Tras el reciente escenario electoral, el gobierno del presidente Rodrigo Paz pisa el acelerador de una agenda que enciende las máximas alarmas en Bolivia. Lejos de las promesas de estabilidad, la etapa post-electoral revela un asalto sistemático a las áreas protegidas, la mercantilización del medio ambiente y un retroceso histórico en los derechos civiles e indígenas. Desde la entrega de enormes latifundios a magnates brasileños —violando flagrantemente la Constitución— hasta la militarización de reservas naturales y la creación de “leyes mordaza”, el país enfrenta una reconfiguración del poder que pone en jaque la soberanía y las libertades fundamentales.
Latifundios transnacionales: la violación al límite de las 5.000 hectáreas
Acorde a la Fundación Tierra el reciente Foro Empresarial Brasil-Bolivia, celebrado en São Paulo con la presencia del presidente Rodrigo Paz y su par Luiz Inácio Lula da Silva, desnudó la política agraria del oficialismo: una “apertura absoluta” al capital agroindustrial extranjero a costa del territorio boliviano y la propiedad indígena.
El escandaloso contraste entre la ley y la realidad expone la vulneración del Estado de derecho. La Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia prohíbe el latifundio y establece un límite máximo intransferible de 5.000 hectáreas por persona. Sin embargo, el gobierno de Paz hace la vista gorda ante el acaparamiento transnacional: la familia brasileña Marchett ya opera 100.000 hectáreas en el país y planea sumar 60.000 más en el Beni.
A este panorama se suma Eraí Maggi Scheffer, del Grupo Bom Futuro y uno de los mayores productores del mundo, quien adquirió recientemente entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitanía (Santa Cruz). Esta extranjerización de la tierra amenaza con desplazar a comunidades indígenas y fomentar una deforestación masiva, impulsada ahora por la promesa gubernamental de convertir a Bolivia en un centro de producción de soya y algodón sin restricciones.
“Colonialismo verde” y la destrucción de la Reserva de Tariquía
El despojo territorial viene disfrazado de supuestas soluciones climáticas. Expertos denuncian que el Gobierno impulsa el “colonialismo verde” mediante los proyectos de ley PL-282 y PL-286. Estas normas de “créditos de biodiversidad” y “canje de deuda por naturaleza” buscan mercantilizar el bosque boliviano (propiedad del pueblo según los artículos 348 y 349 de la CPE), vendiendo funciones ambientales a la banca internacional para aliviar la falta de dólares.
La trampa radica en la “adicionalidad”: las comunidades indígenas que han protegido los bosques por siglos no recibirán un centavo, mientras que se pagará a quienes amenacen con destruir la naturaleza para que no lo hagan. Es, en palabras de organizaciones sociales, un incentivo a la extorsión ambiental.
Simultáneamente, la protección ambiental es letra muerta en el sur del país. En la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, autoridades gubernamentales y personeros de YPFB y Petrobras huyeron cobardemente de una inspección judicial esta semana. El juez agroambiental y los comunarios descubrieron pruebas de trabajos de amojonamiento y apertura de sendas hacia el pozo Domo Oso X-3, demostrando que las petroleras violaron la pausa ecológica en una zona de altísima sensibilidad hídrica.
Retroceso en derechos civiles: censura digital y desprotección a las mujeres
El asedio del gobierno de Paz no se limita a la naturaleza; los derechos fundamentales conquistados por la sociedad civil están bajo fuego cruzado en la Asamblea Legislativa a través de dos polémicos proyectos:
1. El “Ministerio de la Verdad” y la Ley de Inteligencia Artificial (PL-288)
Bajo el pretexto de regular la Inteligencia Artificial (IA), el Ejecutivo pretende instaurar un instrumento de censura masiva. El PL-288 otorga a la AGETIC —agencia bajo control directo del poderoso ministro de la Presidencia, José Luis Lupo— la potestad de actuar como juez y parte. Esta entidad podrá catalogar qué información es “falsa”, sancionar a ciudadanos, cerrar plataformas y criminalizar opiniones bajo el ambiguo término de “generar zozobra”. La medida busca silenciar a la disidencia y el periodismo de investigación en la era post-electoral.
2. El “bozal legal” contra víctimas de violencia (PL-297/25)
En un país flagelado por el feminicidio, el machismo institucional gana terreno. El proyecto PL-297/25, respaldado por grupos conservadores, busca imponer penas de hasta 10 años de cárcel a las mujeres que denuncien violencia bajo la Ley 348 y no logren probar su acusación en juicio. Esta medida, calificada por juristas como inconstitucional, es considerada una herramienta de “extorsión legal” que podría ser utilizada por agresores para amedrentar a las víctimas, garantizando el silencio y la impunidad.
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