileños por expandir sus operaciones en Bolivia. Con la presencia de autoridades como Luis Fernando Camacho y ministros de Estado, y con la promesa de una “apertura absoluta” por parte del presidente Rodrigo Paz, los gigantes del agronegocio revelaron sus planes.
El caso más emblemático es el de Eraí Maggi Scheffer, conocido como el “rey de la soya” y uno de los mayores productores agrícolas del mundo. Según el portal especializado AgFeed, Maggi ya habría adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitanía de Santa Cruz y busca ampliar su dominio. A él se suma la familia Marchett, que ya opera 100.000 hectáreas y ahora tiene en marcha un proyecto de 60.000 hectáreas en el Beni, con campos experimentales de soya y caña de azúcar.
La Ley 157: la “llave legal” para el monocultivo
El vehículo legal que permite esta expansión es el recién sancionado Proyecto de Ley N.º 157 de reconversión de la propiedad agraria. Según el análisis de la Fundación TIERRA, esta norma, impulsada por las bancadas de Santa Cruz y Beni, es la “llave” que legaliza la reconcentración de tierras en favor del agronegocio.
La ley permite que las “pequeñas propiedades” se conviertan en “medianas propiedades” mediante un trámite exprés de 10 días y una simple declaración jurada. TIERRA advierte que esto beneficia principalmente a grandes productores que registraron sus predios como “pequeñas propiedades” para evadir controles. Ahora pueden legalizar su estatus, acceder a créditos hipotecando la tierra y expandir el monocultivo.
“Nos preocupa de sobremanera que un proyecto de ley que puede afectar directamente a comunidades indígena-campesinas se apruebe sin escuchar las voces de las organizaciones sociales que las representan”, manifestó Juan Pablo Chumacero, director de TIERRA.
Fundación TIERRA: una norma inconstitucional que favorece al agronegocio
Un pronunciamiento conjunto de 11 organizaciones, entre ellas la Fundación TIERRA y el CEJIS, califica la ley como “flagrantemente violatoria” de la Constitución. Advierten que vulnera artículos clave:
- Artículo 394 (Inembargabilidad): Al permitir que la tierra sea hipotecada, elimina la protección a la pequeña propiedad, arriesgando a que familias campesinas la pierdan frente a los bancos.
- Artículo 398 (Prohibición del latifundio): La norma facilita una reconcentración de tierras, figura expresamente prohibida por la Constitución.
- Artículo 401 (Función Económico-Social): La ley suspende por diez años la verificación de la Función Económico-Social (FES), el principal mecanismo para revertir tierras improductivas. Esto, en la práctica, da “impunidad para el acaparamiento”.
El análisis de TIERRA concluye que la norma no beneficia a los pequeños productores —cuyas tierras no son atractivas para el sistema financiero—, sino a un grupo reducido de agroindustriales, en su mayoría dedicados a la soya. Los terratenientes brasileros que compran tierras en el oriente boliviano son directaemnte beneficiados.
Rechazo indígena y social: una ley aprobada “a espaldas del pueblo”
La aprobación de la ley se realizó sin socialización y sin la consulta previa, libre e informada que exige la Constitución. Durante el debate parlamentario, se reprodujeron audios de líderes de la CIDOB y la COPNAG que denunciaban su total desconocimiento del proyecto.
“No puede ser que una vez más se estén trabajando leyes y normativas a espaldas del pueblo boliviano y de los pueblos indígenas”, cuestionó Lino Illimuni, presidente de la CIDOB. Las organizaciones advierten que esta ley es solo el “primer paso de un paquete agrario” diseñado para fragmentar territorios indígenas y comunitarios, sentenciando la destrucción de sus modos de vida en favor de la expansión del monocultivo de soya.
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