Choferes de La Paz paralizan el departamento por gasolina de mala calidad y exigen diálogo directo con el Presidente

Choferes de La Paz paralizan el departamento por gasolina de mala calidad y exigen diálogo directo con el Presidente

Los choferes de La Paz acatan este miércoles un paro movilizado departamental que ha paralizado por completo las ciudades de La Paz y El Alto, además de afectar a las provincias. La medida de presión, calificada como “contundente” por sus dirigentes, responde al incumplimiento del Gobierno en el pago de resarcimientos por los daños a vehículos causados por la gasolina de mala calidad y a la presunta persistencia del problema en el abastecimiento.

Ante la falta de soluciones, el sector ha roto el diálogo con el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB, exigiendo una reunión directa y exclusiva con el presidente Rodrigo Paz.

Las razones del paro: incumplimiento y desconfianza

La movilización, que ha instalado el denominado “bloqueo de las mil esquinas”, con más de 130 puntos de corte de vía solo en las dos principales ciudades, tiene su origen en la frustración acumulada del sector.

“Lamentablemente, este Gobierno no ha cumplido en nada los acuerdos alcanzados”, afirmó Reynaldo Luna, ejecutivo de la Federación de Choferes Andina de El Alto, resumiendo el sentir de las bases, que ya no aceptan más reuniones sin resultados.

Las principales demandas de los transportistas son:

  1. Resarcimiento efectivo: Critican la lentitud y burocracia en el pago de compensaciones por los daños mecánicos. Aunque YPFB activó un sistema de registro, los choferes aseguran que el proceso es ineficaz y que el 40% del transporte pesado continúa paralizado.
  2. Calidad del combustible: Advierten que el problema no se ha solucionado y que el “combustible basura” sigue distribuyéndose. “Ya no es solamente gasolina, ahora es diésel”, indicó Luna, ampliando la preocupación a otro carburante esencial.

Exigencia de diálogo al más alto nivel

La desconfianza en las autoridades sectoriales ha llegado a un punto de quiebre. Los dirigentes han declarado al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y al presidente de YPFB, Yussef Akly, como interlocutores “no válidos”.

“Hoy estamos así por irresponsabilidad de ellos (Medinaceli y Akly); no han cumplido”, sentenció el dirigente Santos Escalante.

Por ello, el sector exige la renuncia de ambas autoridades y ha condicionado cualquier negociación a una convocatoria directa del primer mandatario. “Si hoy no hay una respuesta favorable por parte del Gobierno, lo único que esperamos es la convocatoria del Presidente”, señaló el dirigente Limberth Tancara, advirtiendo que, de no ser escuchados, iniciarán un paro indefinido.

La versión de YPFB: pagos en marcha y llamado a la reflexión

Desde el Gobierno, la respuesta ha sido un llamado a la calma y la defensa de las acciones implementadas. El presidente de YPFB, Yussef Akly, se mostró “sorprendido” por la medida de presión y pidió a los choferes “reflexionar”.

Akly aseguró que el pago de compensaciones está en marcha, informando que ya se ha desembolsado un millón y medio de bolivianos y que se esperaba alcanzar los dos millones y medio. Además, garantizó que la calidad actual de la gasolina es óptima y que no existe ningún problema con el diésel.

Sin embargo, estas afirmaciones contrastan directamente con las denuncias de los transportistas, evidenciando una profunda fractura en la comunicación y la confianza.

Contexto de tensión social: la COB anuncia movilizaciones

El paro de los choferes no es un hecho aislado. Se enmarca en un clima de creciente tensión social, alimentado por otras demandas sectoriales. La Central Obrera Boliviana (COB) anunció su propio rechazo a las políticas gubernamentales y convocó a una movilización nacional para la próxima semana.

El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, confirmó que la protesta responde a la intención del Gobierno de “modernizar” la Ley General del Trabajo, una propuesta que el ente matriz considera un atentado contra los derechos laborales.

“Rechazamos de manera contundente la modificación de la Ley General del Trabajo porque este Gobierno responde a intereses empresariales”, sostuvo.

Esta movilización paralela refleja un descontento más amplio que podría complicar aún más el escenario para el Ejecutivo.

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