“Bandas delincuenciales, armadas y ligadas al narcotráfico controlan territorios” dentro de las áreas protegidas de Bolivia. Esa fue la advertencia de la nueva directora ejecutiva del Sernap, Cecilia Miranda, quien denunció el profundo deterioro institucional y el abandono en el que —según afirmó— se encuentran varios parques nacionales, entre ellos el Noel Kempff Mercado.
En una entrevista con el programa Ecos de Región, la autoridad señaló que recibió una institución “quebrada”, con una “institucionalidad perdida”, “credibilidad por los suelos” y presuntas redes internas de corrupción que habrían debilitado la gestión y el control en estos espacios naturales.
La realidad de las áreas protegidas de Bolivia: institución desmoronada y conflictos internos
A poco más de un mes de asumir el cargo, Miranda describió un panorama crítico dentro del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
Entre los principales problemas mencionados, detalló:
- Presuntas irregularidades y procesos internos: Afirmó que ha iniciado procesos contra funcionarios por posibles irregularidades en planes de manejo y denunció la existencia de redes vinculadas a ilícitos y extorsiones.
- Conflictos institucionales: Señaló que enfrenta resistencia interna, incluyendo ocultamiento de información, fallas en sistemas y filtraciones que —según indicó— buscan afectar la nueva gestión.
- Limitaciones presupuestarias: Indicó que el presupuesto anual, cercano a 80 millones de bolivianos para 24 áreas protegidas, resulta insuficiente. Describió las condiciones de trabajo de los guardaparques como precarias, con carencias de equipamiento y combustible para patrullajes.
El caso Noel Kempff Mercado y el debate sobre los bonos de carbono
Miranda hizo especial referencia al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, donde —según afirmó— existen serios problemas vinculados al narcotráfico y a la pérdida de control territorial.
La directora atribuyó parte del deterioro a decisiones políticas anteriores relacionadas con el rechazo a mecanismos de financiamiento ambiental, como los bonos de carbono.
Explicó que en 1986 se inició en el parque un proyecto pionero vinculado a estos mecanismos, pero que posteriormente se dejaron de percibir esos recursos. A su juicio, la reducción del financiamiento afectó la gestión y el control del área protegida. Asimismo, anunció que se están retomando iniciativas de acción climática en coordinación con la Fundación Amigos de la Naturaleza para fortalecer la conservación.
Denuncias sobre control territorial y crimen organizado
Miranda también alertó sobre la presencia de redes delictivas en distintas áreas protegidas del país.
“Las redes delincuenciales son grupos que controlan espacios dentro de las áreas protegidas, armados, donde ni los guardaparques ni el Estado tienen control”, afirmó.
Indicó que en parques como el Carrasco, afectados por cultivos de coca excedentaria y otras actividades ilegales, se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, ya que los guardaparques son personal civil y no cuentan con armamento.
Según sostuvo, durante años estos territorios habrían quedado desatendidos, lo que permitió la expansión de actividades ilícitas. La directora concluyó que el desafío actual es recuperar la presencia estatal y restablecer la institucionalidad en los parques nacionales, tras lo que calificó como décadas de debilitamiento institucional.
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