Una “ley antihombres” que en realidad pone en riesgo a las mujeres se debate en la Asamblea Legislativa. Un proyecto de ley que, bajo el pretexto de sancionar las “denuncias falsas”, propone una pena de hasta 10 años de cárcel para las víctimas de violencia que no logren probar su acusación, una medida calificada como inconstitucional, desproporcionada y una peligrosa herramienta de “extorsión legal” para silenciar a las mujeres y garantizar la impunidad de los agresores.
La trampa del “bozal legal”: 10 años de cárcel por denunciar El corazón del polémico proyecto de ley PL-297/25 es la creación del delito de “denuncia falsa y temeraria”, aplicable específicamente a casos de la Ley 348. La propuesta establece una pena de 3 a 10 años de prisión para quien no pueda sostener su denuncia en un juicio.
Esta medida es, según juristas, un “bozal legal” que genera un efecto aterrador:
- Amenaza de cárcel para la víctima: Una mujer en situación de dependencia económica que denuncie violencia psicológica o física se enfrentará a una encrucijada. Si su agresor, con más recursos para abogados, logra un sobreseimiento, él podrá iniciar una contrademanda y enviarla a la cárcel por una década.
- Efecto inhibitorio: La amenaza de 10 años de prisión, una pena mayor a la de muchos delitos de violencia real, desincentivará las denuncias. Miles de víctimas, por miedo a no poder probar el calvario que viven de puertas para adentro, preferirán callar antes que arriesgarse a terminar en la cárcel.
- Herramienta de “extorsión legal”: El proyecto entrega a los agresores una herramienta de “extorsión legal” perfecta para forzar a las víctimas a retirar sus denuncias bajo la amenaza de un proceso penal en su contra.
Una ley inconstitucional y un retroceso en derechos humanos El proyecto no solo es peligroso, sino también de constitucionalidad dudosa.
- Viola la “discriminación positiva”: Al “neutralizar” la Ley 348 para que sea igual para hombres y mujeres, ignora el artículo 15 de la Constitución, que ordena al Estado adoptar medidas específicas para sancionar la violencia de género.
- Pena desproporcionada: La pena de hasta 10 años es desproporcionada en comparación con el delito de “acusación y denuncia falsa” del Código Penal, que tiene una sanción de 1 a 3 años.
- Contraviene tratados internacionales: La propuesta ignora la Convención de Belém do Pará, que obliga a Bolivia a tener procedimientos legales específicos para proteger a las mujeres.
Los verdaderos beneficiarios: agresores y grupos conservadores La pregunta es inevitable: ¿a quién beneficia esta ley? La respuesta es clara:
- Hombres con procesos por la Ley 348: obtendrán una herramienta para amedrentar a sus víctimas y buscar la impunidad.
- Grupos de presión conservadores: el proyecto responde a la agenda de sectores que califican la Ley 348 como “antihombres” y buscan debilitar el enfoque de género en la legislación.
En un país con uno de los índices más altos de feminicidio de la región, este proyecto de ley no es una búsqueda de “igualdad”, sino un paso gigantesco hacia atrás, una norma que, de aprobarse, dejará a las víctimas en una situación de total indefensión, con el miedo a la cárcel como la mordaza definitiva.
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